Josep Costa anuncia que se querellará contra la juez que ordenó arrestarle para que fuera a declarar
El expresidente del Parlament se había negado a comparecer en el marco de la investigación pou un supuesto delito de desobediencia
Los Mossos d’Esquadra han detenido este miércoles al exvicepresidente del Parlament, Josep Costa, para que comparezca como investigado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El exdiputado de Junts per Catalunya plantó el pasado 15 de septiembre a la juez que investiga un presunto delito de desobediencia de los anteriores miembros independentistas de la Mesa de la Cámara. Les acusa de haber tramitado en noviembre de 2019 resoluciones a favor de la autodeterminación y de reprobación de la monarquía pese a las advertencias del Tribunal Constitucional. Costa que dado en libertad horas después tras anunciarle a la juez que se acoge a su derecho a no declarar y ha anunciado que piensa recusarla y llevar ante la justicia una detención que ilegal.
El ex alto cargó, que ya no es diputado, explicó tras salir del Tribunal que, antes de las 10.30 de ayer, unos mossos fueron a su domicilio y le llevaron al calabozo. Su defensa presentó un recurso de habeas corpus por detención ilegal. Fuentes del tribunal señalan que la citación no solo es legal y que desde la primera notificación se le informó de que, en caso de ausencia, podría ser detenido. En el auto de detención, la magistrada Maria Eugènia Alegret recuerda que Costa “no alegó causa alguna que justificase su incomparecencia”, de lo que se deduce “la no disposición de comparecer ante la autoridad judicial de forma voluntaria”.
11:24 rebo una trucada de @josepcosta :està detingut al calabós del TSJC.
— Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) October 27, 2021
11:34 em persono per demanar veure’l.
11:42 el president del TSJC ha donat ordres expresses que no entri a l’edifici.
Avui és 27O. Han detingut l’exvicepresident del @parlamentcat L’estat no se n’oblida.
A través de las redes sociales, Costa había asegurado en su día que no asistiría la vista de septiembre pasado en tanto no reconocía la competencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya para decidir sobre el contenido de los debates parlamentarios.
El independentismo no ha tardado en rechazar el hecho y la propia presidenta del Parlament, Laura Borràs, se ha presentado en la sede del TJSC para apoyarle. Para la líder de la Cámara, “no es una casualidad” el día escogido para la detención coincida con el cuarto aniversario de la fallida declaración unilateral de independencia que promovió el entonces presidente catalán Carles Puigdemont. “Es toda una provocación”, ha asegurado Borràs , que también ha denunciado que se le haya impedido ver al exdiputado con el que tiene una relación muy cercana tras las elecciones de 2017 y que en su día formaron el círculo más cercano al president Quim Torra.
Su partido, Junts, ha secundado esa tesis. “La detención de Josep Costa en el cuarto aniversario del 27-O no es casual. Una provocación más y una muestra de su nula voluntad de diálogo”, ha tuiteado el secretario general de la formación, Jordi Sànchez. El expresident Puigdemont, buscado por la justicia española, ha asegurado desde Bruselas que se trata de un castigo ejemplificante al exvicepresidente del Parlament por su compromiso con la independencia.
Hasta la sede del Tribunal en Barcelona, cercana a la de la Cámara catalana, llegaron varios diputados independentistas. Se han ausentado de algunas de las comisiones que se celebraban para mostrar su apoyo a Costa. La vicepresidenta actual de la Mesa, la republicana Alba Vergès, ha asegurado que la detención es“una muestra más de que la represión no cesa y que esta causa general contra el independentismo hoy está enfocada contra la Mesa”.
Costa, a diferencia del expresidente del Parlament Roger Torrent o de los exsecretarios Eusebi Campdepadrós (Junts) y Adriana Delgado (ERC) no acudió a declarar el pasado 15 de septiembre. Los cuatro eran el objeto de una querella que presentó la Fiscalía en marzo y en la que se les acusa de haber desobedecido las órdenes del Constitucional. Los hechos se remontan a 2019, cuando la Mesa dio trámite a una propuesta de resolución de Junts, ERC y CUP en la que se reivindicaba la “defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político”. El TC había prohibido expresamente permitir o promover iniciativas que hicieran referencia a una declaración anterior, de 2015 y anulada, quedaba inicio al procés. Algo similar ocurrió con la relacionada con la Monarquía.
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