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Un juez condena al ICS por “negligencia” en la muerte de un paciente con infarto

La atención a Enrique Gheron en el hospital de Tarragona vulneró los protocolos

Jesús García Bueno
Protesta de médicos catalanes contra los recortes sanitarios impulsados por la consejería de Boi Ruiz.
Protesta de médicos catalanes contra los recortes sanitarios impulsados por la consejería de Boi Ruiz.C. RIBAS

Un juzgado ha condenado al Instituto Catalán de la Salud (ICS) a indemnizar a los familiares de un hombre que falleció por un infarto cardíaco tras una “actuación negligente” de los servicios de salud. El ICS, la empresa pública que gestiona ocho grandes hospitales y el 80% de la atención primaria, deberá pagar por el “deficiente funcionamiento” de sus servicios en la asistencia al farmacéutico Enrique Gheron. El hombre, que tenía 76 años, ingresó el 25 de diciembre de 2014 en el hospital Joan XXIII de Tarragona. Como la unidad de hemodinámica estaba cerrada, tuvo que ser trasladado al hospital de Bellvitge. Murió en la ambulancia, de camino.

La muerte de Gheron provocó cambios de calado en la asistencia sanitaria. El hospital de Tarragona —pero también los de Lleida o Girona— disponían hasta entonces de una unidad para atender infartos que estaba en servicio solo durante 12 horas. Después del incidente con el farmacéutico, el Departamento de Salud amplió ese servicio durante todo el día. Lo anunció el entonces consejero Boi Ruiz, responsable de algunos de los más importantes recortes en materia sanitaria sufridos tras la crisis económica.

Ahora, más de cinco años después de su muerte, la justicia ha dado la razón a la familia de Gheron, que interpuso una demanda a través del abogado José Aznar, miembro de la Plataforma Que No Pase +. Tras tomar declaración a diversos testigos —como el doctor que le atendió en urgencias o el responsable del servicio de hemodinámica del Joan XIII que aprobó su traslado a Bellvitge—, el juzgado de lo contencioso número 2 de Tarragona concluye que la familia debe ser indemnizada por negligencia.

La sentencia admite que existen discrepancias sobre la hora en que Gheron fue atendido y sometido a diversas pruebas, un dato importante porque el servicio para infartados cerraba entonces a las 20 horas. Pese a esa “controversia”, queda claro que se produjo una “falta de asistencia injustificada” a Gheron y que éste fue víctima de una “grave negligencia” fruto de un “funcionamiento anormal de los servicios sanitarios”.

La batalla fue jurídica, y también entre peritos. El del ICS defendió que no pudo activarse antes el “código infarto” porque los síntomas iniciales, teniendo en cuenta el historial de Gheron, no eran determinantes. El de la familia contrapuso que, tras el primer electrocardiograma, había ya “datos suficientes” para trasladarle a la unidad. El “código infarto” es un protocolo de la Generalitat para “reducir el tiempo de respuesta” del sistema en caso de infarto agudo de miocardio.

El juez ha examinado ese y otros protocolos —incluidos los de la Sociedad Catalana de Cardiología y el del propio Hospital Joan XXIII— y ha llegado a la conclusión de que se incumplieron. “Al menos desde las 19.34 horas”, recoge la sentencia, el paciente “debió ser derivado a la unidad de hemodinámica” del hospital tarraconense, y eso “sin necesidad de esperar a los resultados de analíticas u otras pruebas”.

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El cardiólogo no fue avisado hasta pasados diez minutos de las 20.00, una actuación que fue “aún más negligente” ya que, desde esa hora, la unidad estaba cerrada. Al tener que ser trasladado a Bellvitge, a más de una hora en ambulancia, se excedieron los tiempos de actuación previstos. Los protocolos, además, indican que cualquier paciente que llega a urgencias antes de las 20.00 debe ser tratado, lo que “en modo alguno implica el cierre” de la unidad a esa hora. Los profesionales sanitarios, concluye el fallo, “no usaron los medios de los que disponían para salvar la vida” de Gheron.

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Sobre la firma

Jesús García Bueno
Periodista especializado en información judicial. Ha desarrollado su carrera en la redacción de Barcelona, donde ha cubierto escándalos de corrupción y el procés. Licenciado por la UAB, ha sido profesor universitario. Ha colaborado en el programa 'Salvados' y como investigador en el documental '800 metros' de Netflix, sobre los atentados del 17-A.

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