Carles Campuzano: “En residencias deberá haber más colaboración con el sector privado, pero con reglas”

La pandemia supuso un antes y un después en las residencias de ancianos catalanas, y todo el sector se conjuró para repensar el modelo. El consejero de Derechos Sociales, Carles Campuzano (Barcelona, 59 años) llegó hace más de un año al Govern y tiene el reto de aterrizar esta transformación. Pero recuerda que los servicios sociales son la pata más corta del Estado de Bienestar.

Pregunta: En la crisis de la covid en las residencias, todo el sector pidió una reflexión sobre el modelo. ¿Qué ha cambiado en tres años?

Respuesta: Bastantes cosas. La primera es que los usuarios son cada vez más dependientes, y esto refuerza la necesidad del objetivo que presentamos esta semana con el Departamento de Salud: que a finales del año que viene toda la asistencia sanitaria en las residencias la asuman los centros de atención primaria (CAP). El segundo elemento es que ha aumentado la financiación del Govern, y hemos llegado a un acuerdo histórico con patronales y sindicatos para avanzar hacia la equiparación salarial con los profesionales de Salud.

P: Pero queda mucho para la equiparación, la diferencia es de al menos 400 euros.

R: Queda bastante, y afecta a todos los trabajadores de los servicios sociales. Pero patronales, sindicatos y Generalitat tenemos ya un diagnóstico común y hay posibilidades de avanzar.

P: ¿Qué retos hay?

R: Tenemos una lista de espera importante, y tenemos la necesidad de hacer inversiones en infraestructuras, modernizar las que existen y construir nuevas. Con los fondos Next Generation la Generalitat construirá tres nuevos centros y financiará 13 centros construidos por Ayuntamientos. Y algunas ya responderán al modelo al que tenemos que tender: unidades de convivencia, pisos de apoyo... Pero hay un problema fundamental, que es la financiación: España invierte el 0,7% del PIB en la atención a la dependencia, mientras que la media de la Unión Europea está en el 1,7% y Francia y Alemania, sobre un 2,3%. Es imposible abordar estos retos, además con una Ley de Dependencia obsoleta y sin ningún impuesto finalista para financiar esta ley.

P: ¿Por qué no entró esta cuestión en el acuerdo de investidura?

R: En materia de déficit fiscal, que es donde tenemos que enmarcar este problema, se ha decidido por ahora abordar los ámbitos que son competencia exclusiva de la Generalitat: Mossos, el despliegue de la planta judicial y la investigación. El problema de la dependencia es del conjunto del sistema. Pero ya he mandado una carta al ministro [de Derechos Sociales, Pablo] Bustinduy: es prioritario en esta legislatura abordar la financiación y la revisión de la Ley de Dependencia, que está obsoleta: en los próximos años quizá no tendremos que hacer muchas residencias sino ver cómo puede vivir la gente en su casa con asistencia.

P: Los sindicatos denuncian que las ratios en los centros no han mejorado y que no hay enfermeras.

R: La ratio mejorará con los CAP asumiendo la atención primaria, porque pese a ello mantendremos la financiación. Pero hemos tomado otra decisión importante, que es incorporar Derechos Sociales a la agencia de calidad del sistema de salud Aquas. Queremos hacer un seguimiento sobre la calidad, y a veces no son mejores ratios lo que garantiza la calidad. Sobre las enfermeras, si no somos capaces de incrementar salarios, es muy difícil que los profesionales se quieran quedar en el sector social. Es un gran reto que nos lleva de nuevo a la discusión sobre la financiación.

La planificación de la oferta de plazas no ha tenido una lógica calibrada

P: Dice que el nuevo modelo tiene que basarse en centros más pequeños, pisos... pero la realidad es que incrementan las grandes residencias de grupos muchas veces respaldados por fondos de inversión. ¿Cuál es la estrategia?

R: De entrada tenemos que planificar. Uno de los problemas de los últimos años es que se ha planificado según la necesidad de plazas, no de infraestructuras. A finales de año tendremos lista una planificación de aquí a 2041, esto nos permitirá tomar decisiones, porque hoy el mapa de la oferta no tiene una lógica muy calibrada. Será evidente que tiene que haber más inversión pública, pero también más colaboración público-privada. Pero en esto hay reglas, y ya se ha pasado de la contratación a modelos de concertación, con lo que ya no gana la oferta más barata. También preparamos una ley que aumentará el control, y lógicamente no habrá subvenciones, sino que las 17.000 plazas que están en el modelo de colaboración tendrán que acreditarse con nuevos requisitos en los próximos dos años. Y apostamos claramente por favorecer a las iniciativas sin ánimo de lucro. Pero para todo ello necesitaremos más financiación.

P: ¿Qué financiación ha aportado para Cataluña el acuerdo de acreditación al que se llegó con el Gobierno?

