El Tribunal de Cuentas detecta irregularidades en la campaña de Manuel Valls en Barcelona

Manuel Valls aseguró hace tan solo diez días que su aventura en la política barcelonesa finalizará esta legislatura y que no volverá a presentarse a la alcaldía. Antes tendrá que hacer frente a las posibles sanciones que le imponga el Tribunal de Cuentas por la financiación de su campaña en las elecciones municipales de 2019. El órgano fiscal concluye que la coalición que formaron su partido, Barcelona pel Canvi, y Ciudadanos superó en un 71% el límite de gasto electoral establecido por ley.

El Tribunal de Cuentas hizo público a finales de febrero el análisis de la financiación de los partidos que concurrieron en las pasadas elecciones municipales. El organismo detecta cerca de 189.500 euros de gastos electorales no declarados en el tándem formado por Barcelona pel Canvi y Ciudadanos, que encabezó el ex primer ministro francés y hoy concejal de Barcelona. Este montante se deriva sobre todo de una partida de más de 188.000 euros que asumió una entidad presentada por Valls en 2018, Asociación Barcelona Capital Europea. Barcelona pel Canvi se constituyó como partido en marzo de 2019, dos meses antes de la campaña. El Tribunal concluye que Barcelona pel Canvi ha concurrido en una “irregularidad sancionable” porque la ley deja claro que no es posible “la aceptación por terceros del coste efectivo de las adquisiciones de bienes, obras o servicios o de cualesquiera otros gastos que genere la actividad de los partidos políticos”.

El Tribunal añade que la coalición encabezada por Valls superó en 125.819 euros el máximo gasto permitido para procesos electorales, según los topes fijados por la Ley Orgánica del Régimen Electoral. Esto es un 71% más de lo posible. Esto incurre igualmente en una infracción sancionable.

En las alegaciones, el abogado Carlos Rivadulla, que actúa como gestor de la coalición, argumenta que las facturas emitidas por la Asociación Barcelona Capital Europea “no pueden ser consideradas como gastos electorales «en atención al sujeto que realiza las actividades (una asociación), ni al objeto (no son actividades dirigidas a la petición de voto)»”. Ciudadanos presentó sus propias alegaciones ante el Tribunal. En estas, el partido naranja afirma que no tenía constancia de los gastos electorales no declarados y que es “fruto de una confusión” que la coalición sea responsable. “De haber tenido conocimiento, no habrían autorizado dichos gastos”, asegura Ciudadanos al Tribunal.

La oficina de prensa del partido asegura que “Ciudadanos como tal no tiene nada que ver con las presuntas irregularidades que menciona el Tribunal, ya que lo que se indica afecta directamente a Manuel Valls”. La coalición entre Ciudadanos y Valls se rompió pasadas de las elecciones, después de que el político hispano-francés defendiera dar apoyo a la investidura de Ada Colau como alcaldesa de Barcelona, en contra del parecer de su socio. Valls anunció el 9 de marzo que no volvería a presentarse a la alcaldía y que su partido deberá reinventarse sin él.

Infracciones de Comunes y PSC

La financiación de la campaña de Valls ya estuvo bajo los focos en junio de 2019 cuando el diario Ara, citando fuentes no identificadas, informó que el ex primer ministro francés recibió donaciones no declaradas y en metálico por parte de empresarios. Valls lo negó rotundamente.

El Tribunal de Cuentas indica a EL PAÍS que el próximo paso será analizar qué proceso de sanción debe iniciarse, no solo para Barcelona pel Canvi y Ciudadanos sino para otros casos que se produjeron en los comicios de 2019. El informe de fiscalización de las municipales identifica 34 formaciones que cometieron infracciones sancionables en toda España. De En Comú Guanyem, la coalición de Colau, el Tribunal de Cuentas estipula que hay 3.000 euros en gastos irregulares. En el caso del otro partido que gobierna la ciudad, el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), se detecta un gasto superior a lo permitido en 24.600 euros.