El PP y la desvirtuación de la Constitución

¿Por qué ha ido tan lejos el PP en su batalla para evitar la renovación del Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)? ¿Por qué sus dirigentes han preferido provocar una crisis institucional antes que aceptar el ritmo legalmente reglado de la renovación de ambos organismos?

Hay una primera respuesta, inevitable cuando se tiene en cuenta que el propio PP está pendiente de que los tribunales resuelvan sobre numerosos de casos de corrupción protagonizados por afiliados y dirigentes del partido conservador. Hay ahí una causa probable para que un partido en estas circunstancias esté interesado en tener la máxima influencia posible en el aparato judicial.

Pero, por plausible que sea, cuesta aceptar que esa explicación sea suficiente. Porque el estropicio es muy grande; el daño, de muy difícil reparación y no atañe solo al partido sino al modelo constitucional. Los expertos estiman que esa batalla partidista ha provocado una pérdida de autoridad, respetabilidad y prestigio en un Tribunal Constitucional que los tenía ya muy erosionados desde 2010. Acusan al PP de querer convertirlo en una tercera cámara política para poder conseguir en ella lo perdido en las otras dos, el Congreso y el Senado. Y de aspirar a mantener indefinidamente un sesgo conservador en la Justicia española, en particular en sus más altas instancias.

Para hallar una explicación suficiente a ese empeño hay que remontarse precisamente al empate entre conservadores y progresistas que caracterizó el debate constitucional. Una de las consecuencias de ese empate fue el carácter abierto de la Constitución resultante. El pacto constitucional resolvía muchos problemas y algunos de los que no resolvía del todo, los remitía al futuro. Singularmente, dejó para el futuro todo lo relativo a la articulación del modelo de estado autonómico. Los conservadores de la época estaban tan en contra del estado de las autonomías que no votaron a favor del Título de la Constitución que lo crea.

El modelo de los conservadores era el estado centralizado y centralista, que era el que venían gobernando desde 1939. En 1978 se vieron forzados a aceptar una nueva estructuración del Estado, promovida por los autonomistas y los progresistas, pero desde el primer momento emprendieron la pugna para mantener la primacía y la fuerza del poder central. El futuro al que en 1978 se remitió la configuración y el control del modelo autonómico resultó que no solo lo decidían los sucesivos gobiernos de España y de las comunidades autónomas, las Cortes Generales y los parlamentos autónomos, sino el Tribunal Constitucional. Pero lo que inicialmente fue concebido como un Tribunal de alto prestigio profesional como garantía de imparcialidad ha terminado siendo una cámara política con dos bandos, uno progresista y otro conservador. Y ha sido este, el conservador, y no los autonomistas, el que ha determinado que todo el poder está en la Administración central y ha reducido la autonomía al ejercicio de solo lo que aquella le permita. Es decir, un poder residual. La desvirtuación del proyecto inicial.

Los problemas y la insatisfacción política provocados por esa deriva llevaron a Cataluña a reformar su Estatuto de Autonomía en 2006, pero a instancias del PP el Tribunal Constitucional invalidó el intento en 2010, en aspectos tan sensibles y esenciales como, por ejemplo, la consideración y uso de la lengua catalana. Desde entonces, el Tribunal Constitucional es considerado por los catalanistas como una mera extensión del centralismo del PP. De hecho, para el PP es la salvaguarda de su modelo, no solo en lo relativo al Estado Autonómico, sino en todo. Desde la regulación del derecho al aborto hasta el modelo educativo y la última reforma laboral. Por eso se ha resistido durante nada menos que cuatro años a perder la mayoría que había logrado tener en él, aunque fuera al precio de deslegitimarlo y destruir todo viso de imparcialidad.

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