Malas noticias para Aragonès

Al PP le ha salido redonda la táctica de escalonar elecciones autonómicas a lo largo de la legislatura de gobierno de Pedro Sánchez. Cada una de ellas ha servido para consolidar las posiciones de las derechas en las comunidades autónomas correspondientes y, a la inversa, erosionar las del PSOE. En cada una de las comunidades en juego, claro, pero también en el escenario general, el propio del Gobierno de España.

Para el Gobierno de Pere Aragonès, es una mala noticia. Para que prospere la negociación de gobierno a gobierno abierta por Esquerra Republicana en busca de una salida al conflicto constitucional catalán se requiere que ambas partes sean fuertes. Y lo que ha sucedido es que una de ellas, el gobierno de Sánchez, ha ido perdiendo empuje a golpe de adelanto electoral en la Comunidad de Madrid, en la de Castilla y León y, el domingo pasado, en Andalucía. Zancadillas intercaladas no por azar por los barones del PP en el recorrido de la legislatura que debiera culminar en 2023.

Está por ver si Sánchez apuesta por reanimar con hechos la negociación con el gobierno catalán o si deja que esa carpeta siga en la atonía y las buenas palabras en que entró hace un año después del indulto de los presos de la revuelta catalana de 2017. Aragonès lleva meses reclamando un reimpulso. El permanente ambiente preelectoral creado por PP ha contribuido a frenarlo, aunque es difícil distinguir qué parte hay de realidad y qué de excusa en este argumento.

A estas alturas de la legislatura española cabe preguntarse, además, qué sería posible lograr en el plazo de aproximadamente un año que queda de legislatura. El punto de arranque es que Cataluña se gobierna mediante un Estatuto de Autonomía que no es el votado por los ciudadanos en 2006; que esta situación ha sido rechazada por una amplia mayoría del electorado catalán, hasta el extremo de dar pie a una alocada revuelta; y que el gobierno de Sánchez ofreció en 2019 una negociación en la que, hasta el momento, no se ha entrado, que se sepa, en el fondo del asunto, que es el alcance del poder autonómico catalán en el marco constitucional. Eso requiere abordar por lo menos, una reforma del Estatuto y, dadas las posiciones del Tribunal Constitucional sobre el desarrollo del Estado de las Autonomías, también seguramente algún tipo de reforma constitucional. Pensar que eso puede resolverse en un año es irreal. También lo es creer que el PSOE esté por la labor de lanzarse a una apuesta de este calado. Y es puro desvarío pensar que eso no fuera aprovechado por el PP y su variante de Vox para llamar a degüello de los vendepatrias y de la izquierda traidora. La agitación del anticatalanismo allende el Ebro es una baza que las derechas nunca olvidan ni desdeñan.

Cuando se obvia la cuestión de fondo, lo que queda en la negociación reclamada por Aragonès tiene un recorrido perfectamente delimitado: unos indultos por aquí, unas inversiones por allí, una mejora del clima político, buenas palabras y poca cosa más. En el otro plano, lo único positivo de las elecciones andaluzas para los de Aragonès es que la cacofonía del anticatalanismo ha perdido uno de sus altavoces, aunque también sea verdad que el patético hundimiento de Ciudadanos estaba ya más que descontado.

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