Les Corts lucha por conservar Can Capellanets

Can Capellanets, en el barrio de Les Corts de Barcelona, es un edificio protegido como Bien de Interés Urbanístico: no puede ser derruido y su mantenimiento es obligatorio. El jardín está descuidado y la vegetación desborda el muro de la finca. El complejo, del siglo XIX, se levantó como seminario y es propiedad del Arzobispado de Barcelona, a través de la Fundación Sant Josep Oriol. Desde la calle, Can Capellanets parece un edificio en ruinas. Desde las azoteas próximas, se aprecia que el techo del edificio ha sido derruido.

Su historia comienza en 2015, al final del mandato del alcalde Xavier Trias, cuando se aprueba un plan especial para construir una residencia de investigadores en el edificio, entonces en buen estado. El Arzobispado cedió el terreno, a cambio de un canon, a la empresa Resa. “Ellos lo llamaban residencia, pero iba a funcionar como un hotel”, asegura Adela Agelet, presidenta de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos y Entidades de Les Corts. La Plataforma Salvem el Patrimoni de Les Corts descubrió que Resa tenía otra “residencia de investigadores” en El Raval, anunciada en Booking y que funcionaba como hotel. Los vecinos comenzaron la campaña “no hotel, sí jardines”. Con el conflicto, Resa se retiró y entró L’Onada, dedicada a la gestión de residencias.

Si había cambio de uso, pensaron los vecinos, “era un buen momento para hacer un cambio de proyecto”, explican desde Salvem el Patrimoni de les Corts. Insisten en que ellos no tienen nada en contra de la propiedad ni de que Can Capellanets se rehabilite. Lo que piden es que “se haga con sentido común, que se respete el patrimonio”. A finales de 2019, el Ayuntamiento aprueba el proyecto de L’Onada: apenas modifica el plan de 2015, un piso más y un edificio en el jardín para hacer una residencia de 120 plazas.

Pero han pasado cinco años, explica Agelet, “desde la primera agresión, el primer descuido hacia el edificio protegido”. “Si pasan cinco años y la propiedad no lo ha reparado, el Ayuntamiento tiene derecho a expropiar”, añade. Así lo estipula la Ordenanza de Patrimonio. Y los vecinos apuestan por la vía de la expropiación si no hay una rectificación del proyecto. Las entidades quieren presionar al Consistorio y al Arzobispado, a sabiendas de que la expropiación sería cara y supondría menos inversión en el distrito.

El gerente administrador de la Fundación Sant Josep Oriol, el sacerdote Rubén García, mantiene que si desde 2017 no se ha intervenido en el edificio ha sido porque el Ayuntamiento “no ha dado licencia de obras”. García asegura que quien derribó el techo fue una empresa que trabajó en el primer proyecto y mantiene que la actitud de la Fundación es de “diálogo”, y rechaza la idea de la expropiación.

El Ayuntamiento de Barcelona afirma que “han ejecutado multas coercitivas por inacción de la propiedad en el mantenimiento del edificio”. Matizan que el edificio está catalogado como C pero los jardines no están catalogados. Sin embargo en la ficha oficial de patrimonio del Ayuntamiento de Barcelona, fechada el 16/05/2014, se explicita que la propiedad, la “Iglesia Católica”, debe cumplir con las siguientes intervenciones: “Mantenimiento integral, tanto de volúmenes, fachadas y texturas y cromatismos originales como de los elementos interiores de interés”, también con la “conservación de jardines” y, finalmente, contempla que “cualquier intervención requerirá la realización de una memoria de investigación y búsqueda histórica”.

En cualquier caso, se muestran reticentes a expropiar porque para hacerlo “hay que justificar el interés para uso público del espacio”, y aseguran que ya hay “un planeamiento privado aprobado en este mismo mandato que ha tenido el visto y aprobado del Ayuntamiento de Barcelona, tanto de distrito como de Ecología Urbana”. También recuerdan que la residencia contará con plazas concertadas, no especifican cuántas, con el departamento de Derechos Sociales de la Generalitat de Cataluña.