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El Gobierno catalán retrasa a 2023 los impuestos verdes a cruceros, barcos de mercancías y empresas contaminantes

Las dos tasas para gravar emisiones acumulan cuatro años de retraso

Puerto de cruceros de Barcelona cambio climático
Tres cruceros en el puerto de Barcelona. Carles Ribas (EL PAÍS)

El Govern ha descartado aprobar este año dos de los tres tributos incluidos en la Ley de Cambio Climático pendientes de implantar. Descartada la vía de la ley de acompañamiento de los presupuestos autonómicos, tanto la tasa que tenía como objetivo gravar la actividad de los buques en los puertos como el que ponía en foco en las actividades económicas generadoras de gases contaminantes se desarrollarán a través de sendas leyes que se prevén llevar al Parlament en 2023. La entrada en vigor prevista, si los calendarios no se vuelven a torcer será cuatro años después de lo que dispone la ley aprobada en 2017.

La consejería de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural prevé empezar primero a trabajar, antes de que concluye este año, el articulado del tributo sobre buques. Fuentes del Ejecutivo sostienen que se ha evitado incluir la creación de los tributos en la ley de Medidas Fiscales tras considerar la complejidad para su elaboración. Sin embargo, fue así como se activó el impuesto sobre las emisiones de Co2 de los vehículos: en la ley de acompañamiento de los Presupuestos de 2020, en la que iba también una batería de nuevas tasas y modificaciones de otras ya existentes.

Pese a aquel estreno legal, la complejidad de tener el censo de vehículos retrasaron la liquidación del impuesto hasta ahora, cuando han aflorado además problemas por la falta de actualización del listado de coches afectados por el tributo. Hasta ahora, el Govern no había hecho movimientos para aprobar los dos impuestos. En el caso del que afecta a grandes buques ( cruceros y barcos de mercancías), una de las grandes afectadas será la actividad del Puerto de Barcelona, presidido por el anterior consejero de Territorio, Damià Calvet. La ley de Cambio Climático fue uno de las pocas normas que logró, a solo dos meses del referéndum del 1-0, conseguir un gran consenso entre los partidos, entonces muy distanciados por la cuestión independentista. Se aprobó con los votos de JxSí,ERC,Cs,PSC y Catalunya Sí que es Pot. Solo el PP se abstuvo. La norma tuvo después escollos: fue recurrida por el entonces Gobierno de Rajoy ante el Tribunal Constitucional por “invadir competencias estatales”. Aunque el alto tribunal levantó en abril de 2018 su suspensión, declaró inconstitucional el articulado que regulaba el fracking.

La ley marca como objetivo que las navieras tributen por las emisiones de óxidos de nitrógeno (la base imponible serán los kilos de emisiones) durante sus operaciones de maniobras y su presencia en el puerto, con un coste de 1.000 euros por tonelada. Según datos de la Autoridad Portuaria de Barcelona, en el puerto se emitían en 2013 más de 5.500 toneladas de NOx. Esas instalaciones son una de las principales fuentes de contaminación de Barcelona, sobre todo por la actividad de los cruceros durante su escala. La APB aprobó en marzo un plan de electrificación de muelles, justamente para evitar que los barcos tuvieran que utilizar sus generadores mientras están varados. La inversión, de 90 millones, plantea recortar las emisiones de Co2 a la mitad en 2030.

El otro tributo que se prevé empezar a aplicar a partir de 2023 es el que afecta a todas aquellas actividades económicas que llevan aparejada la emisión de gases. Como en el otro caso, la ley establecía que el despliegue de ese impuesto fuero presentado en el Parlament antes de terminar 2017. Dos años después, la mayoría del Parlament aprobó una moción, con la única oposición del PP y de Ciudadanos, que reclamaba su puesta en marcha este año. Ambos textos han sido obviados. El tributo afectará básicamente a actividades industriales y de generación eléctrica y gravará la huella de carbono a un coste de 10 euros por cada tonelada de Co2. Esa era la cifra que se tenía que establecer de origen, pero a los seis años de vigencia tenía que aumentar hasta los 30 euros.

Maria García, portavoz de Zeroport, una de las plataformas que más ha batallado para que se graven a los grandes buques, “celebra” que el Govern esté afinando ya su implantación, aunque se queja del retraso. También la cree “insuficiente” porque, aunque opina que sí tendrá algo de “incidencia”, no conseguirá reducir drásticamente las emisiones.

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