El Govern vuelve a recurrir a los comunes para salvar el decreto de energías renovables tras el rechazo de la CUP
David Cid, portavoz de los comunes, desliga la medida de la negociación presupuestaria pero subraya que existe una mayoría alternativa en el Parlament
El Govern logrará este miércoles que el Parlament convalide el nuevo decreto de energías renovables, que sustituye al de 2019, gracias a los votos a favor de los dos grupos que sustentan al Ejecutivo —ERC y Junts, que suman juntos 65 diputados— y los 8 de En Comú Podem (73 sobre 135). La nueva norma, aprobada por el Govern hace un mes, da más poder a los municipios y a sus habitantes para frenar la construcción de parques eólicos y fotovoltaicos, y fue ideada con la voluntad de contentar a la CUP, a la que sin embargo no ha logrado convencer. Los anticapitalistas anunciaron anteayer que rechazarían el decreto, entre otras razones, por “da carta blanca a los oligopolios energéticos”.
Con su posición, el hemiciclo visualizará de nuevo la misma mayoría que permitió al Ejecutivo superar el debate la totalidad de los presupuestos. Los <CF1000>comunes</CF>, que creen que el decreto de energía verde es una medida urgente que se debería haber aplicado ya hace tiempo, coinciden con ERC en desligar el acuerdo de la negociación de las cuentas.
Lucas Ferro, diputado de los comunes, señaló ayer que el Govern debería haber aprobado ese decreto hace 10 años al lamentar que Cataluña está en la cola de España y Europa tanto en potencia como en generación de renovables. “Esta situación pone en riesgo el cierre de las nucleares y genera dependencia energética”, deploró el diputado y lamento que solo el 10% de la energía que se consume en Cataluña es verde. El apoyo de los comunes está condicionado a que la consejera de Acción Climática, Teresa Jordà, comparezca una vez al año para detallar el avance en renovables.
La esencia del decreto consiste en endurecer las medidas para instalar parques y plantea un mayor consenso en el territorio respecto a la anterior norma. La CUP fue el único partido que en 2019 votó en contra del anterior decreto. El acuerdo de investidura entre ERC y la CUP para investir a Pere Aragonès incluía una moratoria a los grandes proyectos en trámite “de alto impacto territorial”.
La consejera Jordà se afanó desde principios de legislatura en redactar este nuevo decreto que, en la práctica, pone más trabas que el anterior al desarrollo de grandes proyectos al exigir que no se registren en la Administración sin haber sido consensuados con los propietarios de al menos un 50% de la superficie del terreno afectado.
La votación del decreto reflejará otra vez que ERC y Junts tienen como aliado a los comunes en lugar de la CUP mostrando un nuevo rasguño en la mayoría independentista, rota en los presupuestos y en cómo afrontar la hoja de ruta independentista. David Cid, portavoz de los comunes, aclaró que negociaban el decreto desde hacía tiempo y lo desvinculó de las cuentas. “Es verdad que decimos que hay una mayoría alternativa que hace avanzar Cataluña. No quiero prefigurar lo que pasará”, dijo, “Pero queremos hacer una oposición constructiva para avanzar”. El PSC, que quiere que el texto se trámite como proyecto de ley para presentar enmiendas, votará en contra.
El acuerdo de las renovables deja en una posición cuando menos incómoda a la CUP, aunque la diputada Eulàlia Reguant subrayó que no les sorprendía el apoyo de los comunes porque el decreto fue aprobado hace un mes. La CUP ya comunicó entonces al Govern, en plena negociación presupuestaria, su rechazo. ”El decreto es insuficiente”, dijo Reguant que señaló que el texto no se alinea con el territorio para afrontar “los retos climáticos” y no acaba de apostar por un “modelo democrático, descentralizado y cohesionado”. ”El Govern cae en los mismos errores. Obvia la planificación territorial. Lamentamos que las reivindicaciones de las plataformas no estén en el texto”, dijo.
La diputada no quiso profundizar si aún es válido el acuerdo de investidura entre la CUP y ERC al alegar que su preocupación está centrada en los presupuestos. Sin embargo, sí que defendió que el president debería cumplir lo pactado y someterse a la cuestión de confianza en 2023. Precisamente, Aragonès dijo el domingo que en las próximas reuniones evaluarían si tiene sentido esa medida. En cualquier caso, Reguant rechazó “especular” si la CUP ya no es el socio preferente del Govern en favor de los comunes. ”El socio prioritario en el debate de política general ya fue el PSC”, zanjó. Raquel Sans, de ERC, recogió la idea de Aragonès de revisar el acuerdo pero deslizó que siempre quieren mantener a la CUP “en la ecuación”.
Un aval de 110 millones para ampliar La Fira y 40 para Salud
El plazo para presentar enmiendas al articulado de los Presupuestos, que se votarán en el Pleno el próximo día 23, concluyó ayer y reflejó los primeros acuerdos entre ERC, Junts y En Comú Podem. La modificación del texto recoge 40 millones de euros para atención primaria y en esa partida está incluida la reivindicación de los comunes para el servicio de un dentista público. Las conversaciones entre los tres partidos —participan tanto dirigentes de los departamentos de Presidencia (ERC) como de Economía (Junts)— continúan y los comunes aseguran que las negociaciones van por buen camino hasta el punto que auguran que la cifra de 40 millones se modificará al alza.
Las enmiendas de Junts y ERC —los comunes no las tramitaron— incorporan otra reivindicación del partido de Ada Colau: siete millones de euros para iniciar las obras del tranvía en el Camp de Tarragona y para el estudio informativo del tranvía del Bages y del anteproyecto del tranvía de la Costa Brava, el del Delta del Ebro y el Pirineo. Con todo, la partida más voluminosa es la de un aval de 110 millones de euros para unas obras de ampliación en la Fira de Barcelona. Los comunes </CF>aseguran que no se trata de una exigencia suya aunque le dan la bienvenida. La suma se consensuó con el Ayuntamiento de Barcelona.
Frente a la postura de los comunes, la CUP registró unas 50 enmiendas. “Hay alternativa a los presupuestos de los macro proyectos y de los casinos”, ilustró la diputada Eulàlia Reguant. Los solicitan modificar los salarios de los altos cargos en la Generalitat, aumentar la partida para la renta básica universal, alcanzar los 1.000 millones en vivienda pública, internalizar el 112 y el 061 o impulsar la farmacéutica y la banca pública. “Nos preocupa que la energética pública o la renta básica sean muy tímidas y tengan tan poco peso en los presupuestos”, dijo la diputada que acusó al Govern de apostar por un “turismo de masas” y la “especulación inmobiliaria” en proyectos como los Juegos de Invierno, el aeropuerto o el Hard Rock Café. La suma de 120 millones para el macro complejo de Tarragona figura en la ley de acompañamiento aún en fase de negociación. Los comunes no han fijado líneas rojas y queda la duda de si la partida estará incluida o no.
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