La Sindicatura de Cuentas desvela sobrecostes e infrautilización en el canal Segarra-Garrigues

Un informe publicado por la Sindicatura de Cuentas de Cataluña pone de relieve la infrautilización del canal de riego Segarra-Garrigues, en Lleida, y el sobrecoste que ha acumulado la obra. De las 70.150 hectáreas de secano que se iban a convertir en tierras de regadío, según el proyecto inicial, la sindicatura contabiliza que en 2022 solo había 11.647 hectáreas en riego. El reporte destaca que la factura por la infraestructura supera los 2.000 millones de euros y acumula un sobrecoste de 294 millones, un incremento del 16,5% respecto a lo que se fijaba en diseño original. “Se ha evidenciado la existencia de desviaciones desde tres facetas distintas: económica (exceso de costes), temporal (demora en la ejecución) y y de uso (superficie que puede ser regada y en riego inferior al inicialmente previsto)”.

El informe de la Sindicatura de Cuentas acerca del canal de riego Segarra-Garrigues se hace público en un momento en que Cataluña está asediada por una pertinaz sequía que pone en jaque el consumo de agua. El Govern de la Generalitat ha aplicado un sistema de restricciones generalizado, tanto al uso doméstico como al industrial. También el sector agrícola se ve afectado por las limitaciones del uso de agua, en una época clave para la viabilidad de las cosechas. El Segarra-Garrigues tiene capacidad para abastecer de agua una de las principales zonas productoras de cereal y fruta del sur de Europa, pero los agricultores recelan de darse de alta en el servicio por los costes que deben asumir. Según informa la empresa que gestiona el canal, la tarifa oscila entre los 3.100 euros y los 1.550 euros por hectárea, durante la primera campaña de riego. A partir de la segunda campaña la tarifa se incrementa en un 10%, un 20% y hasta un 30% en las respectivas campañas

El Segarra-Garrigues es una infraestructura que acumula un largo y tortuoso recorrido. Fue declarado “obra de interés general en 1994″, condición que se ratificó en 2001, para revitalizar el hiperactivo sector agrícola de la margen izquierda del río Segre, en las tierras de Lleida. “En la construcción y explotación del canal participan el Estado, la Generalitat y la Comunidad de Regantes”, recoge la sindicatura. El despliegue de la red de regulación y transporte corresponde al Estado, a través de la empresa estatal CASEGA, “con la financiación del 50% por parte de la comunidad de regantes”.

En 2006, la Generalitat se comprometió a finanzar el 50% de la parte que correspondía a la comunidad de regantes, “sin perjuicio de la posterior repercusión de los costes a los beneficiarios finales”, indica el informe. La Sindicatura apunta que no le ha sido facilitado “ningún plan relativo a la financiación y rescabalamiento a la Generalitat por parte de los usuarios”.

Los elevados costes económicos de la obra contrastan con la infrautilización que se le da. En marzo de 2022 se contabilizó que la superfície total de riego que podría abastecer el Segarra-Garrigues es de 65.000 hectáreas. Sin embargo, solo había 11.600 hectáreas en riego efectivo.

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