Doble moral institucional y fondos europeos

Bertrand Russell mantenía que la humanidad tenía una moral doble: la que se predica, pero no se practica y viceversa, la que se practica, pero no se predica. Una reflexión sugerente a la vista de la aprobación del llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Se trata del instrumento, promovido por la Unión Europea, para mitigar el impacto de la pandemia de la Covid-19 y aprovechar la ocasión para el desarrollo social. Todo ello para garantizar que nuestras sociedades están en condiciones de superar problemas repentinos, que a menudo hay que asumir sin simulacros previos. Hacer, como suele decirse, de la necesidad, virtud.

Estas iniciativas propiciadas por el PRTR supondrán una inyección millonaria para nuestras administraciones y, naturalmente, quien las financia quiere que se haga una gestión eficaz, de acuerdo con una serie de estándares formales y operativos. Aspectos de equidad, la cohesión territorial, el respeto al medio ambiente o la lucha contra el fraude y la corrupción son sus principios rectores. Se deben alcanzar las metas y objetivos, pero no a cualquier precio.

Los Planes de Medidas Antifraude son la herramienta establecida por la normativa española para garantizar la gestión escrupulosa de los fondos recibidos. En la práctica supone la obligación que las entidades gestoras de los fondos Next Generation aprueben su propio plan antifraude. Deben hacerlo en el plazo de 90 días desde que tengan conocimiento que participarán en la ejecución. Esto implicará poner en marcha una serie de medidas mínimas, entre ellas: evaluar el riesgo de fraude, definir medidas de prevención y establecer medidas de detección y corrección ante las sospechas en áreas sensibles, como los conflictos de interés.

A los que nos dedicamos al control de la corrupción, como es el caso de la Oficina Antifraude, ninguna de estas iniciativas nos viene de nuevo. Persuadir a las instituciones del sector público de Cataluña que es necesario adelantarse y trabajar desde la prevención, para asegurar la administración honesta y transparente de los recursos públicos, es nuestra obsesión. Partimos de la premisa de que perseguir y castigar la corrupción y acabar con la impunidad es indispensable, pero es insuficiente. Prevenirla eficazmente es la gran asignatura pendiente y, permítanme el lamento, una gran parte de nuestras administraciones todavía no tiene estos temas en sus agendas. Son creyentes, pero no practicantes, un paradigma que Europa nos obliga a revisar.

Sin poner en duda la necesidad de impulsar estos planes antifraude, es inevitable preguntarse si sería razonable limitar la buena gestión a los fondos europeos mientras dejamos de lado la mejora de la gestión de los fondos presupuestarios ordinarios. Una situación como la descrita resulta inconcebible desde la mentalidad que inspiró el funcionamiento de la Unión Europea, que impone a los Estados miembros que adopten para combatir el fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión las mismas medidas que para combatir el fraude que afecte a sus propios intereses financieros.

Estaríamos aplicando una doble moral, una doble vara para medir el compromiso con la integridad según quien ejerce su control. En Europa, pulcritud; dentro de casa, laxitud. El viejo dilema entre la obligación y la devoción.