El Parlamento catalán inicia el curso sumido en la inestabilidad y con la presidencia en el aire

El Parlamento de Cataluña recupera esta semana la actividad tras las vacaciones y lo hace sumido en la inestabilidad. La presidenta, Laura Borràs, suspendida en el cargo por la Mesa después de que se le abriera juicio por presuntos delitos de corrupción, se niega a dimitir. Su partido, Junts, rechaza forzar el relevo proponiendo para el cargo a otro diputado de la formación. La situación ha obligado a Alba Vergés (ERC), vicepresidenta primera, a asumir de forma provisional y a regañadientes la presidencia. Y con un montón de deberes sobre la mesa, como nombrar a un nuevo secretario general o resolver el dilema de si seguirá cumpliendo el acuerdo de la mayoría independentista de la Mesa de aceptar “a todos los efectos” el voto de Lluis Puig, el diputado y exconsejero que permanece huido de la justicia. Borràs incluyó su voto en las actas de los dos plenos de julio pese a que el Tribunal Constitucional lo considera no válido. Esas actas, no obstante, aún no han sido firmadas por todos los miembros de la Mesa ni, por tanto, publicadas.

Tras gestionar la pandemia como consejera de Salud, Vergés quedó fuera del Govern de Pere Aragonès y a los tres meses fue nombrada vicepresidenta segunda de la Cámara. Ahora es alcaldable de ERC en Igualada (Barcelona) para las elecciones de mayo, su municipio, y todo apuntaba a que no quería ser el foco de atención en el Parlament. Vergés emplazó a Junts a buscar fórmulas para cumplir el acuerdo de investidura que le otorga la presidencia de la Cámara. Y el propio president Pere Aragonès pidió a su socio que sustituya a Borràs por otro diputado, pero eso no sucederá: Jordi Turull, secretario general de ese partido, ya ha reclamado a la Mesa que revoque su decisión sobre la diputada. La Fiscalía pide para ella seis años de prisión (por prevaricación y falsedad documental) y 21 de inhabilitación por interceder supuestamente a favor de un amigo en la adjudicación de contratos cuando era presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes.

La Mesa, formada por dos miembros del PSC, dos de ERC, dos de Junts y uno de la CUP, tenía previsto reunirse el 6 de septiembre, pero Vergés, para no apurar los plazos, ya la ha convocado para este jueves, día 1, y allí se verá la petición de reconsideración de Junts. El órgano lo rechazará porque la mayoría mantiene su criterio de aplicar el reglamento, que obliga a suspender de derechos y deberes a un diputado cuando se le abre juicio oral. La palabra clave es “suspensión”. Borràs está suspendida pero no destituida, y el reglamento no dice nada de si un cargo suspendido y que se niegue a dimitir puede ser reemplazado. El Parlament podría modificar el reglamento (que tiene rango de ley) para aclararlo, pero eso precisaría el concurso de ERC. Los republicanos no se decantan por esa vía porque supondría casi un casus belli que acabaría provocando el enfrentamiento directo de los dos socios de Gobierno.

Propuesta alternativa

Ante esta tesitura, miembros de ERC plantean una alternativa: que el cargo de presidenta quede vacante y que Junts asuma la vicepresidencia primera nombrando a Aurora Madaula, secretaria segunda de la Mesa, para ejercer las funciones de presidenta (algo parecido a lo que ocurrió cuando Pere Aragonès, entonces vicepresidente del Govern, ejerció las funciones de presidente del inhabilitado Quim Torra). Madaula, sin embargo, pertenece al círculo más estrecho de Borràs, y cuesta imaginarla en ese rol.

El PSC considera que el Parlament no puede instalarse en la inestabilidad y ha alentado a ERC a tomar la iniciativa y a desbloquear el nudo. La Cámara autonómica ha vivido una etapa volcánica, con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, una presidenta —Carme Forcadell (2015-2017)— condenada e indultada dos años después por sedición y un presidente —Roger Torrent (2017-2021), ahora consejero de Empresa y Trabajo, imputado por desobediencia. Y ahora Borràs sostiene, incluso contra la opinión de buena parte de su partido, que es víctima de una persecución política.

Borràs ya ha dicho que seguirá yendo a la Cámara, aunque solo podrá acudir a las sesiones como invitada. Mientras, Vergés tendrá varios temas a resolver. El primero, decidir si restringe o no los contratos de los seis cargos de confianza de Borràs —el séptimo ya ha dejado el puesto— que suponen al Parlament una factura mensual de casi 26.000 euros. También está pendiente el nombramiento de un nuevo o nueva secretaria general tras la renuncia de la anterior (sus funciones las ha asumido por el momento el letrado mayor). Y la supresión de las dietas por desplazamiento de los diputados, que no cotizan por completo al fisco, un asunto atascado y en manos de ERC, PSC y Junts.

Con la plantilla de funcionarios muy molestos, solo quedó resuelto en el último periodo de sesiones la revocación de las licencias de edad por las que algunos funcionarios cobraban el 80% del sueldo sin ir a trabajar. Ese privilegio afectaba a una veintena de empleados que a partir del 1 de noviembre deberán reincorporarse a su puesto de trabajo salvo si les queda un año para jubilarse, tienen incapacidad o tienen personas a su cargo. El nuevo estatuto solo permite a los funcionarios de más de 60 años y 25 trabajando en el Parlament acogerse a una reducción de jornada y de ingresos. El Consejo de los Trabajadores están en contra y han pedido un mediador.

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