La CUP y En Comú Podem acusan al Govern de dejar sin plaza de FP a miles de alumnos

La CUP, socio parlamentario de la mayoría del Govern, y En Comú Podem acusaron este lunes al Departamento de Educación, dirigido por el consejero Josep González-Cambray, de haber dejado sin plaza pública a miles de alumnos que querían cursar estudios de Formación Profesional. Los datos varían: los anticapitalistas calculan que los afectados son entre 9.000 y 10.000 y los comunes sostienen que son 20.000. La consejería alega que no puede dar cifras hasta que no concluya un segundo periodo de inscripción de matrículas, pero asegura que serán pocos los que se quedarán sin plaza.

La preocupación empezó con las preinscripciones, en verano. El Síndic de Greuges afirmó que 24.000 personas se quedarían sin la plaza que querían en grado medio o superior. “La mayoría de familias se ha buscado la vida y ha matriculado a los hijos en otros sitios, como la privada. Por eso ahora el departamento dice que no habrá tanta gente sin plaza”, afirma Rodri Plaza, responsable de FP en el sindicato CC OO.

Carles Riera, diputado de la CUP, dijo que la exclusión de esos alumnos del sistema público supone una vulneración de un derecho fundamental que a muchos alumnos les puede abocar al abandono definitivo de los estudios por no poder costear sus familias un centro privado. “El Departamento no solo ha cometido un acto de planificación: ha incurrido también en una negligencia”, dijo el anticapitalista en referencia a que se conocía desde hacía tiempo el aumento demográfico en los segmentos de edad de alumnos que acaban la ESO; que se había producido además un aumento de un 17% de solicitudes de FP y que la mitad de estudiantes que finalizan la ESO suelen reclaman estudiar FP.

Los anticapitalistas registraron ayer en el Parlament una propuesta de resolución para censurar la actuación del Govern. El enunciado es elocuente: “Propuesta sobre la negligencia y deficiencias del departamento de Educación en la planificación, provisión y gestión de la FP”. Según los datos de la CUP, la consejería recibió 93.987 solicitudes de preinscripción y 14.000 no pudieron ser atendidas. Por ello, abrió un segundo plazo de inscripción en septiembre con 4.479 nuevas plazas . “Han quedado fuera entre 9.000 y 10.000 personas, que no es poco”, dijo.

En el texto, solicitan saber el número de personas afectadas, por zonas; garantizar y dotar de medios tecnológicos a los alumnos obligados a estudiar a distancia y crear una partida extraordinaria para atender esas plazas, entre otras medidas. Joan Mena, de los comunes, afirmó que una FP pública es un derecho esencial y pidió la comparecencia del consejero en el Parlament. “Cataluña no ha hecho los deberes y pagamos las consecuencias”, dijo.