Millet sigue sintiéndose “impune” y no asume su culpa por el expolio del ‘caso Palau’
Una jueza cita los informes penitenciarios sobre el expresidente de la institución musical para denegarle el tercer grado
Fèlix Millet no obtendrá, por ahora, la semilibertad. El hombre que saqueó el Palau de la Música seguirá cumpliendo la pena que le condenó a nueve años y ocho meses de cárcel en segundo grado, el régimen ordinario en el que se encuentran la mayoría de presos. La jueza lo ha decidido tras leer los informes de los responsables de la prisión, que alertan de que Millet no ha asumido plenamente su culpa y sigue gozando de “cierta sensación de impunidad”. El auto concluye que concederle el tercer grado sería una decisión “precipitada”.
El pasado 31 de enero, el Departamento de Justicia acordó mantener el segundo grado a Millet. La defensa del expresidente del Palau recurrió la decisión ante el juzgado de vigilancia penitenciaria apelando a su avanzada edad (86 años) y a su deteriorado estado de salud. La jueza admite que Millet sufre una patología “grave irreversible e incurable”, que sin embargo no le impide cumplir la pena en segundo grado con un seguimiento médico “estrecho y continuado”. El auto recuerda que Millet no cumple la cuarta parte de la pena hasta octubre de este año, por lo que avanzarla sería precipitado.
Los informes de la junta de tratamiento -el grupo de expertos que evalúa a los presos- son más bien negativos. Millet sigue “minimizando” los hechos (el expolio de 25 millones de euros del Palau de la Música) y no acaba de asumirlos. Ha participado hasta en dos ocasiones en un programa específico de tratamiento para este tipo de delitos (”Para y piensa”), pero eso no le ha servido para “realizar una asunción plena de los hechos”, sino que realiza “una atribución externa”. “Persiste cierta sensación de impunidad y se muestra penitente de forma instrumental”, concluyen los técnicos y recoge la jueza.
Millet también había solicitado, sin éxito, la concesión del indulto. El Gobierno lo rechazó el pasado enero. En abril de 2020, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia sobre el caso Palau, que acreditó el saqueo de los fondos del Palau y también, por primera vez, la financiación ilegal de la desaparecida Convergèndia Democràtica de Catalunya (CDC).
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