La tentación de deslegitimar las elecciones

Está Cataluña condenada a vivir en una anomalía política perpetua? Vamos a empezar la campaña de unas elecciones que ni siquiera sabemos si se van a realizar y la vida política catalana vuelve a pender de la decisión de un tribunal. No porque ese tribunal se inmiscuya en las decisiones del Gobierno catalán, como sostienen con vehemencia los dirigentes independentistas, sino porque las cosas se han hecho mal. Muy mal. Hay un cansancio enorme, tanto pandémico como político, y muchos quieren pasar página de una vez a una legislatura convulsa que se ha convertido en un tiempo muerto. Pero si finalmente se vota y la participación baja, no es difícil aventurar que si los resultados no son los que el independentismo desea, antes de que acabe el recuento habrá cuestionado la legitimidad de los resultados.

Pocos discuten que la que ahora concluye ha sido una legislatura perdida. Hace justo un año, un presidente sobrepasado la dio ya por agotada cuando apenas habían transcurrido dos años: los socios de gobierno eran incapaces de entenderse. La única salida era pasar por las urnas. Prometió entonces convocar elecciones tan pronto como se aprobaran los Presupuestos, pero no lo hizo. Prefirió esperar a que el Tribunal Supremo dictara una inhabilitación que estaba cantada de antemano para poder presentarse como víctima en la nueva cita electoral. De ese error cuelgan todos los demás. La coalición independentista prefirió dejar que los plazos corrieran y propiciar así una convocatoria automática de las elecciones. La coyuntura le era entonces favorable. Las encuestas daban a ERC como ganadora y algunas apuntaban incluso una posible ampliación de la mayoría independentista. La única duda era si ERC sobrepasaría por fin a JxCat.

Cuando Pere Aragonès firmó el decreto de convocatoria la situación de la pandemia era ya muy mala. Y la previsión era que empeorara después de Navidad, a pesar de lo cual no se planteó la posibilidad de proponer un aplazamiento. De hecho, algunos indicadores cruciales como la tasa de reproducción (RO) o el número de muertos, estaban peor el día que se convocaron las elecciones, el 21 de diciembre, que el 15 de enero, cuando Aragonès firmó el decreto de suspensión. El 21 de diciembre la RO era de 1,53, es decir, que por cada 100 personas infectadas se contagiaban otras 150, y ese día se notificaron 40 muertes. El día de la suspensión, la RO era de 1,35 y se notificaron 20 muertes. Es cierto que el número de contagios era mucho más alto en enero que en diciembre, y también los ingresos hospitalarios. Pero eso era exactamente lo que habían vaticinado los expertos y el propio Gobierno, lo que no le impidió convocar las elecciones. Y ayer, la RO estaba por debajo de 1 (0,97).

Resultó muy sorprendente que se suspendieran los comicios por el agravamiento de la pandemia sin restringir al mismo tiempo actividades con igual o mayor riesgo de contagio, como ir a comprar en las rebajas. Si se puede ir a trabajar, al teatro, al colegio o a comer a un restaurante, debería poderse votar con seguridad. Y de hecho se puede. El equipo de Ismael Peña López, responsable de la logística electoral, está haciendo un excelente trabajo para garantizar la seguridad de los votantes y los miembros de las mesas durante la jornada de votaciones. Si se puede garantizar la seguridad de una cajera en un supermercado, se ha de poder asegurar también que los miembros de la mesa estén protegidos. Y en todo caso, hay dónde inspirarse: Portugal celebra este domingo sus elecciones pese a encontrarse en confinamiento total.

Si el empeoramiento de la pandemia ya estaba previsto, ¿qué había cambiado entre la convocatoria de elecciones y su suspensión? La irrupción de Salvador Illa como candidato del PSC y la posibilidad de un vuelco electoral. Al poco de anunciarse la candidatura, varias encuestas daban ya un empate técnico entre ERC y el PSC.

Cuando hay un cambio de tendencia en una fecha próxima a las elecciones, las encuestas suelen captar la ola, pero no su intensidad. La última, el sondeo preelectoral del CIS conocido esta semana, da a Illa como ganador y eso ha removido las aguas políticas porque confirma que hay corriente de fondo. Los datos no son todavía concluyentes pero hay indicios claros de que el escenario político puede cambiar. Y la ansiedad se ha adueñado de la precampaña, especialmente en el bloque independentista. El barómetro del CIS, basado en 4.000 encuestas, indica que la suma de ERC, Junts y la CUP se quedaría nueve décimas por debajo del 40% de los votos, diez puntos menos que lo que les atribuía el barómetro de diciembre del CEO. Este sondeo, publicado apenas tres días antes de la convocatoria electoral, daba al independentismo un 49% de los sufragios y la posibilidad de superar por primera vez el 50%.

La encuesta del CIS ha dado al traste con esa expectativa. La reacción de ERC ha sido sumarse de nuevo a la estrategia sobreactuada de Junts. Ambos han recurrido a la retórica victimista, con hipérboles y exageraciones evidentes, como que estamos ante un nuevo 155 encubierto o que los magistrados a los que les ha tocado dirimir de oficio sobre la suspensión de las elecciones forman parte de una conspiración del Estado contra Cataluña. Volvemos al discurso de trazo grueso. Y lo que es peor, a la tentación de deslegitimar las elecciones. Pero no es seguro que esta vez esa estrategia funcione. La ciudadanía sufre las consecuencias de la incompetencia y la parálisis gubernamental. Está muy cansada. El país no está para fuegos de artificio.