Los casos de discriminación por salud se triplican en Barcelona, según denuncia el Ayuntamiento

“Con todos esos años sin trabajar, ¿no habrás tenido una depresión?”. Toni (nombre ficticio) recuerda perfectamente aquellas palabras de la reclutadora que lo entrevistó, cuando tenía 32 años. También la mirada y el tono en que lo hizo. Fue poco antes de que efectivamente le diagnosticaran depresión y un trastorno de esquizofrenia paranoide. Venía de una mala racha donde perdió en un año su trabajo y a sus padres. Así comenzó un “círculo vicioso” donde una cadena de empleos precarios le reforzó el síndrome de ansiedad que le ha perseguido hasta sus 63 años. “Pensé que no me iban a contratar nunca. Solo con la sospecha de que tienes un trastorno, empiezas a sentirse marginado de la sociedad”. Él es uno de los cientos de atendidos durante el último año por la Oficina de No Discriminación (OND) del Ayuntamiento de Barcelona, que ha presentado su quinto informe este miércoles. El documento alerta de que se han triplicado los casos de trato denigrante por salud, especialmente por trastornos mentales y VIH.

La discriminación por salud ha sido el tercer caso más común atendido por esta entidad en 2021 (120 personas). La oficina resalta las “prácticas coercitivas” como los ingresos forzosos en hospitales, la coerción verbal o la denegación de una contratación de seguros. El racismo y la xenofobia siguen liderando la lista (185), seguidos de la LGTBfobia (129), la lingüística (90) y la aporofobia (82), entre otros. Con un total de 631 casos, esta oficina ha registrado un 20% más de denuncias por discriminación en la capital catalana respecto a 2021.

Respecto a la LGTBfobia, que disminuye ligeramente, destaca el grado de violencia “elevado” ya que un 30% de las denuncias incluyeron agresiones físicas, la mayoría de ellas en el espacio público. El informe de 2022 también ha incluido un monográfico sobre el acceso a la justicia, “uno de los desafíos principales que afrontan las víctimas cuando inician una denuncia”. Entre los obstáculos que afrontan, destacan el estigma social, la exposición pública, la sensación de culpa y la falta de una comunicación accesible.

Nuria Aguado acudió a la OND por este último motivo. Tuvo que aplazar varias vistas de un juicio por divorcio por falta de accesibilidad. Una cofosis a los cuatro años le provocó la pérdida de audibilidad en un oído, mientras que en el otro conserva apenas el 20%. Es el perfil de persona sorda que no utiliza lengua de signos porque puede comunicarse oralmente leyendo los labios. No se había sentido tan “impotente” desde que irrumpieron las mascarillas en 2020 y no pudo hacer tareas habituales como la compra o la recarga de las pilas de su audífono.

Ese gesto de bajarse momentáneamente la mascarilla para que los dependientes se comunicaran con ella tampoco lo hizo la abogada de Martí & Associats que gestionó su caso. Experimentó “un estrés mental brutal” donde se jugaba su vivienda mientras que la letrada no solicitó las medidas de accesibilidad previstas en una ley de 2007 para personas como ella, como la disponibilidad para leer los labios, una transcripción instantánea o un bucle magnético para conectar su audífono. “La abogada me dijo que hiciera un sobreesfuerzo. Me sentí indefensa. Hasta entonces no me había sentido discriminada por la sociedad”. Tuvo que cambiar de letrada mientras que su juicio sigue en desarrollo.

Las empresas y particulares son los principales agentes que han producido las diversas discriminaciones, casi empatados con un 33%, seguidos de la Administración Pública (26%) y los cuerpos de seguridad (8%). Dentro del colectivo de las empresas privadas, un 11% de las discriminaciones las cometieron agentes de seguridad.

La Generalitat impulsa un protocolo para los vigilantes privados

El Departamento de Interior de la Generalitat anunció en julio la implantación de un nuevo protocolo de odio y discriminación para los vigilantes de seguridad privada. El consejero Joan Ignasi Elena señaló que los delitos de este tipo han aumentado un 26% respecto a 2021, aunque no concretó cuántas denuncias se interpusieron contra empleados de este sector. El Govern persigue así sensibilizar a los 16.000 vigilantes privados en la comunidad a través de cursos voluntarios y gratuitos impartidos por el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña. En la elaboración del protocolo han participado sindicatos como UGT o entidades sociales como el Consell Nacional LGTBI.

La OND concluye que deben realizarse políticas de sensibilización para evitar el fenómeno de la “infradenuncia”. Indican que solo un 5% de los vecinos de la ciudad han acudido a denunciar cuando un 31% señalan haber padecido una situación de discriminación según la encuesta de convivencia del Área Metropolitana de Barcelona. La organización subraya una brecha de género donde ha habido un 8% más de denunciantes hombres que mujeres (48,2% frente a 40,1%).

Los datos se han elaborado a partir de la Mesa de Entidades con el Servicio de Atención de Víctimas de Discriminación, que han acompañado a 1.091 personas en orientación jurídica, acción psicosocial y apoyo socioeducativo. También han tramitado 83 denuncias penales y 47 administrativas. Casi uno de cada 10 atendidos en 2022 se encontraba en situación administrativa irregular, en condición de refugiado o era demandante de asilo.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal