La Generalitat hace guiños a los alcaldes con ayudas por cinco millones para que elaboren los planes antisequía
El anuncio de las subvenciones coincide con la preparación de la cumbre en que el Govern y la oposición intentarán acordar nuevas medidas para responder a la crisis del agua
Los entes locales catalanes podrán, a través de una nueva línea de subvención por cinco millones de euros, financiar programas e infraestructuras para enfrentar el cambio climático o encargar la elaboración del diseño de los planes antisequía. La Generalitat recomienda a todos los municipios que elaboren estos planes y, de hecho, obliga a su elaboración a los que tengan más de 20.000 habitantes. El anuncio de la línea de ayudas de la Generalitat ha llegado este martes a pocos días de la cumbre entre el Govern y la oposición para intentar cerrar filas ante la emergencia causada por 30 meses con pocas lluvias. La portavoz Patrícia Plaja ha descartado que la medida se trate de un guiño a los alcaldes en un contexto de tensión con el mundo local tras la aprobación de un secreto antisequía que recoge sanciones de hasta 150.000 euros para los incumplidores más graves. Pero la manera en que se ejecutará sí parece indicarlo: habrá dos convocatorias (la segunda, por 35 millones, se anunciará en las próximas semanas) y en las condiciones claramente se hace referencia a los planes municipales que han enfrentado a ERC con el resto de partidos.
La responsabilidad de los municipios en la atención del severo episodio de sequía está en el centro de la polémica. Las oposición, muy especialmente el PSC, acusa al Ejecutivo monocolor y en minoría que lidera Pere Aragonès de no haberles tenido en cuenta a la hora de elaborar el decreto ley con medidas para abordar la escasez de agua. Pese a que la convalidación de este articulado salió adelante, quedó sobre la mesa el compromiso de que en la reunión de este viernes se acordaran más medidas o al menos se replantearan algunas y se aprobara una norma complementaria. Los socialistas aseguran que el Govern centrifuga la responsabilidad de su supuesta inacción y falta de inversión en infraestructuras del ciclo del agua hacia los municipios, obligándolos a multar a ciudadanos en caso de que se superen los umbrales de consumo fijados.
La portavoz del PSC en el Parlament, Alícia Romero, pidió ayer que la reunión de este viernes reforme con el enfoque “sancionador y no colaborativo” hacia los entes locales que notan en el pasado decreto ley y que se incluya un período de transición para así dar margen a los Consistorios para que pongan en marcha los planes locales que buscan reducir consumo. Según la última actualización de la ACA, de hace una semana, 9 ayuntamientos no han presentado aún los planes antisequía, pese a que fueron requeridos desde 2020 para hacerlo. seis están gobernados por el PSC: Cornellà (Barcelona), Calafell (Tarragona), Cerdanyola (Barcelona), Esparraguera (Barcelona), Molins (Barcelona) y Viladecans (Barcelona). La lista la completan uno de Junts: Valls (Barcelona), uno de ERC: Figueres (Girona) y otro de Ara decidim: Ripollet (Barcelona). La llegada de las ayudas también llega en un momento en el que las voces críticas entre el poder municipal aumenta y se pide una mayor coordinación con la Generalitat. Así se ha transmitido durante las distintas reuniones que la ACA está teniendo estas semanas con administraciones locales, explican fuentes presentes en encuentros.
Con la medida, el Govern también busca forzar planes de sequía a poblaciones que, si bien por ley no están obligadas a elaborar, creen importante que se tramiten para facilitar las medidas a tomar durante el verano, que se prevé muy complicado. Son precisamente las poblaciones pequeñas y de la Cataluña interior, y donde faltan medios técnicos y pueden extenderse más consumos desproporcionados por fugas de agua de redes de suministro más obsoletas. Para este verano, el Govern busca evitar el titular de que municipios de zonas agrícolas de Girona y Lleida vuelven a quedarse sin suministro doméstico en plena ola de calor, como ya ocurrió el pasado año, cuando la mala gestión llevó a que una treintena de pueblos de la comarca de Les Garrigues prohibieron el consumo durante tres semanas por el aumento de la contaminantes en el agua debido a la sequía.
La ACA tiene identificados a una sesentena de pequeños municipios que afrontan una peor perspectiva para garantizar el suministro este verano y que pertenecen a comarcas como el Baix Camp, La Garrotxa, Pla de Cerdanya, Osona o Bages, y que, al estar desconectados de grandes infraestructuras hidrológicas de la Generalitat, dependen de pequeños acuíferos o embalses de gestión municipal, lo que les hacen más vulnerables al déficit hídrico. Por el momento, un total de 13 municipios con menos de 20.000 habitantes ya han presentado sus planes de sequía pese a no estar obligados a ello. Se trata de Begur, Calella, Castellbisbal, Castell-Platja d’Aro, Gaià, Masllorenç, Oristà, Parets del Vallès, Prats de Lluçanès, Roses, Sagàs, Sant Feliu Sasserra, Santa Maria de Merlès y Torredembarra, según datos de la ACA.
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