La Fiscalía pide tres años de cárcel al expresidente de los veterinarios de Barcelona por desviar 1,4 millones

La Fiscalía pide tres años de cárcel para un expresidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona (COVB) por desviar fondos de la entidad para “enriquecerse”. José Antonio Gómez Muro, que fue su máximo responsable entre 2012 y 2016, pagó con dinero de los veterinarios a empresas fantasma por supuestas obras de reforma que jamás se ejecutaron. El dinero desviado asciende a 1,4 millones de euros, según la Fiscalía, que acusa también al extesorero Jorge Vilà y a otras tres personas por administración desleal y falsedad documental.

El presidente y el tesorero aprovecharon sus cargos para idear un plan que les permitió lucrarse a costa de las cuotas de los veterinarios. Lo ejecutaron “sin el conocimiento ni el consentimiento” de la junta de gobierno del COVB o de la asamblea general de socios. Gómez y Vilà pagaron las facturas falsas por supuestas obras de mejora en las instalaciones colegiales que les presentaban tres personas de su confianza, también acusadas: Pedro S., Damián P. y Antonio Ortiz. Este último era el titular de hasta cinco empresas distintas supuestamente dedicadas a la construcción, pero que no tenían actividad alguna. “No tenían medios ni trabajadores para llevar a efecto las obras que cobraron”, concluye la Fiscalía.

Damián P. era el hombre que coordinaba las supuestas obras y quien llevaba personalmente las facturas falsas a la sede del organismo. Las entregaba a la secretaria, que había recibido instrucciones precisas de Gómez para que le avisara rápidamente y “así poder realizar el pago de forma inmediata y al margen de la remesa de los demás pago”, según el escrito del COVB, que ejerce como perjudicado la acusación particular en la causa y solicita una pena más elevada que la Fiscalía para quienes vaciaron sus fondos: siete años de cárcel.

Una de las empresas utilizadas, Serviselva, cobró más de 800.000 euros del colegio en esos cinco años. Las facturas se correspondían supuestamente con trabajos de mejora en el colegio. Eran proyectos cuya ejecución resultaba, a menudo, de difícil comprobación: embellecer el rótulo con las letras del colegio en la fachada del edificio, sustituir las placas de un falso techo por otras más nuevas de aluminio o ejecutar la “sujeción de las estanterías existentes en el almacén, colocación mediante taladro y agujero en la pared”, por citar solo unos ejemplos.

Nada de eso se hizo. El dinero fue a parar, presuntamente, a los bolsillos de los cinco acusados. La Fiscalía pide tres años de cárcel por administración desleal en concurso con falsedad documental y el pago de una indemnización conjunta de 1,4 millones. No entra a analizar, sin embargo, dónde pudo ir a parar el dinero. Sí lo hace, con las limitaciones propias de la investigación, el escrito del COVB, elaborado por los penalistas Emilio Zegrí y Alessio Castellano. El dinero que llegaba a las empresas de Ortiz lo retiraba este mismo en efectivo. En 2015, por ejemplo, Atlantis Habitatges Catalunya —una de las empresas fantasma— facturó al colegio supuestos trabajos por 137.000 euros; ese año, Ortiz retiró en efectivo 121.000 euros y emitió cheques al portador por otros 16.000 euros que cobró él mismo en ventanilla.

Los bancos están obligados a informar cuando detectan movimientos de efectivo superiores a 3.000 euros. Ese fue el hilo que permitió a la Agencia Tributaria abrir una investigación y comprobar que los acusados declaraban ventas cuyos importes “coincidían” con las retiradas en efectivo detectadas por los bancos. En julio de 2018, durante la inspección, Hacienda informó al Colegio de Veterinarios de que, desde 2012, había estado pagando facturas falsas. Al final, el primer perjudicado fue el órgano colegial, que tuvo que hacer frente a una serie de liquidaciones de impuestos adicionales (IVA y sociedades) por esas facturas.

Gracias a la comunicación de Hacienda, la junta directiva conoció los hechos, destituyó de forma inmediata a Goméz y Vilà y puso en marcha una investigación. La asamblea general avaló esa decisión y acordó, en septiembre de ese mismo año, emprender acciones contra el tesorero y el presidente, que además de veterinario llegó a coordinar los programas de la Generalitat en la comarca del Bages. En el juicio declarará, entre otros testigos, Marta Legido, representante legal del colegio que, cuando estalló el escándalo, estuvo al frente de las investigaciones. El COVB cuent acon unos 2.5000 y se financia principalmente con las cuotas de los profesionales y con actividades formativas.

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