Autos lapidarios

El desahucio de Blanca de su piso de la calle Boters de Barcelona por una deuda de 88 euros (por obras) suscitó una ola de indignación ciudadana. Nadie entendía cómo esa ridícula cantidad podía acabar con más de medio siglo de pagos puntuales del alquiler de renta antigua de esa mujer de 78 años. Entre el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda hay autos judiciales que apuestan por el artículo 33 de la Constitución en vez de por el 47, que defiende el acceso a una vivienda digna y adecuada. El recto proceder quiere que, en la práctica, el fallo se tuerza en favor del más fuerte. El Tribunal Supremo —con honorables votos particulares— tiene un máster en este asunto, pues discrepa abiertamente del Tribunal de Justicia de Unión Europea (TJUE) cuando se trata de exigir que la banca pague devoluciones a los ciudadanos por las abusivas hipotecas con IRPH.

Blanca cobraba una pensión no contributiva de 437 euros, si bien en 2010 recibió una herencia por media vivienda de casi 80.000 euros y ello fue suficiente para que la jueza determinara que tenía recursos y alternativa habitacional. Si esos 80.000 euros se hubieran prorrateado por 13 años, Blanca hubiese podido malgastar 949 euros al mes. Si Blanca empleó parte o todo ese dinero para pagar un local para su hijo enfermo en l’Hospitalet —con el que los servicios sociales de Barcelona le desaconsejaron ir a vivir— es un asunto que no viene al caso. La jueza consideró que no había documentación alguna que acreditase la vulnerabilidad de la anciana (al margen de la valoración en este sentido de los servicios sociales municipales) y que, por tanto, y dado que la demandante era una particular y no un gran tenedor, procedía el desahucio.

Casi al mismo tiempo, en Badalona, A. A., divorciada con dos menores a su cargo, fue también desahuciada. La jueza M. G. consideró que con un mínimo vital de 648 euros más los 400 que recibía por pensión alimenticia por los dos hijos a su cargo estaba en una situación de vulneración económica “pero no en situación de precaria y extrema necesidad justificativa” como para suspender el lanzamiento del piso en el que permanece desde 2014 porque “ha tenido sobradamente tiempo para buscar alternativas”.

La misma jueza de Badalona falló unos días más tarde en favor del lanzamiento de Y. R. y su familia, pues, a pesar del informe de vulnerabilidad emitido por los servicios sociales, su situación no era “de extrema necesidad”. La pareja y el hijo de siete años viven del salario de 1.200 euros que cobra la esposa de Y., a quien le acaban de conceder el Número de Identificación de Extranjero (NIE) pero necesita de una oferta de trabajo que no llega para regularizar su situación. El demandante en el caso de Y. R. es Coral Homes que, según su propia página web, cuenta “con más de 70.000 viviendas en todo el territorio”.

Los casos de Blanca, Y. R. y A. A. ponen de manifiesto cómo algunos jueces (o juezas, en este caso) desconfían de los preceptivos informes de vulnerabilidad de los servicios sociales municipales o hacen primar, en los autos citados, el derecho a la propiedad sobre el derecho a la vivienda.

Lo paradójico del caso es que la jueza de los dos casos de Badalona apareció en TikTtok durante la huelga del personal de justicia del año pasado defendiendo condiciones de trabajo dignas. Y tenía razón. Se quejaba de los 0,38 euros a la hora (sueldo aparte) que cobran cuando están de guardia. Los jueces cuentan con un salario medio de 52.000 euros brutos anuales al inicio de su carrera, aunque ciertamente los de poblaciones pequeñas ven mermada esa cifra. Por eso resulta chocante que haya autos lapidarios que vean falta de virtud de ahorro y no heroicidad en que tres personas puedan vivir con 1.048 o 1.200 euros al mes.

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