Colau, las reformas y los poderes

Desde que Ada Colau llegó a la alcaldía de Barcelona en 2015 ha cosechado poderosos enemigos. Las 13 denuncias o querellas interpuestas contra su acción de gobierno, de las que 11 han sido archivadas, son la prueba fehaciente de que tocar lo que los lobbies consideran verdades de fe u oportunidades de negocio suele acabar con el hereje chamuscado en los tribunales. Ahora, a tres meses de las elecciones municipales, sobreviven solo dos de estas denuncias. Una del fondo de inversión Vauras –multado por no ofrecer alquileres sociales a familias vulnerables, tal como fija la ley– y otra de la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD), por subvenciones municipales a entidades como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Para ilustrar el tipo de transparencia que inspira a la entidad querellante hay un precedente: el pleito contra el Ayuntamiento de Valladolid por tratar de municipalizar el suministro de agua.

Aunque la gran mayoría de las demandas contra Colau hayan sido archivadas, la habilidad de los abogados y sus contratadores ha solido obtener buena acogida en algunas instancias judiciales. Ello ha permitido reiteradas reaperturas de casos, lo que ofrece la oportunidad de que a través de grandes titulares o de las redes sociales se siga arrojando sombra de duda sobre la trayectoria personal o política de la alcaldesa.

Las políticas de Colau, con sus aciertos y sus fiascos, han evitado más de 100.000 cortes de suministros energéticos a familias vulnerables y sus pioneras unidades anti-desahucio han acompañado desde 2015 a casi 14.000 familias, logrando suspender un 90% de los lanzamientos. El abanico de ayudas anti-desahucio van desde facilitar ayudas al pago de alquiler para aligerar la deuda con el propietario –a ello se han dedicado ocho millones de euros solo en 2021–, hasta mediar cuando los impagos que ya están judicializados y se ha fijado la fecha de ejecución.

Estas políticas, en línea con lo que solía ser históricamente la socialdemocracia europea, tienen dificultosa cabida en la España del siglo XXI. Sus enemigos son tan poderosos que muchas veces ni los gobiernos de izquierda se atreven con reformas de calado. Un ejemplo de ello es la ley de vivienda –inexistente desde el inicio de la transición democrática– y que ha encontrado serios escollos para su tramitación, tras meses de grandes tensiones.

Cualquier medida, por tímida que sea, genera gran oposición. Como la campaña que lidera Joan Clos, socialista y ex alcalde de Barcelona (1997-2006), contra el límite del 2% a los contratos de alquiler para 2023, fijado por el Gobierno central y, en concreto, por el ministerio de su compañera, Raquel Sánchez. Clos –ex ministro del Gobierno Zapatero, ex embajador en Turquía y Azerbaiyán y ex director del programa de Naciones Unidas para Asentamientos Humanos– preside desde 2020 la Asociación de Propietarios de Viviendas de Alquiler (Asval), integrada por grandes tenedores inmobiliarios como Blackstone o Cerberus. El objetivo del recurso –capitaneado por quien fue alcalde de izquierda y ahora defensor de causas más prosaicas y rentables– es reclamar 1.500 millones de euros al Estado por lesión patrimonial.

Nada humano nos es ajeno y nunca es tarde para ver la luz. Las querellas contra Colau eran tan previsibles como lo es encontrar justificaciones a quien ha tomado el ambicioso camino de las puertas giratorias, traspasando límites que antes se le antojaban infranqueables. Ahí está la conversión del exdirigente comunista Ramón Tamames, quien a los 89 años está dispuesto a ser candidato en la moción de censura de Vox. Se suele decir que quien no es de izquierda a los veinte años no tiene corazón, pero quizás haya perdido la cabeza quien casi a los 90 –y tras haber sufrido la dictadura franquista– calienta en la banda con la camiseta de la ultraderecha.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal