Barcelona y la Generalitat se alían para frenar la ampliación del aeropuerto

El plan de Aena para ampliar el aeropuerto de Barcelona está en tiempo de descuento y sigue en punto muerto. La Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona escenificaron este lunes una alianza para presionar al operador aeroportuario y cuestionar su idea de alargamiento de la tercera pista. “Cualquier propuesta de ampliación del aeropuerto tiene que garantizar la protección de La Ricarda”, fue la conclusión de una reunión entre la alcaldesa Ada Colau y la consejera de Acción Climática, Teresa Jordà.

El planteamiento choca de frente con los planes de Aena, que defiende que la actuación sobre el espacio natural de La Ricarda es fundamental para desencallar una inversión de 1.700 millones de euros y construir una nueva terminal satélite en la T1. La empresa cotizada participada por el Estado, y que preside el exdiputado socialista Maurici Lucena, propone hacer una compensación del espacio natural afectado, que cuenta con el sello de protección Red Natura 2000. No obstante, la fórmula topa con el rechazo de entidades ecologistas, de asociaciones de vecinos y de varios de los ayuntamientos que gobiernan los municipios que rodean el aeropuerto.

El recelo expresado conjuntamente por el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat suma una nueva piedra en el camino para elevar el techo de capacidad del aeropuerto Josep Tarradellas hasta más allá de los 70 millones de usuarios. Ahora el tope está fijado en los 55 millones de viajeros al año y en 2019, último ejercicio previo a la pandemia, se alcanzaron los 52,6 millones. Durante la reunión mantenida en el Ayuntamiento de la capital catalana, Colau y Jordà acordaron pedir una reunión con la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, “para debatir conjuntamente sobre las estrategias posibles para consolidar el aeropuerto como un hub internacional y, a la vez, preservar el entorno natural protegido”, según informó la consejería. En el encuentro también se decidió invitar al comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, a visitar La Ricarda.

La declaración de intenciones cobra un significado especial porque, si bien el consistorio barcelonés tiene nula capacidad de maniobra para vetar la ampliación de la infraestructura, el Govern sí es un actor imprescindible en la operación, en tanto que gestiona las competencias de medio ambiente.

El president Pere Aragonès ha tratado de hacer equilibrios en lo que refiere a la ampliación aeroportuaria, un proyecto que lleva aparejada la creación de 80.000 puestos de trabajo. Mientras, el vicepresident Jordi Puigneró, de Junts, afirmó el mes pasado que, de entrada, la Generalitat no pretendía “bloquear la inversión”.

Aena ha manifestado reiteradamente que sin actuar sobre La Ricarda el estiramiento de la tercera pista es inviable y, por consiguiente, todo el desarrollo del proyecto cae en saco roto. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, defendió este lunes que ampliar el aeropuerto de Barcelona es “necesario y oportuno”. Sánchez, hasta hace dos semanas alcaldesa de Gavà, uno de los municipios que sufren el impacto del tráfico aéreo, pidió que la obra se debía acometer de forma “ejemplar” y velando por los requerimientos medioambientales.