Junts y Esquerra blindan su modelo de TV3 sin consenso

El último pleno de la legislatura del Parlament debatirá y aprobará este viernes una resolución de Junts y Esquerra que blinda la filosofía y el espíritu de TV3 para los próximos años. La iniciativa parlamentaria supone la aprobación de un nuevo Mandato marco del sistema público audiovisual de Cataluña, que se debería haber producido hace varios años. El texto vigente es 2010, en la época del Tripartito, nació de un amplio consenso político y expiró en febrero de 2018. Desde entonces, el independentismo ha sido capaz de pactar un nuevo documento, que ahora se aprueba a toda prisa y sin consenso.

El Mandato marco que rige en la actualidad fue aprobado el 11 de febrero de 2010 por el Parlament con 115 votos a favor y la única oposición de PP y Ciudadanos. Tenía una vigencia de seis años, con la posibilidad que se prorrogase dos más, pero había caído en el olvido hasta que Junts y Esquerra han acordado renovarlo ahora por la vía de urgencia. Este documento establece las directrices de actuación del sistema público audiovisual catalán que después se despliegan en diferentes contratos programa que se firman con la administración de referencia. En el caso TV3 y Catalunya Ràdio, el contrato programa lo han de suscribir la Generalitat y la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y ha de servir, entre otras cosas, para asegurar una financiación estable y saneada a los medios públicos.

El único contrato programa de este tipo firmado es del período 2006-2009, también en la época del Tripartito. Años después se redactó otro para el período 2013-2016, con Artur Mas en la Generalitat, pero que nunca aprobó el Govern y posteriormente hubo un nuevo proyecto para el 2017-2020 que tampoco vio la luz, según fuentes del comité de empresa.

La resolución que apruebe el Parlament el próximo viernes es el primer paso para abordar el tema desde el inicio de la próxima legislatura, en que también habrá de renovarse la CCMA. Así se desprende del redactado del penúltimo artículo de la resolución que se aprobará el viernes, en el que se asegura que el Govern “en el plazo más breve posible” ha de elaborar la propuesta del nuevo contrato programa para someterlo a información pública. La iniciativa parlamentaria del independentismo coincide con una etapa en la que los medios públicos de la Generalitat están cuestionados por una parte de la sociedad y de los partidos catalanes a causa de la deriva ideológica de los últimos años.

Alternativa del PSC

El PSC es el único grupo que ha presentado una resolución alternativa al Mandato marco que impulsan Junts y Esquerra. En ese texto se aboga por un “periodismo ético y crítico, con el fin de garantizar a la ciudadanía una información veraz, rigurosa y contrastada”. Los socialistas también insisten en que “la comunicación audiovisual pública ha de diferenciar la opinión y la información” y que los programas informativos se elaborarán “con el deber de diligencia en la comprobación de la veracidad de los hechos”, así como con la “precisión en la información y las imágenes”. También insiste mucho en la necesidad de que los profesionales de los medios garanticen el pluralismo político, actúen con imparcialidad y neutralidad y respeten el libro de estilo y las normas deontológicas de la profesión.

La resolución independentista no entra al detalle en esas cuestiones y se centra en otros principios. Así, por ejemplo, asegura que “los operadores públicos dependientes de la Generalitat habrán de promover el refuerzo de la identidad nacional, como proceso integrador en evolución constante y abierto a la diversidad”. También se asegura que la radio y la televisión pública han de desarrollar la función de formación que tienen encomendada “y la difusión y la divulgación del conocimiento sobre los principales acontecimientos político, sociales, económicos, científicos y deportivos de la sociedad catalana y de su historia, preservando de una manera especial la memoria histórica y los materiales de los testimonios”.