Aragonès elude las dimisiones en el Instituto Catalán de Finanzas por los avales a los exaltos cargos

El president Pere Aragonès ha pasado este sábado de puntillas sobre la polémica desatada por la forma cómo se aprobó, en el seno del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), el aval a los exaltos cargos de la Generalitat que el Tribunal de Cuentas investiga por supuestamente malversar dinero público para promover a nivel internacional el procés. El republicano, durante un acto en Terrassa (Barcelona), se ha limitado a expresar su agradecimiento a “todos los servidores públicos” por “el compromiso” con sus labores y ha soslayado el hecho de que tres consejeros independientes de esa entidad hayan abandonado el cargo antes de votar la aprobación de la garantía que avalaba la multa de 5,4 millones impuesta por el órgano fiscalizador. El jefe de la oposición, el socialista Salvador Illa, ha pedido explicaciones a los representantes políticos del ICF.

“Nosotros queremos agradecer el trabajo de todos los organismos públicos, y eso incluye a los que han estado miembros del consejo de dirección del ICF, que han hecho un trabajo muy importante en estos últimos años. Solo puedo tener palabras de agradecimiento por su compromiso”, ha asegurado el jefe del Govern. Este lunes, antes de la votación que permitió entregar la garantía de manera directa a los investigados, dimitieron los consejeros Francesc Casas, Mercedes Domingo y Virginia Verger.

Aragonès se ha mostrado confiado en que, el próximo lunes, el Tribunal de Cuentas acepte el aval aprobado por el ICF el pasado martes y que, al mismo tiempo, el Consejo de Garantias Estatutarias certifique en el Parlament la legalidad del decreto ley -aprobado por el Govern e impulsado por el departamento de Economía- que creaba el mecanismo para ayudar a los altos cargos. Se trataba de una fórmula de avales y contravales. Como ningún banco quiso participar en la operación, ante las dudas legales que levantaba, la Generalitat usó otra vía establecida en la norma, que era el aval directo.

Esa garantía, sin necesidad de contar con un banco, tenía que ser aprobada por el ICF. Este instituto es una entidad financiera que tiene a la Generalitat como único accionista y fue fundada en 1985 con la misión de “impulsar y facilitar el acceso a la financiación al tejido económico de Cataluña”. Su objetivo, según se detalla en su página corporativa, es “contribuir al crecimiento de la economía catalana actuando como complemento del sector financiero privado”. Los consejeros dimitidos, a los que ya se les había vencido el periodo (la cúpula aún no había sido actualizada pese al cambio de Govern), prefirieron no votar, alterándose así el quórum y la medida pudo salir adelante gracias al voto de calidad del presidente de la junta de gobierno, Albert Castellanos, ex secretario general del Departamento de la Vicepresidencia y Economía el mandato pasado.

Aragonès también ha aprovechado el acto de este sábado para defender una vez más el fondo. “El Govern tiene claro que se ha hecho una actuación correcta en el pasado por parte de servidores públicos y por ello debe darles cobertura y protección”, ha asegurado. La puesta en marcha del fondo también sacó a relucir la tensión entre los dos socios de Govern, pues ERC inicialmente no veía claro el fondo.

El PSC ha evitado cargar especialmente las tintas contra lo sucedido en el ICF, si bien su líder en el Parlament y jefe de la oposición, Salvador Illa, ha pedido explicaciones a los responsables políticos del Instituto en una atención a los medios en Castellgalí (Barcelona). “Cado uno toma las decisiones que toma más adecuadas, mucho respeto a lo que cada uni decida”, ha asegurado sobre la decisión de los tres consejeros independientes de abandonar su cargo. “Pero pedimos transparencia, pedimos explicaciones a los representantes políticos sobre estas dimisiones”, ha añadido. Illa también ha asegurado que se tiene que esperar el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, que tiene que hacerse público antes del día 29 de este mes, para estar seguros sobre la legalidad del decreto ley.

Multas a Torra

Por otra parte, el expresident Quim Torra ha explicado este sábado que la Junta Electoral Central le ha notificado la ejecución de tres multas, por un valor total de 8.500 euros, relativas a actuaciones como la negativa a retirar la pancarta en favor de los líderes independentistas presos o la utilización de expresiones como “exilio” o “presos políticos” en comunicaciones oficiales durante el periodo electoral de 2019. “La JEC española desobedece al Consejo de Europa y me robará en las próximas horas 8.500 euros por tres sanciones de venganza por defender derechos”, ha dicho en un comunicado