Objetivo: abatir 6.700 jabalíes en dos macizos de Girona

El Departamento de Acción Climática de la Generalitat ha declarado este martes la emergencia cinegética por sobrepoblación de jabalíes (Sus Scrofa) en los macizos de las Gavarres y Rocacorba, en Girona. En concreto, afecta a 87.841 hectáreas de 38 municipios del Gironès, Pla de l’Estany, Baix Empordà. En estas dos masas boscosas hay densidades de jabalíes muy altas, de 16 ejemplares por kilómetro cuadrado, que causan daños repetidos en campos agrícolas. La voluntad es reducir la densidad sobre un 70%, a una media de 4 o 5 animales por km2. Concretamente, el objetivo es abatir esta temporada, -de septiembre y 31 de mayo- 4.492 ejemplares en las Gavarres y 2.234 en Rocacorba, haciendo caza selectiva primando jabatos y hembras. Si no se consiguen estas cifras, a partir del 1 de junio, una vez acabada la declaración, la Directora General de Ecosistemas Forestales, Anna Sanitjas, ha avanzado que “la Generalitat hará una ejecución subsidiaria de medidas excepcionales, con medios propios”.

La situación de la sobrepoblación de este ungulado en las comarcas de Girona se ha agravado este año por la situación de sequía, lo que ha llevado a un aumento de su presencia en áreas de cultivos, áreas urbanas y periurbanas. Más jabalíes implican más de daños en los cultivos, “estos 38 municipios se encuentran en una situación crítica, están sufriendo de manera continuada una serie de daños muy relevantes en la agricultura y esto es fruto de la alta densidad de jabalís que hace la situación insostenible”, ha destacado Sanitjas. También aumentan los accidentes de tráfico, los efectos nocivos en la biodiversidad, los incidentes en los centros urbanos y con personas, el daño a bienes materiales, y el riesgo de enfermedades como la Peste Porcina Africana (PPA), que podría extenderse rápidamente en caso de aparición debido a la alta densidad del jabalí en este territorio.

Los expertos coinciden en afirmar que la problemática de la sobrepoblación del jabalí no tiene una solución sencilla ni única. Por ello, la Generalitat presentó el año pasado un plan de choque de control de especies cinegéticas, con un presupuesto de más de 11 millones de euros, en el que se enmarca esta declaración de emergencia cinegética, figura que pretende acelerar los procedimientos administrativos para lograr los resultados en el menor tiempo posible. Si en una determinada comarca o área hay una gran cantidad de ejemplares de una especie cinegética, como ungulados o conejos, que resulte peligroso para las personas, la agricultura, el ganado, terrenos forestales o las especies protegidas, Acción Climática declarará la emergencia cinegética. Es decir, “donde confluyen la conflictividad del jabalí sobre la agricultura en zonas habituales y reiteradas de daños y densidades altas”, indica Sanitjas.

El departamento establece el número mínimo de capturas en 21 Áreas Privadas de Caza (APC) de las Gavarres y 9 APC en Rocacorba, que deben llegar a 4.492 y 2.234 en Gavarres y Rocacorba respectivamente, intentando capturar siempre que sea posible a los más jóvenes y a hembras, que son los que hacen aumentar la población. En el caso de que los titulares de estas áreas de caza, a través de los cazadores, con batidas, esperas nocturnas, diurnas y todo tipo de actuaciones, no puedan cumplir con los objetivos establecidos para minimizar el daño y gestionar la sobreabundancia de la especie con los medios de que disponen, “podrá acordarse la ejecución para lograr los objetivos por parte de la administración con el Cuerpo de Guardas de Reserva Nacional de Caza, con el Cuerpo de Agentes Rurales (CAR), y con todas las herramientas de que disponemos. Garantizaremos la ejecución de estos objetivos”, ha asegurado la Directora general.

En Girona la emergencia cinegética será vigente a partir de finales de la semana que viene una vez salga publicada en el Diari Oficial de la Generalitat (DOG). Además, Sanitjas ha avanzado: “Hay otras zonas problemáticas y estamos estudiando el uso de esta herramienta en la Cataluña Central o Barcelona”. En Alt Empordà y Garrotxa, por el momento no se activa porque no se han dado las condiciones necesarias, es decir, todavía no ha habido tres meses seguidos en los que se haya otorgado una autorización excepcional por daños a la agricultura. El Departamento sí inició la semana pasada los procedimientos para activar esta medida para optimizar las capturas de conejos en Lleida.

El plan de choque incluye también la protección de cultivos con vallas cinegéticas, pastores eléctricos o protecciones directas al árbol, en caso de frutales, y un presupuesto de un un millón de euros para pagar a los cazadores 25 euros por jabalí abatido cuya carne se introduzca en la cadena alimentaria, con un mínimo de 30 ejemplares por año. Algunas cuadrillas de cazadores cobraron más de 13.000 euros la pasada temporada.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal