La Audiencia deja en el aire que el Palau de la Música recupere los 6,6 millones del saqueo

La Audiencia de Barcelona ha dejado en el aire que el Palau de la Música recupere los 6,6 millones de euros desviados a Convergència al no aclarar si el PDeCAT y JxCAT deben asumir ese pago como sucesoras, después de que el Supremo haya resuelto que las fincas embargadas a la extinta formación son para sus acreedores. En un auto, la Audiencia se ha declarado no competente para resolver si PDeCAT y JxCAT deben costear la suma decomisada a CDC en el fallo por el expolio del Palau lo que paraliza la ejecución de esa pieza de responsabilidad civil y le deja con pocas posibilidades de resarcirse por el desvío de fondos.

El Supremo confirmó en 2020 la sentencia por el saqueo del Palau a manos de Fèlix Millet y Jordi Montull, condenó al tesorero Daniel Osàcar y ordenó el decomiso de los 6,6 millones de euros que la extinta CDC cobró en comisiones ilegales de Ferrovial a través del Palau. Tras ese fallo, la Audiencia de Barcelona abrió una pieza para ejecutar las indemnizaciones fijadas, que transcurre en paralelo al concurso de acreedores que CDC presentó de forma voluntaria ante el juzgado mercantil número 9 de Barcelona tan solo dos meses después de su condena por el expolio.

Los dos procedimientos, el de la Audiencia y el mercantil, se disputaron el destino de las 22 sedes embargadas a CDC para para resarcir al Palau pero el Supremo ha resuelto que esos bienes se integren en la masa concursal. La Audiencia reconoce que ya no tiene competencia para declarar la sucesión de la extinta CDC en el PDeCAT y Junts aunque subraya que el Palau “tiene facultades para personarse” ante el juzgado mercantil. La sala admite que las 22 fincas forman parte de la masa de acreedores. El grupo parlamentario de Junts dedicó el 60% de su subvención en la pasada legislatura a financiar a PDeCAT y a costear una póliza de CDC.

La sala remarca que los documentos que aporta el Palau apuntando a Junts y PDeCAT no son “suficientes” como tampoco lo es “acreditar una identidad política o ideológica” a los efectos de declarar una sucesión al ser necesario que sea funcional y económica. Y no se ha demostrado que los partidos “sucesores ideológicos” de CDC hayan recibido bienes o ganancias procedentes del expolio. “No se les puede obligar a responder con sus bienes del pago de una suma a la que no fueron condenados como responsables de un delito”.