Un 15% de los trabajadores de las residencias rechaza vacunarse en Cataluña

Un 15% de los trabajadores de las residencias de ancianos de Cataluña rechaza ponerse la vacuna de la covid-19. Cinta Pascual, presidenta de Asociación de Recursos Asistenciales (ACRA), principal patronal del sector, reveló ayer la cifra que está en la media de toda España, donde en algunas comunidades superan esa cifra o no la alcanzan. Los empleados que se niegan a vacunarse aducen alergias, las consecuencias en el embarazo o directamente el miedo. Pascual apeló a la responsabilidad y a la ética de los trabajadores del sector para que se vacunen y generen inmunidad y no perjudiquen así a los residentes.

El sector de las residencias emplea a Cataluña a unos 40.000 trabajadores por lo que ese 15% implica que unos 6.000 se han negado por el momento —la primera etapa del proceso no ha acabado aún— a ponerse la vacuna. Salud cifró la semana pasada en un 5,7% de media el porcentaje de rechazo que había encontrado con la primera dosis de la vacuna entre la población de riesgo que está tratando, que comprende a los ancianos residentes, personal de residencia y sanitario y grandes dependientes. La resistencia que muestra el personal contrasta, sin embargo, con la postura de la mayoría de residentes. Un 95% de ellos ha accedido hasta ahora a ponerse la vacuna.

Salud espera acabar esta semana de poner la primera dosis —la segunda se aplica al cabo de 21 días— en todas las residencias aunque Pascual mostró dudas de que el calendario se pueda cumplir. Su esperanza es que los trabajadores que se han negado a recibir la primera dosis cambien de criterio y ese 85% se eleve al 95%. Es decir, que la aceptación de la vacuna se extienda hasta alcanzar la inmunidad de grupo.

La presidenta de la patronal admite que el 15% de rechazo le parece altísimo y que no alcanza a comprenderlo después de las durísimas situaciones que ha tenido que vivir el sector, castigado con una crudeza extrema por la covid que se ha cobrado la vida de en Cataluña de unos 8.000 residentes. Pascual preside también el Círculo Empresarial de Atención a las Personas (Ceaps), que gestiona 200.000 plazas de toda España. En algunas comunidades, se han puesto la vacuna el 90% de los trabajadores —lo que implica un 10% de rechazo— y en otras, el 80% —lo que representa un 20%—. Cataluña estaría en la franja media.

“No podemos trabajar en este sector sin vacunarnos. Si das positivo, tus contactos se tienen que aislar. Imaginen en los casos de demencia. Es una responsabilidad hacerlo”, afirmó. “Todo el mundo debería vacunarse”. En una entrevista en Catalunya Informació, Pascual avisó de que con esa conducta que puede comportar esos aislamientos se puede acabar haciendo “daño” a las personas que cuidan y quieren.

Pascual pone sobre la mesa el debate ético de si se puede trabajar en una residencia rechazando la vacuna con el riesgo que comporta a los residentes

Los trabajadores que rechazan la vacuna aducen normalmente tres razones para no aplicarse la vacuna Pfeizer: esgrimen alergias; el miedo o desconocimiento y el impacto en un posible embarazo. No hay ninguna contraindicación en la lactancia aunque sí se admite que no se ha probado previamente en demasiadas embarazadas. El 95% de la plantilla de las residencias está formada por mujeres. “Hay muchas que quieren quedarse embarazadas y tienen miedo. Consideran que la vacuna no ha sido probada suficientes veces. Y algunas han sufrido algún aborto y no desean correr riesgos”, cuenta Pascual. “Y yo les replico: ¿Más miedo que el que supone que vuelva a entrar la covid?”.

Al menos en el sector de las residencias, no ha pesado la corriente que rechaza de forma sistemática las vacunas. Salud no desglosó la semana pasada qué porcentaje de oposición había suscitado entre los sanitarios pero Pascual expresó la certeza que aún será mayor que el de las residencias, entre otras cosas, porque conoce la actitud de médicos y enfermeras enrolados en su sector. “Tenemos que trabajar con Salud para explicar que la vacuna es segura y necesaria y fundamental para seguir con nuestra actividad”, dijo.

Los responsables de los centros no pueden obligar a los trabajadores a vacunarse ni actuar laboralmente pero Pascual sí que quiso poner sobre la mesa el problema ético que suscita que un empleado o empleada no se quiera vacunar. “Éticamente pongo sobre la mesa si alguien, con todo lo que hemos pasado, puede ir tranquilo a trabajar así”, afirmó. Pascual pidió a Salud que empiece a vacunar también a los usuarios de los centros de día y que no deje para el final a las residencias con un caso de covid porque solo con la existencia de uno ya se le considera un brote. “Hay que vacunar a todo el mundo”, proclamó.