Cataluña trata de paralizar desahucios con un decreto que no vincula a los jueces

El Govern ha aprobado este martes un decreto con el que pretende reducir los desahucios que los grandes propietarios de vivienda exigen para personas y familias vulnerables, una situación que ha aumentado a causa de la crisis dejada por la crisis sanitaria. La norma, a la espera de conocer todo el articulado, ha sido recibida con escepticismo desde plataformas como el Sindicato de Inquilinos o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), al considerar que la decisión seguirá dependiendo de los jueces. “Si no hay una cobertura de la norma procesal para hacerlo, no podremos seguir este camino”, avisó la juez decana de Barcelona, Mercè Caso, en referencia a las competencias estatales.

El Ejecutivo autonómico ha salido de su reunión semanal con una batería de medidas económicas para paliar los efectos de la crisis económica derivada de la pandemia concentrada en cuatro decretos ley. Ayudas económicas a diferentes colectivos, exenciones en el IRPF para trabajadores que hayan cobrado subsidios por estar en ERTE (regulación temporal de empleo) y, quizás la medida más atractiva, un nuevo decreto con el que frenar los desahucios existentes en Cataluña, agravados por el golpe que la covid ha dado a muchas familias incapaces de pagar los alquileres de sus viviendas.

La nueva norma, que completa la ley 24/2015 de medidas urgentes en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética y un decreto aprobado el pasado año que también trataba de frenar los desahucios de personas y familias vulnerables que residen en propiedades de grandes propietarios (aquellos que tienen a partir de 15 pisos), obliga ahora a los arrendadores a “acreditar” que se ha ofrecido al inquilino un alquiler social antes de iniciar el desalojo. El problema, no obstante, es lo que sucederá en los juzgados, ya que hasta ahora los jueces evitaban frenar los desahucios. El Departamento de Territorio, que ha elaborado la ley junto a Justicia, defiende que el decreto, a diferencia del anterior, hace un “mandato explícito” a los jueces para que durante el estado de alarma frenen los desahucios si no se ha ofrecido un alquiler social, mientras que antes establecía solo “la obligatoriedad” de que los grandes propietarios hicieran esa oferta.

La juez decana de Barcelona, Mercè Caso, explica que el decreto no es vinculante para los jueces porque las competencias en esa materia son del Gobierno central y no de la Generalitat. “Si no hay una cobertura de la norma procesal para hacerlo, no podremos seguir este camino”, afirma en una conversación con EL PAÍS sobre el decreto para frenar los desahucios. La decana incide en que los jueces no son “los malos de la película” y que, en general, aplauden las iniciativas para evitar el desahucio de las personas vulnerables. Pero subraya que no pueden adoptar decisiones de forma arbitraria sino “cumplir la norma procesal”. Caso ve con buenos ojos el decreto del Govern “si sirve para incentivar un cambio” en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. “Ojalá el Estado siga esta línea, como ya pasó durante el confinamiento”, agrega.

“La Generalitat está mareando un poco la perdiz porque no tiene la competencia, porque quien tiene el botón es el Estado”, coincidía en cierta manera con Caso Marta Ill, del Sindicato de Inquilinos. “Tanto la Generalitat como los Ayuntamientos tendrían que imponer sanciones y eso es complejo”, afirmaba la activista. Satisfecho con que la Generalitat desarrolle una ley que salió del mandato popular, Santi Mas de Xaxàs, de la PAH, asumía que la paralización de los lanzamientos depende actualmente “de la interpretación de los jueces”.

Todo el mundo estudiaba el decreto. También el Ayuntamiento de Barcelona, que impuso la teoría de los hechos. “Tenemos conocimiento de 15 órdenes de ejecución de desahucios a familias vulnerables previstos para mañana [por este martes]. Esperamos que no se produzcan”, afirmaron fuentes municipales.

2.000 euros para autónomos

La Generalitat ya aprobó durante la primera oleada de covid, que supuso el confinamiento domiciliario en toda España, una medida para los autónomos. Ahora la iniciativa es parecida, pero no está afectada por escalados en función de la caída de ingresos (será una percepción fija siempre de 2.000 euros) y no impedirá que se perciba de forma complementaria a otras medidas impulsadas por otros departamentos, como sería el caso de las previstas por el Departamento de Empresa para el sector del comercio.

De hecho, el Govern anunció un fondo de 300 millones de euros (dentro del que se articula esta propuesta) para atender los efectos de las últimas medidas adoptadas de distanciamiento social, que han llevado a cerrar bares y restaurantes y otros centros de ocio. La norma ha sido criticada por los sindicatos, que consideran que además de insuficiente en su cuantía carece de concertación con los agentes sociales y, sobre todo, de unidad entre las diferentes consejerías.