Agua, banca y ciudadanía

Hace unos días, el Ayuntamiento de Cornellà renovó el acuerdo que mantiene desde 2017 con Agbar —uno de los gigantes privados del agua en España— para garantizar que no habrá cortes de suministro para los ciudadanos de esa localidad del Baix Llobregat en situación de vulnerabilidad social. En realidad, el protocolo no hace más que poner en solfa la letra y el espíritu de la ley 24/2015 del Parlament que protege a las personas en situación de suma precariedad.

La noticia se produce unos días después de que el Tribunal de Cuentas archivara la denuncia que la propia Agbar interpuso contra el Ayuntamiento de Barcelona por encargar estudios por unos 900.000 euros para abordar la municipalización del agua. El citado organismo administrativo —en la picota por los embargos a diversos políticos catalanes por haber promocionado el procés en el extranjero— considera que no hay menoscabo del dinero público pues el Consistorio tiene “plena legitimidad” para plantear la municipalización del agua. Pero en el mundo de los hechos, una cosa es debatir y otra muy distinta poner en práctica.

Desde su llegada al poder en 2015, Ada Colau quiso convertir en público el servicio que históricamente (desde 1953) ha tenido en sus manos Agbar y antecesores. En 2012, siendo Xavier Trias alcalde, se creo una sociedad público-privada controlada por Agbar a la que sin mediar concurso se le adjudicó el suministro de agua. El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) aprobó la creación de esta empresa mixta en la que la compañía ostentaba el 85% y la AMB el 15%, asignándole directamente el suministro de 23 localidades del cinturón barcelonés. En 2016, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) revocó esta decisión que concedía el suministro a la entidad mixta durante 35 años a casi tres millones de personas. Pero el Tribunal Supremo (TS) en 2019 consideró la adjudicación directa ajustada a derecho, propinando un revés a las pretensiones del Ayuntamiento de Barcelona.

Remunicipalizar el agua en Cataluña se ha convertido en un asunto que acaba siempre en los juzgados. Y es que en España el abastecimiento hídrico es un negocio que en 2018 generó 3.475 millones, según el Observatorio sectorial DBK. Si en todo el Estado, el 55% de la población está siendo abastecida por empresas privadas, este porcentaje se eleva al 80% en Cataluña. Agbar y sus filiales son el gran gigante del sector y en la actualidad hay más de 40 recursos en los juzgados contra ayuntamientos que han pretendido activar la remunicipalización. Se equivocaría quien pensara que los equipos de gobierno de aquellas poblaciones son de un determinado color, pues van desde la llamada Cataluña catalana (Osona, Ripollès) hasta el área de Barcelona.

Los consistorios, independientemente de su orientación política, suelen mostrar mayor transparencia a la hora de gestionar los intereses ciudadanos. No existe la misma recepción en otras instancias de poder, bien sea político, bien del mundo judicial. En este mismo diario y más extensamente en la revista Alternativas Económicas, Andreu Missé reflexionaba recientemente a propósito de las cifras de Eurostat sobre la crisis bancaria española, cuyo coste, en 2019, había sido de 48.515 millones (58.415 millones hasta finales de 2020). La Sareb —o banco malo— ha supuesto un incremento de la deuda pública de 35.000 millones de euros. En esa sociedad que se constituyó con un 45% de capital público y un 55% de privado, ha acabado siendo el Estado quien ha asumido todo el riesgo de la operación. No deja de ser paradójico que una crisis que no iba a costar un solo euro al ciudadano —según el Gobierno del PP— haya acabado con una cuenta tan abultada a pagar a escote y sin que ninguna autoridad del mundo político ni, por supuesto, económico haya arqueado una ceja en señal de preocupación.

Este desparpajo con la administración del dinero de los ciudadanos tiene también su expresión en la lentitud y la prudencia rayana en la tacañería con la que el Tribunal Supremo (TS) ha interpretado las decisiones del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre las cláusulas suelo. El TS las declaró lícitas aunque abusivas. Para no causar “grave riesgo de trastornos económicos” a la banca, el Alto Tribunal decidió que se pagaran a partir de las fechas de los fallos sin efectos retroactivos. El TJUE falló, en cambio, que si las cláusulas son nulas no se puede limitar la retroactividad. Tras 10 años en los tribunales, las cláusulas suelo siguen coleando a la espera de consultas que algunas instancias judiciales españolas siguen efectuando al TJUE. De momento, como en el blackjack, a igualdad de puntos siempre gana la banca.