Entidades a favor del derecho a la vivienda marchan en Barcelona contra la ley que propone el PSOE

Las entidades que trabajan a favor del derecho a la vivienda rechazan la reforma de la ley que plantea el PSOE en el Congreso y que va contra vía de las normativas aprobadas en Cataluña en los últimos años, algunas a la espera de decisiones judiciales. Unas 500 personas según la Guardia Urbana (1.000 de acuerdo con los organizadores) marcharon ayer por el centro de Barcelona para expresar su descontento y también pedir al futuro Govern más compromiso con el control de los alquileres.

Los manifestantes se congregaron por la mañana ante la sede de Delegación del Gobierno, en la calle de Mallorca, y desde allí fueron hasta la plaza de Sant Jaume, donde terminaron la marcha. En un manifiesto conjunto, solicitaron que la normativa estatal recoja sus propuestas, entre las que están la “garantía del derecho efectivo a una vivienda digna” y un control de precio de los alquileres, a nivel estatal, y “acorde con los salarios”. Entre los convocantes están la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Sindicato de Inquilinos, CC OO, UGT, CGT y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona.

Jaime Palomera, portavoz del Sindicato de Inquilinos, criticó la propuesta presentada por el ministro socialista José Luis Ábalos y de la que Podemos, con quien comparte Ejecutivo, ya se ha desmarcado. El texto, aún sin cerrar, plantea bonificaciones fiscales para los propietarios que rebajen el precio en lugar de apostar por un control del mercado. “Esto tumbaría la regulación catalana y además pretende que los que más tienen paguen menos impuestos, como los grandes propietarios”, dijo el activista.

El Tribunal Constitucional admitió a trámite, el 28 de enero, un recurso del Partido Popular contra el decreto, de diciembre de 2019, que obligaba a ofrecer alquiler social a los grandes tenedores tras un desahucio. También está a la espera de una decisión judicial la ley que limita el valor de los alquileres según la zona, la renta del inquilino y la del propietario de la vivienda, aprobada en septiembre pasado en el Parlament, pero que no ha sido suspendida cautelarmente.

El acuerdo de Gobierno entre socialistas y Podemos incluye el control del precio de los alquileres, siguiendo la senda de lo que se ha hecho en otros países. Una fórmula polémica y en la que también influye mucho el peso del parque de vivienda público.

El Ayuntamiento que preside Ada Colau envió el pasado viernes a Ábalos sus propuestas para incluir en la futura norma. El PSC se desmarcó. Además del control de los precios, se aboga por que en dos décadas la vivienda pública sea el 15% del total en los municipios de más de 5.000 habitantes. Uno de los mecanismos para lograrlo, vigente en Barcelona, es extender la obligación a los promotores de destinar el 30% de los pisos que construyen en zonas urbanas a vivienda protegida.