El PSC aborda el debate de la financiación autonómica con una propuesta federal

El Partit dels Socialistes (PSC) ha decidido este mediodía implicarse en el debate de la reforma del modelo de financiación con la presentación de un informe de su fundación, la Rafael Campalans, que defiende la necesidad imperiosa de reformar el modelo, caducado desde 2014. El estudio, firmado por las economistas Montserrat Colldeforns y Maria Antònia Monés, considera que el nuevo sistema debería elevar la base de recursos que se reparte entre las comunidades autónomas y acabar con la opacidad de esa distribución que provoca el uso de hasta cuatro fondos diferentes, que se fueron incluyendo en el modelo para satisfacer las reivindicaciones de los diferentes gobiernos autonómicos. El objetivo es, según las expertas, un modelo que logre una nivelación parcial real de los recursos de cada comunidad y que abogue por la equidad más que por la igualdad.

Bajo el título Apuntes para una reforma federal del sistema de financiación autonómica, el documento ha sido expuesto en un acto el Colegio de Periodistas de Cataluña. El PSC ha arropado a las autoras -el expresidente catalán José Montilla ha abierto el foro- pero su primer secretario, Salvador Illa, ha querido puntualizar y marcar distancias. “No es la posición del PSC, pero es el inicio de un proceso de reflexión que hay que hacer de forma serena y sin prisas”, ha advertido Illa. “La financiación no es la solución para Cataluña, pero sin ella no hay solución. Es una parte relevante”, ha afirmado. El plan del PSC es aprobar su propio documento propositivo a finales de este semestre. “No venimos a pontificar ni a dar lecciones. Venimos a aportar”, ha recalcado Illa.

El Gobierno Central ha fijado como una de sus apuestas de esta legislatura aprobar la reforma que reclaman tanto los presidentes autonómicos socialistas como los del PP. El Ministerio de Hacienda envió este diciembre un documento a las comunidades para que presentaran alegaciones sobre el mismo como punto de partida. El texto aludía a la población ajustada, una de las variables sobre las que descansa el modelo. El Ejecutivo catalán considera que la financiación es una pantalla pasada y ha renunciado a liderar esa negociación como hizo en otras ocasiones.

La conclusión es que se deben simplificar los fondos porque acaban convirtiendo el actual modelo en una “anomalía” entre los sistema de financiación en los estados federales

Las autoras del informe abogan por un cambio de modelo de ingresos tributarios, tanto para otorgar mayor disponibilidad de caja a las autonomías como para hacerlas corresponsables de la gestión tributaria. La conclusión es que existe infrafinanciación autonómica y se apuesta por que las comunidades participen en los nuevos impuestos creados por el Gobierno. Su objetivo es que se simplifiquen los diferentes fondos de compensación que hay ahora, que acaban convirtiendo el actual modelo en una “anomalía” entre los sistemas de financiación, dice el PSC. El estudio aboga por mantener el actual fondo de garantía de Servicios Públicos, en el que está el 75% de los recursos a redistribuir, y eliminar los fondos de Suficiencia, de Competitividad y el de cooperación, que según el consenso de los expertos en financiación autonómica no dan claridad al reparto entre comunidades y provocan disfunciones, como por ejemplo que las comunidades más ricas acaben, tras la redistribución de recursos, por debajo de las más pobres.

Esa propuesta de eliminar todos los fondos complementarios fue la que hizo Antoni Castells en 2009 (consejero de Economía con el Tripartito) y se incorporó, pero se aplicaron otros fondos. “Al final quedó desvirtuado”, señala Monés que defiende que se aplique la “equidad” como principio, común en los países federales del entorno de España, y no el de la igualdad. La fórmula persigue una nivelación parcial y no total de los recursos entre comunidades. “Es un objetivo asumible pero no fácil. Una mayoría de comunidades tiene un PIB por debajo de la media y consideran que les conviene más una nivelación total”, ha admitido Monés. “La falta de transparencia, los pactos bilaterales implícitos, las fórmulas endiabladas de cálculo o querer contentar a todo el mundo en peticiones contradictorias solo llevan a un mal acuerdo”.

En 2017 el Gobierno puso en marcha una comisión de expertos, que ya ha entregado sus conclusiones, pero la negociación, todavía no iniciada, se prevé ardua y prolongada por los diferentes intereses de cada comunidad, como ha quedado claro en la propuesta del Gobierno sobre uno de los elementos esenciales de la distribución de recursos: el cálculo corrector base para asignar recursos, más conocido como “población ajustada”. Las comunidades más despobladas quieren que se tengan en cuenta los gastos asociados con el coste extraordinario de aproximar a los ciudadanos servicios con menos usuarios. El documento asume que esa población ajustada debería incorporar elementos como el coste de vida y los salarios de cada territorio (que beneficiaría a las comunidades más ricas como Madrid y Cataluña), pese a que admite que “la mayoría de países federales que nos sirven de referencia han optado por basarse en la población sin ningún tipo de corrección”, en referencia a Canadá, Alemania, Suiza y Austria.

Francisco Pérez, director del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, ha aplaudido el documento porque apuesta por la cooperación de Cataluña y recoge una voluntad federalista respetando las diferencias. Pérez ha subrayado que el actual sistema es deficiente en materia de equidad y responsabilidad financiera y ha coincidido que la nivelación parcial queda deformada por el resto de fondos. “No se puede tratar a los españoles de forma diferente en función del lugar donde viven”, ha afirmado en alusión a los de la Comunidad valenciana advirtiendo del riesgo de que el Gobierno acabe optando por “hacer un Rajoy”, es decir, no modificar nada ante la complejidad del mecanismo. “Hay comunidades que no quieren ni más responsabilidad ni menos status quo. Y así difícilmente se va a completar un estado descentralizado”. Y añade además este dato: “La Comunidad Valenciana está por debajo 12 putos de la media en renta per cápita y es contribuyente renta”.

El documento también defiende poner en marcha la Agencia Tributaria consorciada acordada en el actual Estatuto de Autonomía, con el objetivo de dar mayor agilidad en el sistema a la hora de repartir recursos, de forma que se pueda reducir el periodo necesario entre liquidaciones de impuestos y transferencias a las comunidades. E incluso los cambios normativos de determinados impuestos, que provocan que entre una modificación del IRPF y su impacto en la tesorería autonómica pasen dos años.