Hacia otra legislatura fallida

Tras las elecciones municipales de 2019, la consejera de Presidencia, Meritxell Budó, protagonizó un momento estelar cuando tuvo la valentía de afirmar en rueda de prensa que el independentismo había ganado en Barcelona, con el argumento de que los 15 concejales de Esquerra y Junts eran más que los 26 que sumaban los demás grupos. Tras las elecciones autonómicas del pasado 14 de febrero, no hay que desafiar a la ciencia aritmética para proclamar que el independentismo ganó, porque es verdad que los 74 diputados independentistas son más que los 61 que suman los otros grupos. Tampoco hay que hacerlo si la unidad de medida es el porcentaje de votos: aunque se nutra de una fracción de voto extraparlamentario, el 51% obtenido por las formaciones independentistas es más que el 49% obtenido por las demás candidaturas. (Otra cosa sería sostener que los 1,4 millones de votos obtenidos el 14-F son más que los 2 millones de 2017, pero la verdad es que a día de hoy ni Budó ni ningún estratega independentista ha formulado en público tamaña ocurrencia).

Dicho esto, los árboles de las cifras indiscutibles no deberían ocultar el bosque de las estrategias divergentes. Las negociaciones para formar gobierno entre ERC y Junts están resultando muy complicadas, hasta el punto que el pasado viernes algún medio las consideraba “encalladas”. A los que tenemos la afición de leer programas electorales la situación no nos sorprende especialmente, porque las propuestas de ambos partidos para seguir el procés (que ahí es donde está el bloqueo) se parecen tanto —como se dice en catalán— como un huevo y una castaña.

Dos ejemplos bastarán para ilustrar el difícil encaje entre el planteamiento de unos y otros. El primero se refiere al papel del autodenominado Consell per la República que preside Carles Puigdemont allá en Waterloo. En el programa de ERC aparecen todos los consejos posibles: el Consell Català de l’Alimentació, el Consell Assessor de Dones del Món Rural i Marítim, el Consell Nacional de la Gent Gran, el Consell de Relacions Laborals, el Consell de Treball Econòmic i Social, el Consell del Treball Autònom, el Consell de la Mancomunitat Cultural, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, el Consell de la Informació de Catalunya i el Consell de Cooperació. El Consell per la República simplemente no está. (A Esquerra le ha costado, pero finalmente ha verbalizado que el Consell tiene un “sesgo partidista”). En cambio, el programa de Junts lo menciona hasta siete veces y propone nada más y nada menos que aprobar una resolución en el Parlamento para reconocerlo como “Autoridad Nacional”.

Otro tanto sucede con la fallida declaración de independencia del 27 de octubre de 2017. En el programa de ERC se mencionan tres declaraciones concretas: la de emergencia climática, la de Friburgo (sobre derechos culturales) y la de Palma (firmada por los consejeros de Cultura de Cataluña, las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana). La declaración de 2017 no aparece, lo que vuelve a contrastar con la posición de Junts, que en su programa se compromete a que el Parlamento apruebe una resolución para ratificar la “vigencia” de la Declaración de soberanía de 2013, la Declaración de inicio del proceso de independencia de 2015 y la Declaración de independencia de 2017.

Ambos ejemplos ilustran textualmente lo que ya es del dominio público. Esquerra ha decidido pasar página a los Hechos de Octubre de 2017 (de la misma manera que en 1936 pasó página a la insurrección de 1934), y a la vista de la grave crisis que asola Cataluña lo que ofrece a sus electores es un “compromiso para la reconstrucción”, sin renunciar por ello a su ambición independentista, que queda modulada por la necesidad de “ser más” y “prepararse mejor”. En cambio, Junts sigue situando la independencia como objetivo prioritario de la acción de gobierno, en sintonía con una supuesta “mayoría social” del país.

En realidad, ERC está mucho más cerca del extraparlamentario PDeCAT que del socio de gobierno que ha elegido para la XIII legislatura en detrimento de otros socios posibles. En su programa, el partido de Àngels Chacón reiteraba su fe en la independencia pero anunciaba que el reto de la nueva legislatura debía ser “gestionar el presente y gobernar bien”. Viendo la composición de la mesa del Parlamento, oyendo el discurso inaugural de su flamante presidenta e imaginando los términos de la opaca negociación entre Junts y ERC que se desarrolla estos días, el diagnóstico para la XIII legislatura se resume en tres palabras: no pinta bien.