Los traficantes de marihuana buscan ‘mossos’ y policías locales a los que corromper

El incremento exponencial del cultivo de marihuana en Cataluña ha supuesto un cambio en los intereses de las organizaciones criminales. Cuando la droga llegaba de fuera, explica el inspector de los Mossos d’Esquadra Jordi Domènec, los delincuentes buscaban corromper a los responsables en las fronteras: Guardia Civil o Policía Nacional. Desde que la marihuana se cultiva en casa, tienen un nuevo objetivo: policías locales y Mossos d’Esquadra, que persiguen lo que ocurre dentro de los confines.

“El porcentaje del mosso corrupto es muy pequeño”, advierte Domènec, para dejar claro el contexto. Desde 2020, se ha detenido a siete mossos d’esquadra vinculados al tráfico de marihuana en 11 investigaciones, y cuatro policías locales. Una proporción que no alcanza ni el 1%, recuerda el inspector, responsable del área de investigación interna de la División de Asuntos Internos (DAI). A pesar de eso, la policía ha volcado sus esfuerzos en atajarlo. “Encontramos porque rascamos”, asegura Domènec.

La marihuana es un peligro real, con un potencial que preocupa a los Mossos d’Esquadra, que desde 2018 cuentan con un plan operativo concreto en la lucha contra su cultivo y tráfico. En un informe, fechado en 2020, ya advierten de su temor a que la aceptación social de la que goza esta droga permita que las estructuras criminales se infiltren en el sistema. Algo, indica tanto Domènec como el fiscal jefe antidroga de Barcelona, Gerardo Cavero, que no ha ocurrido todavía.

Hasta ahora, el rango más elevado en todos los cuerpos policiales investigado en Cataluña por tráfico de drogas es el de inspector, cuenta Cavero. En el caso de los Mossos d’Esquadra, caporal, inferior en la jerarquía interna. “Es un nivel, dentro de la escala, relativamente bajo. Cuanto más alto, más facilidad para conseguir información”, constata Domènec.

Los casos más sonados en los dos últimos años afectan a las unidades de investigación de Santa Coloma de Farners (tres mossos implicados) y de Tarragona (tres mossos más). A ellos se suma la operación de la División de Investigación Criminal contra cuatro agentes de la policía local de Llinars del Vallès. Las tres investigaciones siguen a la espera de juicio. El perfil de los acusados se corresponde con el policía más expuesto: agentes “proactivos”, de “calle”, que tratan con confidentes, define Cavero. Inicialmente, el interés es legítimo, hasta que se cruza una línea roja.

La intención principal de las organizaciones, coinciden los expertos, es una: obtener información. Los delincuentes quieren saber si se les investiga, quién, por qué tema… La DAI ha detenido a ocho mossos por el delito de revelación de secretos en los últimos dos años. Los agentes reciben dádivas, pero tampoco se hacen ricos. “Construyen una piscina, cambian las puertas de su casa, se compran una bicicleta de 3.000 euros... Pero su sueldo principal sigue siendo el de policía”, explica Domènec. Algunos, cuando tras recibir alguna recompensa quieren dejarlo, ya es demasiado tarde: “Les chantajean: o trabajas para nosotros o tiramos de la manta”.

La cuarentena de agentes de la DAI que investigan estos delitos cuando afectan a mossos y algunas policías locales han detectado distintos niveles: del policía que hace la vista gorda ante una plantación: los que se llevan un porcentaje de la droga vendida, los que acaban a sueldo de una organización criminal, normalmente mediante una persona interpuesta, y el que directamente roba la droga y trafica con ella. Capítulo aparte son los que tienen su propia plantación, sin que se beneficien de su condición de agentes... Fuera del ámbito policial, se han topado únicamente con un abogado, sin rastro de jueces o fiscales. “No somos necesarios”, aventura Cavero, que señala, en cambio, que sí se han dado casos ligados a la corrupción económica.

Además de investigar a policías, “algo que no es nada fácil”, asegura Domènec, la prevención es también una de las claves en la lucha contra la corrupción. Protocolos que no permitan que una sola persona lleve a cabo todos los trámites vinculados con droga intervenida, más cámaras de videovigilancia y una mejora en el almacenamiento de las drogas para evitar robos como el de la comisaría de Sant Feliu de Guíxols (Girona), de donde se esfumó 1 kilo de cocaína, sin que aún hayan dado con el culpable. En esa línea, los Mossos ultiman la apertura de un almacén central para la droga decomisada.

A todo ello se suma la transparencia como una forma de disuasión. El trabajo de las unidades de Asuntos Internos ha quedado siempre en la penumbra, bajo un manto de la mala fama interna, donde son los propios policías quienes investigan a sus compañeros. Pero el inspector Domènec considera que la “crítica inicial” provocada por la sorpresa de la detención enseguida se diluye, sobre todo en casos de tráfico de drogas. “Lo del muro azul del silencio es falso —asegura, sobre el supuesto corporativismo—. La información nos llega”. “Somos los primeros que no queremos que los corruptos sean policías”, añade, sobre su trabajo. El fiscal Cavero lo resume sin compasión: “Son traidores, indignos de los uniformes que llevan”.

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