Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

El denso tránsito entre política y justicia

La declaración de inconstitucionalidad de parte del decreto que el Gobierno utilizó para hacer frente a la pandemia cae sobre mojado, confirmando una inercia que empieza a ser ya gravemente peligrosa

La politización de la justicia está creando un clima de desconfianza que en nada favorece a la reputación de las instituciones. Por supuesto, las decisiones de los jueces son de su exclusiva responsabilidad. Pero los comportamientos de algunos partidos desplazando sistemáticamente a los tribunales problemas que no debían haber salido nunca de la política (cómo hizo el presidente Rajoy con la cuestión catalana) o utilizando el juzgado de guardia o el recurso al Constitucional como arma habitual en la batalla política, como viene haciendo la derecha cada vez que fracasa en sus objetivos, tienen efectos demoledores sobre la imagen de los tribunales invitados a pronunciarse sobre cuestiones que vienen marcadas por las confrontaciones parlamentarias.

La declaración de inconstitucionalidad de parte del decreto de confinamiento que el Gobierno utilizó para hacer frente a la pandemia por la vía de la activación del estado de alarma cae sobre mojado, confirmando una inercia que empieza a ser ya gravemente peligrosa. Sorprende que se aprecien los supuestos establecidos en la ley orgánica 4/1981 para declarar el estado de excepción a la hora de responder a la pandemia, como si “el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público, resultaran gravemente alterados” por el efecto del virus, dicho de otro modo, como si en vez de una pandemia estuviéramos ante un escenario de rebelión o de guerra, en una extraña humanización de la covid. Y sorprende la división del tribunal, seis votos a cinco, en una cuestión tan sumamente delicada.

Sorprende la división del tribunal, seis votos a cinco, en una cuestión tan sumamente delicada
Sorprende la división del tribunal, seis votos a cinco, en una cuestión tan sumamente delicada

Me parece muy bien que los jueces, que son ciudadanos como todos, por mucho que lleven toga, tengan sus opiniones, sus creencias y querencias personales. Y no es difícil deducir que la mayoría se sitúa en el ámbito de la derecha por razones de casta, de transmisión y de tradición. Nada me horrorizaría más que tribunales en manos de ciudadanos perfectos, por encima del bien y del mal, es decir, de monstruos. Pero precisamente porque entiendo que son como todos, con el añadido de la competencia debida sobre sus materias, creo que deberían asumir que la tarea de un tribunal, sea jurisdiccional o constitucional, es aplicar la ley pensando en dar solución al conflicto planteado, no en agravarlo.

Las diferencias tan profundas solo se pueden explicar porque la legislación no sea suficientemente explícita
Las diferencias tan profundas solo se pueden explicar porque la legislación no sea suficientemente explícita

Y aquí volvemos a la responsabilidad de los políticos. Si las decisiones de los tribunales resultan a menudo sospechosas, la culpa es en buena parte de la frivolidad de los partidos (especialmente de la derecha y su concepción patrimonial del Estado) que tratan de utilizarlos en beneficio propio, metiéndoles en líos que no tocaban o impidiendo el normal funcionamiento institucional. Por ejemplo, negándose a renovar los órganos judiciales que dependen de las mayorías parlamentarias. Cuando el PP bloquea sistemáticamente la renovación del Consejo General del Poder Judicial y de los cuatro magistrados con mandato caducado del Constitucional, incumpliendo sistemáticamente los plazos legales, está levantando acta pública de la politización de la justicia, porque cree que tiene en ambas instituciones un equilibrio favorable y no quiere perderlo. Un juego mezquino de intereses que acaba dañando a la totalidad del sistema de poderes, rompiendo sus equilibrios más elementales.

Y por si fuera poco, fruto de la sentencia del Constitucional, en un momento de rebrote de la pandemia, las comunidades autónomas se encuentran ahora con sus posibilidades de actuación cercenadas. No pretendo defender la actuación de los gobernantes en un tema en que han imperado el desconocimiento y la improvisación. Y es imprescindible un análisis riguroso de la gestión de la pandemia pensando en hipotéticas crisis futuras. Pero lo que no se entiende es que desde la propia política, con las denuncias para poner en apuros al adversario y con sus incumplimientos, y desde los tribunales con caprichosas exhibiciones de autoridad se pongan obstáculos a una tarea que es de todos.


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