Las penas por los atentados del 17-A abren una brecha en las acusaciones

La pena que debe imponerse a los tres procesados por los atentados del 17-A ha abierto una brecha insalvable entre las acusaciones. Mohamed Houli, Driss Oukabir y Said Ben Iazza no estuvieron presentes en el atropello de La Rambla ni en el ataque nocturno de Cambrils, y por eso la fiscalía cree que no se les debe atribuir las 16 muertes de esa jornada. Pero el resto de acusaciones, en nombre de familiares y víctimas, replican que sí se puede y exigen al tribunal la condena por asesinato.

La división en el lado de las acusaciones está aflorando en las últimas sesiones del juicio, que se celebra en la Audiencia Nacional entre dificultades imprevistas. El temporal Filomena, que tiñó de nieve Madrid, obligó a retrasar algunas sesiones. Ahora, el positivo por coronavirus de la abogada que defiende a Houli amenaza con un nuevo parón.

Escuchados los argumentos de la fiscalía, es el turno de la veintena de acusaciones particulares y populares, que emiten sus informes finales. Representan a los familiares de los fallecidos, a los heridos, a las administraciones y a agentes de los Mossos que lidiaron con los sucesos del 17 de agosto de 2017. La mayoría de ellas piden elevadas penas de cárcel —incluso prisiones permanentes revisables— para los procesados porque los consideran autores de 16 asesinatos. La fiscalía solicita 41 años de cárcel para Houli y 36 para Oukabir por organización terrorista, fabricación de explosivos y estragos. En el caso de Said Ben Iazza, la petición se reduce a ocho años de cárcel por colaboración con grupo terrorista.

Las dos posturas enfrentadas coinciden en una premisa: la célula yihadista, formada por familiares y amigos de Ripoll, planeaba un atentado con bombas en Barcelona, pero la explosión de la casa de Alcanar (Tarragona) donde almacenaban explosivos les obligó a cambiar de idea. A partir de ahí, surgen las discrepancias.

El terrorista que condujo la furgoneta de La Rambla (Younes Abouyaaqoub) y los otros cinco que sembraron el caos en Cambrils unas horas después (liderados por Mohamed Hichamy) fueron abatidos por los Mossos. Ninguno de los acusados pisó el escenario del crimen: Houli estaba en el hospital, recuperándose de las heridas por la explosión; Oukabir estaba en comisaría, detenido porque la furgoneta usada en La Rambla se alquiló a su nombre.

Pero esa circunstancia no impide, según las acusaciones, que sean igualmente responsables de los asesinatos. Houli y Driss formaban parte de la célula de Ripoll y compartían la determinación de cometer un atentado. Que la idea inicial fuera volar la Sagrada Familia o el Camp Nou poco importa, y es probable que barajasen también la opción de un atropello masivo. Los abogados subrayan que ese era el método habitual que empleaba entonces Estado Islámico, en cuyo nombre se perpetró el 17-A.

En los doce meses anteriores al atentado, se produjeron ataques similares en cinco ocasiones: Niza (julio de 2016), Berlín (diciembre de 2016), Londres (marzo de 2017), Estocolmo (abril de 2017) y de nuevo Londres (junio de 2017). “El plan era matar, daba igual de qué modo. Imitaron algo que ya tenían sumamente estudiado”, expuso en su turno la abogada Mónica Fanlo.

Frente a la fiscalía, la mayoría del resto de acusaciones insiste en que no se ha roto el “nexo causal”, que todo forma parte del plan de cometer un atentado. La furgoneta usada como arma homicida en La Rambla, recuerdan, fue alquilada por Oukabir. Pudo servir para transportar el explosivo TATP (conocido como madre de Satán), pero también sirvió para arrollar a decenas de personas. “No se puede separar la pertenencia a la célula de los actos que llevaron a cabo. Se unieron, trabajaron y proporcionaron los medios para cometer los asesinatos. La célula consiguió su fin”, opina José Antonio Bitos, abogado del sindicato de Mossos USPAC.

En los días previos al 17 de agosto, la célula buscó en internet “vehículos robustos y fuertes”, detalló el abogado Agustí Carles. Los jóvenes también vieron vídeos de atropellos, como ha probado la investigación. “Si tuviéramos aquí a toda la célula, ¿solo acusaríamos a Younes de los asesinatos? Yo creo que no”, dijo el letrado, que criticó el papel de la fiscalía: “Ha hecho más de Estado que de fiscalía, ha olvidado a las víctimas de La Rambla y Cambrils”. Carles representa al padre de Xavi, el niño de tres años muerto en La Rambla, junto al abogado y político Jaume-Alonso Cuevillas, que ayer insistió una vez más en la teoría de la conspiración. Cuevillas sugirió (contra toda evidencia) que el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, aún puede seguir vivo. Pidió que se investiguen a fondo los contactos entre el imán y el CNI y exigió al Estado que asuma su responsabilidad por no detectar el riesgo que Es Satty suponía.

El acecho del virus

La abogada de uno de los acusados, Mohamed Houli, sigue las últimas sesiones del juicio desde su casa, por la señal institucional de la Audiencia Nacional. Tiene coronavirus y debe estar confinada. Ayer, el abogado del otro principal acusado, Driss Oukabir, comunicó a través de su sustituta que estaba pendiente de saber si también había dado positivo. Tras recabar la conformidad de los dos letrados, el presidente del tribunal, Félix Alfonso Guevara, anunció que el juicio continuará hoy con los informes del resto de acusaciones. A preguntas de un abogado sobre la posibilidad de contagio, Guevara replicó que ninguno de ellos es contacto directo porque en todo momento usan mascarilla en la sala. Para el turno de informes de las defensas —un trámite esencial—, el magistrado aclaró que esperará a que los abogados estén recuperados del virus y presentes en sala. En consecuencia, el tramo final del juicio —con la última palabra de los acusados— se retrasará.