La Generalitat pagará 482 millones para liquidar la concesión del Eix Transversal

El Govern pretende liquidar la concesión del Eix Transversal y asumir directamente la gestión del tramo de la carretera C-25 entre Cervera y Caldes de Malavella, cuya construcción y mantenimiento fueron licitados en 2007. Ayer se lo comunicó oficialmente a Cedinsa, la sociedad titular del contrato, controlada en su mayoría por el grupo galo de inversiones Vauban Infraestructure Partners. La operación tendrá un coste máximo, señalan desde el Departamento de Economía y Finanzas, de 482,6 millones de euros, aunque el argumento para realizar la transacción es que acarreará un ahorro de 810 millones de euros entre 2022 y 2040, cuando el contrato expiraba, al evitar el pago que se realizaba cada año a la compañía adjudicataria.

Cedinsa se opone a la reversión concesionaria, para la que la Generalitat se ampara en una cláusula del contrato que permite rescindir el contrato de forma unilateral en tres momentos concretos: cuando la concesión cumple 10, 15 o 20 años desde la notificación de la adjudicación. Tanto Economía y Finanzas, que dirige Jaume Giró, como el Departamento de Políticas Digitales y Territorio, al mando del cual está Jordi Puigneró, entienden que estamos en el momento “15 años”, por lo que es posible liquidar el contrato y empezar a gestionar la C-25 a partir del 1 de enero de 2023.

El Eje Transversal es una carretera de peaje a la sombra, por el cual no es el conductor quien paga cada vez que la utiliza sino que es la Administración la que remunera directamente al propietario de la concesión por cada vehículo que la utiliza. Fue una fórmula escogida por la Generalitat para construir carreteras y ampliarlas sin utilizar recursos propios en su construcción y, a la vez, sin dar la sensación de que participaban en el incremento de las barreras de peaje en Cataluña.

Pese a que ya se ha comunicado a Cedinsa, fuentes de Economía y Finanzas afirman que no prevén que sea un trámite fácil de ejecutar. Estiman que el actual titular de la carretera apure la vía administrativa para evitar perder el contrato y que, en caso de no fructificar sus intentos, mantendrá el litigio por la vía del contencioso-administrativo, ya en los tribunales. De esa forma, las diferencias se acabarían de dirimir pasado un lustro y, de acabar teniendo la razón Cedinsa, se tendría que pagar una indemnización.

El Govern financiará la operación con deuda bancaria. Primero a través de recursos disponibles del Fondo de Liquidez Autonómico, que se utilizarían como un crédito puente; después utilizando préstamos para los que ya ha abierto un concurso público, y al que se habrían presentado de momento dos entidades financieras. Asimismo se prevé abrir un concurso para que una nueva compañía se encargue del mantenimiento de la vía a partir del próximo año, asumiendo la plantilla que actualmente se encarga de esas tareas.

La reversión tendrá un impacto en el déficit de la Generalitat de un máximo de 128 millones de euros (menos de una décima), aunque Economía y Finanzas resta importancia a ese impacto por la relajación de las medidas fiscales que impera en Europa desde la pandemia de la covid. Ese es uno de los motivos que han hecho tomar la decisión. Asimismo, para la Generalitat el pago alcanzará los 450,6 millones, porque aún está pendiente de pago un crédito vivo de 32 millones del préstamo que hizo la Generalitat a Cedinsa de 50 millones como ayuda en 2010 por los problemas financieros por los que atravesó la compañía durante la crisis financiera.

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