Unas pinceladas económicas sobre los Pujol
En la apertura del juicio oral contra la familia se precisa que mantuvieron entramados societarios diseñados con la específica finalidad de blanquear capitales fuera de España y repatriarlos
La decisión adoptada por la Audiencia Nacional contra la familia Pujol merece ciertos apuntes que ilustran y fundamentan mejor los gravísimos delitos que se le atribuyen.
En 1993, cuando ya llevaba 13 años defraudando al fisco, en ocasión de una visita a Santa Coloma de Gramenet, unos manifestantes reivindicaban sus derechos ante la presión fiscal, lo que motivó que se dirigiera a ellos diciéndoles que valorasen “las virtudes cívicas de los impuestos”. Sorprendente e indignante.
En 2015, durante la celebración de la Comisión del Parlament sobre la Corrupción y el Fraude Fiscal, se constató una “descripción desvergonzada de dicho enriquecimiento (el de sus hijos) a través de numerosos indicios, como precios desorbitados, contratos públicos sin previo concurso a empresas del entorno familiar y social, facturaciones sin justificación, presunto tráfico de influencias…”. Unas conductas que conducían a varias conclusiones, como que “la corrupción frena el desarrollo social y económico y aumenta la pobreza a causa del desvío de las inversiones que debían destinarse a esos objetivos”.
En 1993, el entonces president recordó a unos manifestantes “las virtudes cívicas de los impuestos”En 1993, el entonces president recordó a unos manifestantes “las virtudes cívicas de los impuestos”
El reconocimiento de su conducta delictiva durante 34 años en julio de 2014 puso al descubierto que un fraude tan continuado y de tan enormes proporciones, cometido por una persona de tan elevada relevancia pública y política —sobre todo a partir de 1990, cuando el Estado firma el tratado denominado GAFI, contra el fraude fiscal— solo fue posible por la permisividad, cuando no la complicidad, de las autoridades tributarias de España. Lo que genera, pese al tiempo transcurrido, muy graves y preocupantes interrogantes.
Durante el año 2000, Jordi Pujol Ferrusola (JPF) abrió una cuenta en la Banca Reig de Andorra. Cuando el juzgado de instrucción reclama información sobre dicha cuenta, por un importe de 307 millones de pesetas, resulta que el titular de la misma era Jordi Pujol padre, según resultaba de un manuscrito firmado por este. A continuación, el juzgado afirma: “Se desconoce el origen de tales fondos”. A lo largo del auto que describe esta operación, el juez hace constar “la fortuna amasada a lo largo de los años por los miembros de la familia de Pujol Ferrusola…”.
El auto de prisión de Jordi Pujol Ferrusola de 2017 califica su forma de actuar de “organización criminal”El auto de prisión de Jordi Pujol Ferrusola de 2017 califica su forma de actuar de “organización criminal”
El 7 de julio de 2014, Marta Ferrusola y sus hijos Marta, Pere y Mireia abonan o, mejor, “regularizan” las deudas tributarias que habían generado, todas “superiores al umbral típico de los 120.000 euros que establece el artículo 305 del Código Penal”. Es decir, habían cometido los correspondientes delitos fiscales por un total de 3.144.381 euros. En la resolución que recoge esta operación no consta ninguna referencia al origen de estos fondos. La deuda tributaria mayor correspondía a Mireia Pujol, superior al millón de euros.
Toda la trama económica de la familia Pujol, que va conociéndose, da lugar a un editorial de EL PAÍS, del 2 de enero de 2016, Familia o mafia, con el siguiente subtítulo: “Ninguna de las actuaciones financieras de los Pujol tuvo respaldo legal”, añadiendo que los hechos descubiertos son “políticamente demoledores”.
En el auto de prisión incondicional de JPF, de 25 de abril de 2017, se hace referencia, además de otras múltiples actuaciones financieras, a que determinadas sociedades gestionadas por él tenían como “única utilización canalizar capitales de presunto origen criminal para realizar inversiones y gastos en España y en el extranjero”, citando México como uno de los destinos y valorando que “el importe mínimo del capital que Jordi Pujol Ferrusola mantendría fuera de España asciende a unos 30 millones de euros”. Esta prisión se mantiene hasta el 30 de junio de dicho año, en que el Tribunal acuerda su libertad bajo fianza de tres millones de euros, que evidentemente abonó. Una resolución que ya describe una parte importante de la “organización criminal” que, ahora, ha fundamentado la decisión de impulsar definitivamente el proceso hacia el juicio oral.
Basta con reseñar uno de los párrafos mas significativos: “A lo que se añade el mantenimiento de entramados societarios diseñados con la específica finalidad de blanquear capitales fuera de España y repatriarlos, así como distintos testaferros o fiduciarios que le habrían permitido disponer de cuentas corrientes en otras jurisdicciones (México, Andorra, Estados Unidos, Paraguay, Argentina, Panamá).
Lo descrito es una moderada aproximación a la “organización criminal” con que la familia es definida penalmente.
Carlos Jiménez Villarejo es miembro de Federalistes d’Esquerres
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