El Gobierno catalán fracasa en su plan para regularizar a personas cuidadoras

La línea de subvenciones que lanzó la Generalitat el pasado verano para empezar a poner fin a las irregularidades del sector de los cuidados a personas mayores y dependientes no ha cumplido con sus objetivos marcados. Con un presupuesto de 2,3 millones, constaba de subvenciones de 2.685 euros para cubrir la cuota anual de la Seguridad Social. El objetivo del Govern era que 900 trabajadoras se beneficiasen de esta regularización, pero las dificultades por la pandemia y la dinámica de este sector, en el que la mayor parte de la actividad se desarrolla en la economía sumergida, han frustrado los planes. Solo se presentaron 352 solicitudes, y solo se han aprobado 63 subvenciones. En junio se abrirá una nueva línea de ayudas.

La irregularidad en el sector de los cuidados a las personas mayores y dependientes es endémica. En Cataluña, según los cálculos que presentó el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia en verano al anunciar la línea de subvenciones, 100.000 personas trabajan en estas tareas. Pero cuatro de cada diez lo hacen sin contrato laboral, y las condiciones salariales, las vacaciones y los días de permiso quedan sujetas al acuerdo con las familias y mediante la economía sumergida. La pandemia de covid 19 ha tensado las costuras de un oficio en el que la precariedad y, en algunos casos, el abuso hacia estas trabajadoras son más habituales de lo que parece, como denuncia el sindicato Sindillar.

También la pandemia ha disparado la necesidad de estas trabajadoras, ya que durante meses, a causa del confinamiento, eran ellas las únicas que tenían contacto con dependientes o ancianos. Aunque por la irregularidad de este sector no hay datos fiables sobre cómo ha aumentado la demanda de estas empleadas, puede dar una pista sobre ello la lista de espera que hay para acceder a una residencia de ancianos.

En Cataluña la lista de espera es de 17.500 personas, y aunque hay más de 15.000 plazas vacantes, apenas disminuye. Una de las razones es el miedo que tienen las familias de ingresar a sus mayores en las residencias, después de que estos centros fueran los más afectados por la mortalidad asociada al virus de la covid 19. Lo demuestra el hecho de que el 40% de las personas que esperan para tener plaza han renunciado una o más veces a diferentes propuestas para entrar en una residencia, y en algunos casos, algunas han renunciado hasta 24 veces, según los datos del Departamento de Asuntos Sociales.

Fuentes del sector de las residencias admiten que, en especial desde la última crisis financiera, las familias solo se plantean llevar a sus mayores a los centros cuando estos ya presentan un alto grado de dependencia. Ahora, con el miedo al contagio y tras el trauma de la alta mortalidad durante los meses más letales de la pandemia, optan por seguir en casa y contratar a trabajadoras de cuidados en el hogar.

Para empezar a regularizar esta situación, el Departamento de Asuntos Sociales lanzó una línea de subvenciones que por primera vez trataba de fomentar la contratación regulada de estas trabajadoras. La subvención consiste en pagar la cuota íntegra de la Seguridad Social de las trabajadoras durante un año, con una ayuda única de 2.685 euros (unos 223 al mes), tomando como referencia el salario mínimo interprofesional.

El requisito para obtener esta subvención era que la persona o familia contratante garantizara que el empleo duraría, al menos, 12 meses, y que la trabajadora no hubiese estado dada de alta a la Seguridad Social en los últimos dos años (con el objetivo de incidir primero en las trabajadoras que llevaban más tiempo en una situación irregular). La Generalitat confiaba en hacer aflorar parte de la economía sumergida de esta actividad (clave para la economía, ya que mientras las cuidadoras trabajan, los familiares también pueden desarrollarse profesionalmente) y también ayudar a la obtención de autorizaciones de residencia y trabajo a muchas de las trabajadoras, que mayoritariamente son de origen migrante.

El departamento que dirige el consejero en funciones Chakir El Homrani (ERC) calculó que 900 personas se beneficiarían de esta regularización, pero solo se recibieron 352 solicitudes y, de estas, solo se aprobaron subvenciones para cubrir las cuotas de 63 trabajadoras. Fuentes del departamento defiende que esta convocatoria se puso en marcha después del confinamiento y en pleno verano (el plazo estuvo abierto desde el 15 de julio hasta el 15 de septiembre) y que esto, junto con el hecho de que fuese la primera de estas características, requirió un esfuerzo de explicación para dar a conocer la ayuda superior a la de otras subvenciones.

Además, estas fuentes argumentan que la coincidencia del plazo con los meses de verano estuvo forzada por “un desajuste entre la subdelegación del Govern y los tempos presupuestarios”. La próxima convocatoria se hará el próximo junio para evitar el calendario veraniego, y el departamento prevé mejorar los trámites electrónicos. No obstante, el Gobierno catalán admite que en este sector es difícil fomentar la contratación, y aunque se presentó con el apoyo de 100 entidades, “se trata de un trámite farragoso” , defiende.