Gobierno irresponsable

Con tres meses de retraso, finalmente han sido vacunados los policías nacionales y los guardias civiles que viven y trabajan en Cataluña. No se hubiera hecho sin la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que fijó un plazo para que el departamento de Salud tratara a estos funcionarios públicos que dependen del gobierno central de la misma manera que el gobierno catalán ha tratado a los agentes de orden público que dependen de la Generalitat. Esta admonición legal ha sido reforzada por la advertencia del gobierno central, que se comprometió a vacunar directamente al colectivo de funcionarios en caso de que no lo hiciera el ejecutivo catalán.

El Tribunal no ha entrado a resolver ningún contencioso entre administraciones, sino que se ha limitado a atender la demanda de los sindicatos policiales que lo habían reclamado en ejercicio de la legítima defensa de los derechos de los afiliados. La apariencia de un tratamiento discriminatorio —las cifras cantan—, ha sido aceptada como argumento sin entrar en las causas y responsabilidades.

Las explicaciones de las autoridades sanitarias catalanas para justificar la marginación de este colectivos han sido poco convincentes. Se ha alegado un retraso en la entrega de las listas de los funcionarios por parte de la delegación del gobierno central y también la posterior interrupción de la vacunación con Astra Zenaca, ordenada por el Ministerio de Sanidad, versión que ha sido desmentida por la delegada del gobierno, Teresa Cunillera.

Los argumentos del gobierno catalán parecen seguir la pauta de confrontación a la que nos tiene acostumbrados prácticamente durante toda la última década. Se ha culpado al Estado por haber interrumpido la vacunación con Astra Zenaca. Se le ha criticado por querer hacerse cargo directamente de la vacunación en un acto de invasión competencial. Y no ha faltado la acusación de judicializar la política, el tópico argumental que quisiera sustraer las actuaciones del gobierno catalán del control judicial correspondiente a la división de poderes propia del Estado de derecho y dejar sin derechos a los ciudadanos que se sientan desamparados por la acción del gobierno.

El argumento definitivo es el que pretende contraponer la vacunación de estos policías con la vacunación de los mayores de 70 años. Lo lanzó el expresidente Puigdemont, en un sofisma que identifica al conjunto de los policías nacionales y guardias civiles que viven y trabajan en Cataluña con los antidisturbios que interrumpieron violentamente el referéndum del 1 de octubre de 2017 a las órdenes del gobierno de Rajoy. Tan abusiva como esta generalización es la que el expresidente practica con los mayores de 70 años, identificados con las personas mayores que recibieron algún porrazo de la policía aquella jornada nefasta.

Este mismo argumento lo han utilizado otros miembros aparentemente razonables del gobierno, y especialmente el secretario general de Sanidad, José María Argimon, un profesional de la medicina que, al calificar de “ridícula” la resolución de los jueces y señalar que se retrasaría la vacunación de la gente mayor, ha perdido buena parte de su autoridad como profesional sanitario y en cambio ha quedado identificado con la sistemática politización de la gestión de la pandemia.

La gran mayoría de la ciudadanía considera que la vacuna es a la vez un derecho y un deber. En las colas para vacunarse se refleja en cierta forma el espíritu cívico que nos lleva a participar en las elecciones: queremos que cuente nuestro criterio y nos sentimos comprometidos con la formación de la voluntad popular solidariamente con el resto de los ciudadanos. El pinchazo nos inmuniza y a la vez contribuye a inmunizar colectivamente la sociedad. Olvidarse de vacunar un colectivo vulnera derechos y deberes. Perjudica a los que no han sido vacunados y también a sus familias, compañeros de trabajo y vecinos, a la sociedad en su conjunto.

Nada podría justificar por tanto que, por razones inexplicadas o inexplicables, una administración se olvidara de vacunar a un grupo de ciudadanos. O peor aún, esperara a que se quejaran o que lo hiciera otra administración. Aún menos se podría justificar que se considerara un oprobio que se quejaran o que lo hiciera otra administración. La voz del expresidente, tan potente y tan seguida por sus votantes, ha sido nítida respecto a los motivos ocultos. Nadie lo ha desmentido ni desautorizado desde el gobierno como se merece y, por el contrario, aún se ha añadido más leña al fuego.

Afortunadamente, la cuestión práctica está resuelta. Se les está vacunando. Pero luego está el desgaste político. La autoridad perdida de los gestores catalanes de la pandemia. La idea de que el autogobierno catalán es tierra conquistada por el independentismo, que la quiere manejar a su criterio y sólo para su gente, el pueblo catalán independentista, más tribu que pueblo, que es como máximo la mitad del pueblo catalán entero.

El caso de las vacunas no es una buena premonición. Si no hay confianza ni lealtad entre administraciones en la gestión de la vacunas, ¿alguien puede pensar sensatamente que habrá confianza y lealtad entre gobiernos a la hora de gestionar los fondos europeos de recuperación? Si es difícil de creer desde Madrid, aún lo es más desde Bruselas.

La decisión de olvidar la vacunación de los policías nacionales y los guardias civiles, que ignoramos todavía quién y cómo se tomó, no es la que corresponde a un gobierno responsable. Se ha jugado con la salud de las personas, de todos; con el prestigio de las instituciones tanto costosamente recuperadas; y con la causa de la independencia, debilitada y no fortalecida por una actitud moralmente reprobable que podía entusiasmar a los más fanáticos, pero políticamente no conduce a nada.