Barcelona pide el indulto de Pablo Hasél y rechaza la violencia en las manifestaciones

El encarcelamiento del rapero Pablo Hasél y las manifestaciones y disturbios de la semana pasada han marcado el tramo final del pleno del Ayuntamiento de Barcelona de este viernes. La cuestión ha provocado la presentación de cinco proposiciones de cinco partidos, que han sido debatidas conjuntamente por las siete formaciones del pleno, aunque se han votado por separado.

Tras casi dos horas de debate, el resultado es que ha salido adelante (con los votos de ERC y Junts per Catalunya) la proposición del partido de la alcaldesa, Ada Colau, Barcelona en comú que pide instar al Gobierno español que tramite el indulto de Hasél. También se ha aprobado un texto del socio de Colau en el ejecutivo municipal, el PSC, que condena la violencia en las manifestaciones. En este caso ha sido votado por Barcelona pel canvi, PP y Ciutadans.

De hecho, la petición de indulto ya había sido formulada tanto por los comunes, y la propia Colau, y también ERC y Junts. También la pidió Podemos, la semana pasada, registrando una petición ante el ministerio de Justicia. La novedad es que al votarse en el pleno y obtener mayoría es la institución del Ayuntamiento de Barcelona quien realiza la petición. Además de pedir el indulto para Hasél, el texto de los comunes insta al Congreso a modificar el Código Penal para que los delitos contra la libertad de expresión no se castiguen con penas de cárcel, condena los daños a bienes públicos y privados durante los disturbios, apoya a “los manifestantes y agentes de policía heridos en las protestas”, e insta al Parlament a crear “una comisión de estudio para revisar el modelo de unidades policiales destinadas al orden público en el que se garanticen todos los derechos”.

En el caso de la proposición de los socialistas, su líder en el Ayuntamiento y número dos de Colau, Jaume Collboni, la ha presentado como un texto “de consenso, un mínimo común denominador” entre las formaciones que permitiera obtener todos los votos.

El texto pide “condenar y rechazar sin matices los hechos violentos”, defender el derecho de manifestación y la libertad de expresión “rechazando las conductas violentas de una minoría”, apoyar a los comerciantes y sectores económicos de la ciudad, reconocer la tarea de los servicios públicos y a los cuerpos policiales. Pero ha logrado el consenso e incluso ha originado un enfrentamiento entre los socios en el Gobierno de la ciudad: a propósito de si señalar causas del malestar que genera violencia es justificar la violencia. Los comunes se han abstenido.

El mismo debate, a ratos agrio e incluso encendido, ha provocado que no salieran adelante las proposiciones de Ciutadans, el PP y Barcelona pel canvi (el partido del ex primer ministro francés, Manuel Valls). Los tres textos pedían la condena de los disturbios, apoyar a las fuerzas de seguridad y que el Ayuntamiento se personara como acusación particular en los delitos cometidos durante los disturbios y reclamara los daños en el mobiliario urbano.