Junts tensiona al Govern de Aragonès con las contrapartidas arrancadas al PSOE

Llevarse una medalla tras una negociación no siempre quiere decir asumir la responsabilidad que se deriva de ella. Este es el caso de la delegación de las competencias de inmigración que Junts per Catalunya le ha arrancado al PSOE en el agónico trato con que se intentó salvar los tres primeros reales decretos de esta legislatura. Los de Carles Puigdemont se han apuntado un tanto que, por un lado, refuerza su relato de buenos negociadores y árbitros de la legislatura, pero sabiendo que quien tendrá que buscar el encaje ejecutivo y de gestión de ese traspaso no son ellos, en la oposición, sino sus rivales de Esquerra Republicana y que ahora ostenta el Govern en solitario. El Ejecutivo que lidera Pere Aragonès también tendría que enfrentarse a hacer el cálculo oficial de las balanzas fiscales con la información que publique el Gobierno -otro de los acuerdos- o hasta que su política de fomento empresarial choque con un eventual mecanismo para revertir la huida de empresas derivada del procés.

El Govern ha optado por poner en valor que se consiga más autogobierno para Cataluña mediante la vía de la negociación. “Hacemos y haremos todo el trabajo y pondremos todos los recursos en esa dirección”, explican desde el Palau. Eso sí, siendo prudentes ante los titulares y remarcando que espera conocer bien la letra pequeña del acuerdo sobre inmigración alcanzado en el Congreso antes de entrar en una valoración a fondo.

Los detalles que Junts da en la nota donde comunicó el pacto son bastante genéricos y están impregnados de cierta épica que deliberadamente da empaque a la trascendencia de la contrapartida. El documento habla de “delegación” -es decir, no hay cambio de titularidad de la competencia- pero los líderes de Junts usan a veces “traspaso” -si lo implica-. El cambio se hará mediante una “ley orgánica” específica sobre Cataluña y recogerá “una política propia, adecuada a las necesidades y realidad de nuestro país”. Este jueves, en una entrevista a RAC-1, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Noguera, no ha ofrecido más detalles de a letra pequeña de ese acuerdo pero ha dejado caer que los Mossos d’Esquadra “pueden asumir” más funciones, sin precisar cuáles, y explicitando que aspira a que el conocimiento del catalán también pueda tener un encaje en ese modelo.

Un conseller del Govern acepta que la noticia ha cogido por sorpresa al núcleo duro del Ejecutivo, justo el mismo día en que la consejera de Territorio, Ester Capella, y el ministro de Transportes, Óscar Puentes, se reunían por primera vez para comenzar con la implementación de un traspaso de calado, el de las Cercanías catalanas. Esa voz del Consell Executiu, que comparte la expectación sobre la letra pequeña, también recuerda que desde hace días Junts maniobra para tomar posiciones en el debate sobre la inmigración. La propia Miriam Nogueras, la portavoz en el Congreso, había abogado por que se le dieran las competencias en ese ramo durante el debate de investidura de noviembre pasado y, un mes después, la también diputada Anna Madrenas insistió en la idea a raíz de la polémica por el reparto de los inmigrantes llegados a Canarias.

“Con qué criterios el Gobierno decide la distribución territorial de las personas migrantes? La opacidad del Estado español es mayúscula. Su reparto no tiene ninguna lógica, ni por población, ni por Producto Interior Bruto, ni capacidad de acogida”, le preguntó Madrenas en una interpelación al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska a raíz de la crisis humanitaria en Canarias. En los 11 primeros meses del año pasado llegó al archipiélago un total de 35.410 personas, unos 5.000 de ellos menores. En las grandes cifras, el porcentaje de población inmigrante en Cataluña es efectivamente tres puntos porcentuales más alto que la media de España (16% versus 13%, según cifras de 2022).

La gestión de los flujos internos preocupa a la Generalitat pero, efectivamente, sin saber los términos y las condiciones del traspaso será difícil conocer el impacto de la gestión que podría tener en la gestión del Ejecutivo y que recaería en el departamento más nuevo y menos dotado económicamente de toda la estructura: el de Igualdad y Feminismos que pilota Tània Verge. Dentro del Estatut, figura que la Generalitat tiene competencias en la primera acogida, “el establecimiento por ley de un marco de referencia para la acogida e integración de las personas inmigradas” y las autorizaciones iniciales de trabajo, pero siempre en coordinación con el Estado, quien tiene la última palabra en materia de entrada y residencia de extranjeros.

Pero fuentes de Esquerra ven otra operación más grande en el movimiento de Junts, que califican de “escenografía”. En estos días de negociación, recuerdan esas voces, no había hecho una especial bandera del tema y centró sus exigencias al Gobierno en la retirada del artículo que considera condicionaba la aplicación de la amnistía —que consiguió, también— o en el mecanismo para hacer volver las sedes sociales de las empresas huidas por el procés. Pero en Junts preocupa que en el ciclo electoral por venir Aliança Catalana, el partido independentista e islamófobo que gobierna en Ripoll, logre seducir a parte de ese votante que le ha dejado en las últimas contiendas en las urnas y ahí inscriben la decisión de poner el acento.

La dirección de Junts per Catalunya, en diciembre pasado, dio apoyo a los alcaldes del Maresme que han pedido expulsar a los migrantes reincidentes y que incluso llegaron a celebrar un acto público para hacer más notoria su petición. El propio Jordi Turull, número dos del partido, consideró que los planteamientos del alcalde de Calella Marc Buch, vinculando inmigración y delincuencia respondían a la desesperación. “Lo habría hecho cualquier alcalde que tenga en su municipio a 11 personas que han sido 200 veces detenidas y que no paran [de delinquir]”, dijo en una entrevista a RAC-1.

El partido que fundó Carles Puigdemont ha enviado varios mensajes con su maniobra en la primera votación clave de la legislatura. Un cambio de ese calado, que tardará incluso años, da la idea de que no quiere una legislatura corta. Refuerza la idea de que no da sus votos gratis y alerta a Sánchez de que tendrá que ser más cuidadoso en las negociaciones para no pasar más sustos. Logra abonar la idea de que es más exigente que una ERC que, insiste, da sus votos gratis. A veces la hemeroteca y el destino son crueles: el 21 de enero se cumplen 18 años del pacto sobre el Estatut, a espaldas del Gobierno tripartito de PSC, Esquerra e Iniciativa, entre Artur Mas y el expresidente José Luis Rodriguez Zapatero. La distancia entre ambos temas es inmensa, pero el mensaje es el mismo: el gen convergente de Junts incluye la propensión a que desde la oposición se puede apretar y mucho al rival e imponerle en la agenda temas inesperados y espinosos. Todo un regalo, más si se le quiere desbancar del Govern.

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