Las exigencias políticas del PSC retrasan la aprobación de los Presupuestos catalanes

Cataluña no ha logrado aún aprobar presupuestos para este 2023 al carecer el Govern de la suficiente mayoría parlamentaria. El Ejecutivo se sustenta en los 33 diputados de ERC y cuenta por ahora con el respaldo de los ocho de los comunes (la mayoría está fijada en 68). Tras la ruptura de la coalición con Junts, el gabinete de Pere Aragonès ha focalizado la negociación con el PSC. Las conversaciones avanzan, pero acumulan retrasos respecto a las pretensiones iniciales de los republicanos por las reivindicaciones políticas, más que presupuestarias, de los socialistas. Salvador Illa, líder del PSC, ganador de las pasadas elecciones autonómicas, quiere que ERC incorpore principalmente en las cuentas el desarrollo de tres grandes infraestructuras que cuestionan posiciones ideológicas de los republicanos.

El Parlament está habilitado la próxima semana por si se debe iniciar la tramitación presupuestaria. Pero el acuerdo no parece inminente. ERC sostiene que las reivindicaciones del PSC sobre la ampliación del aeropuerto de El Prat, el impulso del centro recreativo y de juego Hard Rock Café (Tarragona), o el Cuarto Cinturón entre Sabadell y Terrassa (Barcelona) son de carácter extrapresupuestario y sin cabida en el proyecto. Esa posición contrasta con la estrategia de ERC en el Congreso, donde ha apoyado las cuentas a cambio de lograr los indultos o la reforma del Código Penal, por citar los últimos ejemplos.

Aragonès no descarta un acuerdo a cuatro, es decir, con comunes, PSC y Junts, aunque parece improbable. El Govern y socialistas han pactado partidas por 5.000 millones de euros —2.600 este año y 3.000 en periodo interanual—. Tras el enfado socialista con el Ejecutivo catalán por dar el pacto como casi hecho con cifras que no reconocen, Alícia Romero, portavoz del PSC, afirmó este miércoles: “O aceptan todo o no hay acuerdo”. Tras 15 reuniones —la última este miércoles—, estos son los puntos principales que separan a Govern y PSC. De la suerte de estos presupuestos depende buena parte la legislatura.

Ampliación del aeropuerto de El Prat. El PSC quiere que Aragonès aborde este primer semestre con el Gobierno y Aena la ampliación de las instalaciones para convertirlo en un hub internacional. Ese proyecto generó la primera gran crisis en el Govern en 2021: Junts lo dio por bueno a falta de negociarlo de forma definitiva en una mesa técnica, pero ERC lo rechazó al alegar que no respetaba el humedal protegido de La Ricarda. El PSC no quiere que la actual estructura de zonas protegidas del Delta del Llobregat condicione una futura ampliación. Buena parte de las bases de ERC la rechazan y advierten que, ya de partida, la Comisión Europea tumbarán las pretensiones del gestor aeroportuario. El Govern esgrime, además, que no se opone a ampliar, pero quiere influir en el proyecto, sin concretar de qué modo: gestión o planificación.

El proyecto del Hard Rock Café. Heredero del Barcelona World impulsado por Artur Mas en 2011, el Hard Rock Café es un complejo recreativo con hoteles y un casino junto a Port Aventura. El PSC dice que generará 1.000 millones de inversión y 13.000 empleos. Discutido por la izquierda, la reelaboración del plan director urbanístico (PDU) provocada por una sentencia contraria de la versión anterior tiene que ser revisada después de un informe de Acció Climàtica detectara incumplimientos medioambientales. Los socialistas quieren que las obras empiecen en 2023 y un posicionamiento favorables del Govern al proyecto.

El Cuarto Cinturón. El PSC quiere que el Govern firme en dos meses el convenio con Fomento para impulsar la B-40, un cinturón de circunvalación del Vallès que constituye una reclamación histórica de la Generalitat. ERC se opone radicalmente a esa ronda urbana que presentó en junio la ministra Raquel Sánchez, al considerar que no puede convertirse en una autopista tal y como estaba planteado, sino que en todo caso debería ser una “rambla” interurbana que conecte los diferentes municipios.

Control parlamentario. Los socialistas aspiran a elevar el control parlamentario tanto de las subvenciones que se otorgan a los medios escritos publicados en catalán así como el ejercido sobre el Centro de Estudios de Opinión (CEO), el ente que elabora los barómetros de opinión ahora en manos de la consejería de Presidencia.

Delegaciones en el extranjero. El Govern está consolidando la red de delegaciones en el extranjero impulsadas por Junts y de momento no piensa en abrir más (siete de las 20 que tiene no están plenamente operativas). El PSC quiere que se congelen y se revisen las que están en marcha. “La acción exterior es irrenunciable para el Govern”, dijo este martes su portavoz.

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