El cártel que departía en el Celler de Can Roca

Cuatro grupos, cuatro familias, sentados en una mesa a lo grande en el Celler de Can Roca. “No era solo para cerrar un negocio, también iban a celebrar”, explica un subinspector de los Mossos. Un entorno “más amigable” donde favorecer la “buena sintonía” que requieren los business, al que acudieron en un par de ocasiones. Los agentes también les vieron reunirse en otros restaurantes y hoteles de lujo. Allí los empresarios habían pasado de hablar de inmuebles y construcciones a departir sobre marihuana. La policía les siguió los pasos hasta que en junio actuó contra el cártel, sin antecedentes, a los que acusa de dar el salto al lucrativo mundo del tráfico de cannabis.

“En base a la situación que se encuentran, de poca solvencia, ven en la marihuana una posibilidad de prosperar de forma rápida”, cuenta el subinspector, jefe del área de delitos económicos de los Mossos. Probablemente, indica, ya conocían a personas del mundo de la marihuana, y con ellas, valiéndose de sus entramados legales de constructoras, promotoras, empresas de estética o de restauración, pasaron al otro lado de la ley. “Como mínimo, llevaban 3 o 4 años dedicados de forma intensa al cultivo de marihuana”, afirma el subinspector. De los 27 detenidos, los 9 supuestos cabecillas de cuatro familias ingresaron en prisión preventiva.

Las familias, indican los Mossos, tenían cada una su negocio, pero podían compartir proveedores, terrenos e incluso compras del material necesario para una plantación (ventiladores, iluminación, sistema de regadío…). Calculan que los cuatro grupos tenían una capacidad de producir marihuana por valor de seis millones de euros al año, con un beneficio de tres. Y con lo que ganaban podían comer y celebrar en los mejores restaurantes y hoteles, y conducir los mejores coches, como el Aston Martin intervenido que los Mossos han pedido a la juez usar policialmente.

La investigación nace de un caso anterior de falsificación de euros, al que llamaron Mostar, una ciudad de Bosnia y Herzegovina, donde una parte del grupo se dedicaba también a asaltar a narcotraficantes. Una de las víctimas a la que planteaban asaltar —un vuelco en argot policial— resultó ser luego miembro del clan Egara, como se hacían llamar parte de los empresarios del cártel detenidos. Así nació el caso Neretva, en honor al río que pasa por Mostar.

En total, los Mossos intervinieron una veintena de empresas, que sospechan que se usaban para blanquear dinero, y más de 40 inmuebles, valorados en 10 millones. Solo uno de los arrestados compró en un mismo año cinco inmuebles. “¿Quién tiene esa capacidad?”, razona el investigador. Los Mossos destaparon también un “sistema de pago de servicios simulados” que no se hacían, con facturas falsas. “Vemos in situ cómo el dinero se entregaba en sobres y en efectivo”, añade.

También apuntan al blanqueo a través de la compra de inmuebles, de coches de alta gama (intervinieron 18 en total, valorados en medio millón) o la inyección de dinero a sus empresas legales. Los Mossos han estudiado el patrimonio de los detenidos, en una retrospectiva de tres o cuatro años para demostrar el enriquecimiento ilícito. “Supone mucho trabajo”, explica el subinspector, que dirige un área donde además de policías, algunos tienen también estudios relacionados con la economía.

Las plantaciones las cultivaban en casas, a cuatro vientos. “Buscaban ubicaciones aisladas para dificultar la localización”, explica el subinspector, sin vecinos que pudiesen escuchar ruidos y denunciasen a la policía. Algunas de las viviendas eran alquiladas, y otras, las compraban. La droga viajaba a Francia y Holanda, según la policía catalana, aunque también contaban con una asociación cannábica como cliente, contra la que no han actuado. En su intervención, los Mossos registraron 42 inmuebles y desmantelaron 16 plantaciones. También hallaron material valorado en 1,5 millones, y 186.000 euros en metálico.

Buena parte de los detenidos en la operación policial que los Mossos d’Esquadra llevaron a cabo por orden del juzgado de instrucción 4 de Terrassa el pasado 26 de junio son de municipios de la zona. Para ese entonces, Miquel Sàmper era uno de los penalistas más prestigiosos del lugar, y se hizo cargo de la defensa de algunos de los acusados de cultivar y traficar con marihuana. Nada sabía entonces de que unos meses después, en septiembre, el presidente Quim Torra le nombraría consejero del Interior en sustitución de Miquel Buch. Fuentes de Interior aseguran que Sàmper dio el traslado del caso a los nuevos abogados, como ocurre cuando jueces u otros profesionales asumen un cargo político.