Jordi Pujol y la cúpula de Convergència dan el último adiós a Daniel Osácar, el extesorero condenado por la financiación ilegal del partido

Daniel Osácar, extesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), ha muerto este lunes 18 de marzo a los 88 años, según ha revelado en la emisora Rac1 el que fue su abogado, Javier Melero, y ha confirmado este diario. Osácar pasó los últimos años de su vida inmerso en causas judiciales por la financiación irregular de la extinta CDC: fue condenado a tres años y medio de cárcel por las comisiones ilegales al partido en el caso Palau y estaba siendo investigado, por el mismo motivo, en el caso 3%, que lleva ya 10 años abierto en la Audiencia Nacional y está a la espera de juicio.

Osácar, que llevaba años arrastrando problemas de salud, ha sido enterrado este miércoles en el tanatorio de Sant Gervasi de Barcelona. A la ceremonia han acudido algunos de los máximos dirigentes de la extinta CDC, incluido el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y su hijo Oriol Pujol, o el exdiputado y econsejero Pere Macias. Hombre religioso, fiel devoto también del proyecto político de Convergència, Osácar ejerció (sin cobrar) como tesorero de la formación nacionalista desde 2005. Heredó un sistema de financiación irregular que él mismo perpetuó hasta que, en 2010, un año después de que los Mossos d’Esquadra registraran el Palau de la Música, abandonó el cargo para dedicarse a su defensa y a su familia.

Fue uno de los condenados en el caso Palau, que por primera vez demostró la financiación ilegal del partido de Jordi Pujol y de Artur Mas, quien durante la instrucción del proceso penal dijo en reiteradas ocasiones que ponía “la mano en el fuego” por la honradez de Osácar. Según consideró probado la sentencia, Convergència recibió 6,6 millones de euros de la constructora Ferrovial, a través del Palau dirigido por Fèlix Millet, a cambio de la adjudicación de obra pública durante el último Gobierno de Pujol.

No consta que Osácar se metiera un euro en el bolsillo, una realidad que coincide con lo que describen sus allegados: un hombre sin ambiciones personales, patriota, fiel al partido. El extesorero, de hecho, mantuvo un silencio sepulcral sobre las finanzas de Convergència, convencido de que el partido ayudaría a los suyos llegado el momento. Permaneció en libertad hasta que, en 2020, el Tribunal Supremo dictó la sentencia definitiva del caso Palau: tres años y medio de cárcel y el pago de una multa de 3,7 millones de euros. En junio de ese año, en plena pandemia, Osácar, ya mermadas sus fuerzas, tuvo que ingresar en prisión y constató que nadie iba a ayudarle.

Ante la perspectiva de una nueva condena (penal y económica) en el caso 3%, Osácar decidió colaborar. Es uno de los más de 30 investigados en la Audiencia Nacional por el pago de mordidas de empresas constructoras a CDC. Una pieza separada de ese caso indagó si excargos del partido blanqueaban pagos ilegales de empresas con falsas donaciones. El extesorero rompió su silencio y su lealtad al partido diciendo que sí, que eso había ocurrido.

Después de 75 días en prisión, la Generalitat le concedió el tercer grado penitenciario, por lo que pudo seguir cumpliendo la pena en un piso tutelado. La Fiscalía, que suele oponerse a esa clase de medidas, aceptó su salida dada su avanzada edad y su estado de salud, cada vez más deteriorado. Valoró, además, el “arrepentimiento” que había mostrado en prisión tras la condena del caso Palau.

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