El cuento de la ley electoral

El pasado 21 de septiembre el Consejo Ejecutivo aprobó el Plan de Gobierno para la presente legislatura. Entre otras muchas medidas, el Plan promete “la aprobación de un proyecto de ley electoral de Cataluña”. Sorprende que se proponga la aprobación de un proyecto de ley en lugar de una ley, pero en todo caso supone un avance respecto al Plan de la legislatura anterior, cuando el Gobierno de Quim Torra no fue más allá de anunciar el impulso del voto electrónico en los procesos electorales.

Como es sabido, Cataluña es la única comunidad autónoma española que no ha desarrollado una ley electoral propia. A día de hoy, las elecciones catalanas siguen reguladas por la famosa disposición transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía de 1979 y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General española. Un rasgo singular de la disposición transitoria es que repartió los 135 diputados a elegir entre las cuatro provincias catalanas de una manera deliberadamente no proporcional a su población. Así, a la provincia de Barcelona le correspondieron 85 diputados en lugar de los 105 que le habrían tocado en función de su número de habitantes. Hay quien dice que 85 fue la media aritmética entre los 65 que proponían los que querían castigar todavía más a Barcelona y los 105 de los partidarios de atender al criterio de la población.

La suma de este sesgado reparto de escaños por provincias y la regla d’Hondt hacen que el sistema electoral vigente en Cataluña no se caracterice precisamente por su proporcionalidad. Mientras que en países de referencia como Alemania, Bélgica o Dinamarca el porcentaje de escaños de cada partido se acerca mucho al porcentaje de votos que obtienen, en Cataluña las cosas no van así. Sin ir más lejos, la holgada mayoría absoluta independentista en el Parlamento de que gozan ERC, JxCat y la CUP (55% de los escaños) reposa solo en el 48% de los votos. (Mucho se ha hablado del 52% de voto independentista; sin entrar en el generoso redondeo del porcentaje exacto, hay que recordar que en los parlamentos serios los votos de candidaturas extraparlamentarias simplemente no cuentan).

¿Qué cabe esperar de la previsión del Plan de Gobierno para esta legislatura? Si las resoluciones que se aprueban en los debates de política general son indicativas de las prioridades políticas del momento, no parece que ahora mismo haya mucho interés en la aprobación de una ley electoral. En el pasado debate de política general, el Parlamento tumbó la única propuesta de resolución sobre este tema, presentada por el grupo parlamentario de Ciudadanos. La mayoría de la Cámara prefirió no secundar la idea de “una ley electoral que garantice la igualdad en el valor del voto de cada ciudadano”. Esa votación es indicativa de lo que probablemente va a suceder con la ley electoral: es posible que se den pasos para elaborarla y que se llegue a acuerdos en cuestiones como el voto electrónico, pero en el apartado del sistema electoral no va a haber acuerdo, del mismo modo que no lo hubo en el último intento de 2015, cuando llegó a publicarse una proposición de ley en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, cuyo título III (“del sistema electoral”) consistía en unos elocuentes puntos suspensivos entre corchetes.

La razón es simple: ahora mismo, los partidos independentistas en su conjunto no tienen ningún incentivo para poner en riesgo sus mayorías absolutas en pro de una mayor proporcionalidad. Y ni ERC ni JxCat en particular tienen ningún interés en que la provincia de Lérida –un feudo independentista– pase de los 15 escaños que le corresponden actualmente a los 6 que le tocarían por población.

A este respecto cabe señalar un dato significativo. Estos días se celebran las elecciones para la autodenominada Assemblea de Representants del Consell per la República, convocadas por el tinglado del expresidente Carles Puigdemont en Waterloo. Las elecciones, inspiradas vagamente en el modelo alemán (hay un primer voto por circunscripciones y un segundo voto sobre una lista única nacional), tienen una particularidad: sin que la convocatoria lo explicite, los 81 escaños del llamado “bloque territorial” se reparten por las circunscripciones de acuerdo a su población. En resumen: parece que cuando solo votan independentistas (los 100.000 socios del Consell), la proporcionalidad sí que importa; cuando vota todo el mundo, en cambio, la proporcionalidad debe sacrificarse en aras de la mayoría independentista –o, como diría Adam Casals, el desengañado exdelegado de la Generalitat en Viena—, en aras de conservar el poder.

Albert Branchadell es profesor en la Facultad de Traducción e Interpretación de la UAB.