Los profesores exhiben en la calle su enfado con la Generalitat en el primer día de huelga

El sector educativo se plantó este martes contra las políticas y, especialmente, contra las formas del Departamento de Educación que dirige Josep Gonzàlez-Cambray. Los sindicatos recogieron y canalizaron una década de descontento y sacaron a la calle al profesorado en una manifestación masiva, en el primero de los cinco días de huelga convocados para este mes de marzo. El seguimiento en los centros fue más irregular. La primera jornada se saldó sin progresos y con los sindicatos pidiendo la mediación del presidente Pere Aragonès para desencallar el conflicto.

Durante los últimos años, los profesores han sufrido una serie de recortes —carga de horas lectivas, reducción salarial, más trabajo, menos personal en los centros— que han creado un caldo de cultivo de descontento. Esa insatisfacción se ha acrecentado durante la pandemia, con protocolos no muy claros, cambiantes y que llegaban en el último momento, con la reapertura de las aulas con medidas de protección que consideraban insuficientes y con una montaña de asuntos a gestionar que nada tenían que ver con la educación. En este tiempo, los sindicatos no lograron movilizar a sus afiliados. No era el momento, pensaban muchos. La pandemia y los alumnos eran la prioridad.

Pero con la sexta ola ya más controlada llegó un anuncio inesperado: avanzar el inicio de curso una semana, una decisión que, según los profesores, trastoca la preparación de las clases y que no se había ni debatido ni negociado con la comunidad educativa. Esta ha sido la chispa que ha encendido los ánimos del profesorado y que ha logrado empoderar de nuevo a los sindicatos, que han logrado consensuar una huelga de cinco días en marzo y sacar a la calle a miles de profesores —22.000 según la Guardia Urbana, el doble según los convocantes—, la cifra más alta desde la manifestación contra los recortes y la ley Wert en octubre de 2013 (30.000 según el cuerpo policial).

El seguimiento de la huelga en las escuelas fue irregular, con baile de cifras incluido: el 33% en la pública y el 8% en la concertada, según el Departamento, pero un 70% en la pública y más del 50% en la concertada, según los sindicatos.

La manifestación finalizó ante las puertas del Departamento de Educación y los sindicatos lograron que los recibiera Cambray. Apenas 15 minutos de encuentro, que no dio frutos. Los representantes sindicales abandonaron la reunión tras constatar, según explicaron, que el consejero no les hacía ninguna propuesta ni consideraba ninguna de sus reivindicaciones, y solicitaron la mediación del presidente Pere Aragonès para desencallar el conflicto. El Departamento de Educación declinó valorar la reunión.

Para intentar apaciguar los ánimos, justo este martes el Govern aprobó un complemento salarial para los directores de la pública, a cobrar de forma retroactiva desde el 1 de enero. Cambray envió el jueves una carta a las direcciones, en tono propagandístico, recordando las mejoras para el próximo curso.

La reunión se producía en el mismo momento que desde el Govern se pedía retomar el diálogo. Falta por ver si Aragonès recogerá ahora el guante de los sindicatos y las riendas del conflicto, hecho que le podría hacer ganar unos tantos de popularidad.

Mientras tanto, la protesta educativa tomó también tintes políticos. Los partidos de la oposición reclamaron al Govern que negocie con los sindicatos y que alcance un consenso. El PSC deploró las formas de anunciar el calendario escolar: “Ellos que constantemente piden diálogo tendrían que aplicárselo”. Desde las filas en En Comú Podem, pidieron a Cambray que “reflexione” y tome la huelga como “un toque de alerta”. Ciudadanos también apeló al consejero para que “deje de enrocarse en la altivez”, mientras que la CUP planteó esta disyuntiva: “Negociación o dimisión”.

El sector educativo vive este miércoles la segunda jornada de huelga. Se espera que, a medida que avancen los días, el seguimiento se reduzca porque el primero era el día en que coincidían todos los sectores: desde la educación pública no universitaria (de 0 a 18 años) a la escuela concertada, el personal laboral, el de apoyo educativo y hasta el sector de los comedores escolares.