Barcelona pide auxilio a jueces, fiscales y policías para atajar la inseguridad en El Raval

“En el Raval tenemos un problema real de seguridad”, admitía este viernes el teniente de alcalde de Barcelona Albert Batlle, tras aceptar que el consumo de drogas en la vía pública es uno de los asuntos que más preocupan a los vecinos del corazón de la ciudad y a las propias instituciones. “Hubo una época [2017 y 2028] que nos centramos en acabar con los narcopisos y esa presión policial ha hecho que el consumo de drogas baje a pie de calle. Nuestro compromiso es combatir el narcotráfico pero necesitamos recursos y efectivos. Necesitamos más Mossos d’Esquadra, más implicación de la Policia Nacional y de la fiscalía y la judicatura. Reivindicamos modificaciones legislativas para que podamos desalojar rápidamente un piso en el que sabemos que se delinque. Solo con las actuaciones policiales no es suficiente, parece que vaciemos el mar a cucharadas”, ha concluido Batlle.

El teniente de alcalde de seguridad ha lanzado este SOS justo después de participar en la junta de seguridad del distrito de Ciutat Vella. En esta reunión se ha constado que la Guardia Urbana de Barcelona y los Mossos del distrito de Ciutat Vella han desmantelado desde principios de 2022 hasta hoy 56 puntos de venta de drogas en el centro de la capital catalana, principalmente (44) en el barrio del Raval. Fruto de estas intervenciones se han detenido a 59 personas.

Las quejas vecinales provocaron que en 2017 comenzaran a desmantelar los llamados narcopisos, inmuebles ocupados donde se compraba y consumía droga. Los representantes policiales aseguran que debido a la presión policial en los pisos y el cierre de estos han aumentado el consumo de drogas en la vía pública, sobre todo de la heroína. Los vecinos mantienen que hay mucho consumidor en la calle pero también persisten dentro de pisos. Batlle ha anunciado mayor presencia policial de guardias urbanos uniformados en el barrio y la apertura de la nueva comisaría de la policía local en la calle Tapies. Aún así, el teniente de alcalde de seguridad mantiene que es totalmente insuficiente lo que puede hacer el Ayuntamiento y que requiere del compromiso y ayuda del resto de administraciones.

La concejal de salud, Gemma Tarafa, ha apoyado a Batlle con los datos de su regidoría. “El 85% de las jeringuillas abandonadas que se recogen en Barcelona están en Ciutat Vella y sabemos que el consumo siempre se realiza a pocos minutos de donde se ha comprado la sustancia”, ha mantenido Tarafa. La concejal ha denunciado que la Generalitat no tiene equipamientos para paliar los daños que provoca el consumo de drogas. “En Barcelona tenemos diez salas de consumo supervisados. Fuera de Barcelona hay dos en el área metropolitana, otra en Lleida y otra en Constantí (Tarragona)”, ha lamentado. La concejal ha concluido: “Barcelona no puede abordar el problema de las drogodependencias en solitario”.

Pese al pesimismo que trasmitían los concejales, la cifra de jeringuillas recogidas en Barcelona este años es muy similar a las 2019 cuando se recogieron 47.000 [en 2005 se recogieron 118.000].

El último gran dispositivo para desmantelar narcopisos tuvo lugar en 2020 cuando se desarticularon 35 pisos y cinco locales donde operaba un grupo criminal que vendía heroína en la vía pública. Se detuvo a 59 personas de las que 20 ingresaron en prisión.

Batlle y el concejal de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, han defendido actuaciones como la llevada a cabo en 2020. “No se puede normalizar la angustia y el miedo con el que viven los vecinos del Raval. Los grandes propietarios desatienden sus pisos y esos agujeros son los que utilizan los delincuentes. Hay 900 pisos vacíos en Ciutat Vella de los que 400 están en el Raval. Estos pisos los utilizan los delincuentes para vender droga. Debe haber menos pisos vacíos. Un piso en el que se vende droga no cumple su función social. Esto pisos deberían pasar al parque público de vivienda”, ha reivindicado Rabassa.

Pese al aumento del consumo de heroína en la vía pública el número de hechos delictivos se ha reducido un 21,8% respecto a 2019. Entre enero y agosto de este año se ha detenido a 5.244 personas. La mayoría de delitos perpetrados en el distrito, el 24,9%, son contra el patrimonio.

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