La Fiscalía investiga la campaña de Vox para el 14-F por islamofobia

La fiscalía investiga si Vox cometió un delito de odio con la campaña islamófoba que lanzó en redes sociales para atraer el voto en las elecciones autonómicas del 14-F. El fiscal de Barcelona Miguel Ángel Aguilar, pionero en España en la lucha contra las conductas que incitan al odio y la discriminación, ha abierto diligencias tras una denuncia presentada por las tres principales federaciones islámicas de Cataluña.

La campaña en redes, bautizada como Stop Islamización, fue una de las herramientas de propaganda de Vox para atraer el voto en las elecciones autonómicas del pasado domingo, donde por primera vez logró entrar en el Parlamento catalán, con 11 diputados. El eje central de la iniciativa fue un vídeo, de poco más de un minuto de duración, en el que el partido de extrema derecha vincula a los musulmanes —sin rodeos ni subterfugios— con el terrorismo. El vídeo fue difundido por los máximos responsables de Vox, incluyendo al cabeza de lista del 14-F, Ignacio Garriga: “Nos hablan de laicismo, pero implantan el islam en las aulas”, escribió en su cuenta de Twitter.

El vídeo sobrepone imágenes de musulmanes —imanes dirigiendo la oración en la mezquita, mujeres ataviadas con el burka característico de Afganistán— con noticias aparecidas en medios de comunicación sobre la comunidad musulmana en Cataluña: la puesta en marcha de un plan piloto para impartir religión islámica como asignatura optativa en las escuelas; la presencia de salafistas en los oratorios o el hecho de que Mohamed sea el nombre más habitual en los bebés de la comarca del Baix Llobregat, en el área de Barcelona.

Ambientado con música árabe, el montaje enlaza esas noticias con imágenes de los atentados de Barcelona y Cambrils. El 17 de agosto de 2017, una célula yihadista acabó con la vida de 16 personas en un doble ataque. “El separatismo nos lleva a la república islámica de Cataluña”, se lee al final del vídeo, con la imagen de la mezquita de Salt (Girona) de fondo.

La difusión del vídeo causó alarma e indignación en la comunidad musulmana. Las tres federaciones de más peso —la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya, la Federació Consell Islàmic de Catalunya y la Federació Islàmica de Catalunya— presentaron una denuncia en la fiscalía. Esas entidades son interlocutores reconocidos por la Generalitat y agrupan a más del 90% de las 330 mezquitas que hay en Cataluña.

El colectivo emitió un comunicado en el que considera que la campaña de Vox “alimenta el racismo, la xenofobia y el odio a los musulmanes”, además de suponer “un escarnio a la religión”. Y puso los hechos en conocimiento de la fiscalía de odio de Barcelona, pionera en la investigación de este tipo de delitos. Miguel Ángel Aguilar ha abierto ya diligencias para averiguar si los responsables de Vox pudieron incurrir en algún delito durante la campaña electoral. Una vez reunidas las pruebas, el fiscal deberá decidir si presenta denuncia o querella, o bien archiva las diligencias.

“Normalizar el odio”

En conversación con EL PAÍS, Mohamed El Ghaidouni, presidente de la Unió de Comunitats Islámiques de Catalunya, recibió ayer la noticia con “satisfacción” y confió en que la investigación siga adelante. “Lo que hicieron sobrepasa con mucho los límites de la libertad de expresión”, reflexiona El Ghaidouni, que lamenta el “silencio” sobre la campaña #StopIslamización por parte del resto de fuerzas políticas catalanas. “Estamos un poco dolidos por que no tuvieran la valentía de denunciar cuando sí se dirigen a la comunidad musulmana para pedir el voto”.

Ghaidouni cuenta que las asociaciones están dispuestas a llegar “hasta la justicia europea” y, aunque no tiene constancia de que la campaña de Vox haya derivado en situaciones concretas de acoso contra el colectivo, teme que pueda haber un estallido de islamofobia en el futuro. “La entrada de Vox en el Parlament es una forma de normalizar el discurso del odio”, dice El Ghaidouni, que confía en que “las barbaridades de Garriga” contra los musulmanes se limiten a la campaña electoral y no pasen a formar parte de la agenda pública.