R: Cacahuetes. Son 27 millones de euros para un presupuesto de más de 1.700 millones de dependencia en Cataluña. Lo fácil es hacer acuerdos, regular, lo difícil es poner recursos.

P: ¿Qué espera del grupo de trabajo del Parlament sobre el impacto de la covid en las residencias? ¿Tendría que haber sido una comisión de investigación abierta?

R: No habría habido ninguna diferencia, y creo que las conclusiones que se están preparando van en la línea de lo que el Govern está haciendo, singularmente la atención integrada con Salud.

P: Usted dijo que se tendría que hacer un reconocimiento a las víctimas. ¿Cómo y cuándo se hará?

R: Lo tenemos pendiente, también tenemos que hacer un reconocimiento a los trabajadores, a los que todos salimos a aplaudir pero olvidamos. Para ellos también fue muy duro.

P: ¿En qué consistirá, pues?

R: Lo tengo pendiente, es un deber que tengo.

P: ¿Cómo se pueden mejorar las inspecciones en las residencias?

R: Tenemos unas mil residencias en Cataluña, y puntualmente pueden aparecer situaciones que no nos gustan. Tiene que haber más transparencia en las inspecciones y coordinación entre departamentos, y seguramente incrementar el número de inspectores en Barcelona y Girona. Esto dará más tranquilidad a todos.

P: El acuerdo de investidura incluye el traspaso del Ingreso Mínimo Vital (IMV). ¿Cuándo y cómo se hará efectivo?

R: Estamos pendientes de presentar conjuntamente en el Congreso una iniciativa legislativa para modificar la ley del IMV, y a la vez firmar un convenio que permita la gestión integral del IMV para que a lo largo de 2024 la Generalitat empiece a ejercer sus competencias. Esto nos permitirá gestionar el IMV, extendiendo al máximo sus complementos de infancia, junto con la Renta Garantizada, y mejorar la capacidad de cobertura. El Estado finalmente aceptó que el reconocimiento de la prestación correspondiese a la Generalitat, y aceptó transferir medios. Como no se trata de un traspaso sino de un convenio de gestión, que es lo mismo que tienen en el País Vasco, era técnicamente complicado y optamos por transferencia de dinero para contratar nosotros al personal.

La gestión del IMV hará aumentar los beneficiarios y mejoraremos la cobertura de la Renta Garantizada

P: La Renta Garantizada es subsidiaria del IMV. ¿Cuánto se ahorra la Generalitat?

R: No hay que hablar de ahorro, porque la Renta Garantizada es un derecho subjetivo, con lo que siempre gastamos más de lo presupuestado. Ahora mismo la cobertura del IMV es muy baja, pero cuando lo gestionemos aumentarán los beneficiarios, y entonces bajará el gasto de Renta Garantizada. Con esto lo que haremos es mejorar su cobertura en varias direcciones: con unidades familiares más numerosas y con la compatibilidad con ayudas a la vivienda y con rentas del trabajo.

P: El acuerdo entre PSOE y PNV prevé la transferencia de la gestión de la Seguridad Social. ¿Cómo afectará a Cataluña?

R: Nuestro estatuto y el del País Vasco plantean que la gestión sea de las comunidades autónomas. Por lo tanto, no hay justificación vinculada al carácter foral que explique una gestión diferenciada. Estaremos muy atentos a lo que se concrete. Recordemos que la cuantía de las prestaciones y la cotización dependen de normas estatales. Así que si lo que preocupa de un modelo descentralizado es cómo afecta a la igualdad entre los ciudadanos, no habría afectación, porque la norma es estatal.

P: ¿Qué le hace pensar que la mesa de negociación con el Gobierno funcionará?

R: El diálogo y la negociación permitió liberar los presos políticos, suprimir el delito de sedición e hizo que el Gobierno aceptase que el conflicto era político y necesitaba soluciones políticas. La mesa de diálogo dio de sí, y ahora el acuerdo de investidura aborda déficits en competencias de la Generalitat. El PSOE sabe que si esta estrategia no da resultados, la legislatura será muy complicada, y por eso tiene que haber confianza mutua. Y el PP de Feijóo, cuando intentaba pactar con Junts, ya aceptaba la naturaleza política del conflicto. Feijóo sabe que la amnistía era necesaria, entre otras cosas para que el PP pueda pactar algún día con Junts.

P: ¿Se cree el viraje de Junts hacia el diálogo? ¿A qué lo atribuye, usted que viene del PDeCAT?

R: Entienden que cuando hay la oportunidad de hacer política se tiene que hacer política. Esto lo precipita el hecho de que sus siete votos sean imprescindibles, y Junts ha hecho bien en ponerse al servicio de intentar cambiar las cosas. Cuando te instalas en la retórica no cambias las cosas. Bienvenidos a volver a hacer política.

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