El arduo cerco al supuesto ‘capo’ de una estafa mundial

Un pequeño juzgado en La Seu d’Urgell (Lleida) libra una pelea propia de David contra Goliat. Desde los despachos en la recóndita Cataluña pirenaica, una fiscal, un juez y un equipo de mossos y guardias civiles batallan desde hace casi seis años para descabezar el que consideran que es un entramado mundial, con una hidra de mil cabezas y más de 500 dominios webs, dedicado a estafar a miles de personas con falsas inversiones financieras. Su último objetivo: lograr la extradición de Amant Josifi, de 35 años, un conocido empresario albanés, exasesor del Ministerio de Defensa, residente hora en Dubái.

El juzgado le busca desde noviembre del año pasado, cuando irrumpieron en Albania, en una operación europea, y registraron la decena de call centers propiedad de Josifi desde donde supuestamente falsos brokers se dedicaban a estafar a ciudadanos de todo el mundo. Del empresario, no hallaron rastro y desde entonces consta formalmente como fugado de la justicia. Los investigadores le acusan de desempeñar “un rol directivo en una organización criminal internacional que, con uso de ingeniería social, se lucra de la comisión sistemática de estafas altamente sofisticadas”, según recoge el auto de extradición, dictado en septiembre.

Josifi goza de relevancia política y social en su país, que vivió como un terremoto la operación hace un año para arrestarle. Así como su posterior detención formal el 4 de septiembre en Dubái, de la que quedó en libertad, a la espera de la solicitud de extradición a España. El titular del juzgado de instrucción número 2 de La Seu d’Urgell lo hizo el pasado 15 de septiembre, en un auto recurrido por la defensa del empresario. La investigación que salpica a Josifi es una de las de mayor calado llevadas a cabo en España y en Europa, con otros países implicados, como Alemania, Finlandia o Suecia. La policía calcula que hay más de 235.000 víctimas, de una organización que gana 400 euros al minuto y 50 millones trimestrales, y que cambia de nombres, dominios y países cada vez que intentan atajarla. Solo en España, han detectado unas 17.000 víctimas potenciales. En la causa de La Seu d’Urgell constan 47 identificadas, en una estafa de más de 3,3 millones, y otras 500 denuncias por todo el territorio compatible con la red, por seis millones.

En ese entramado, los investigadores sostienen que Josifi tiene un papel principal y por eso el juez pide la extradición a España. El empresario, en cambio, alega que solo alquilaba los call centers y se desvincula de cualquier actividad criminal. Su defensa, en manos del abogado Gonzalo Boye, insiste en que Josifi está personado en la causa y a disposición del juzgado, al que se ha ofrecido en diversas ocasiones para declarar por videoconferencia. Argumenta que la extradición no cumple con el principio de “proporcionalidad”, a no ser que el objetivo “sea única y exclusivamente encarcelar al Sr. Josifi”. Por lo que, extraditarle sería una medida “desproporcionada, innecesaria e inadecuada, abiertamente contraria al ordenamiento de la Unión la emisión de la demanda de extradición”. El juzgado insiste en que existe un elevado riesgo de fuga y reiteración delictiva, en una batalla en la que ahora la Audiencia de Lleida tiene la penúltima palabra.

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