MERCADO DE ALQUILER DE VIVIENDAS

La nueva regulación de los precios frena el mercado del alquiler en Cataluña

Agencias y propietarios confían en que el Gobierno central recurra la norma tras el parón en el sector

Una mujer pasea delante de una agencia inmobiliaria en el barrio del Eixample en Barcelona.
Una mujer pasea delante de una agencia inmobiliaria en el barrio del Eixample en Barcelona.MASSIMILIANO MINOCRI / EL PAÍS

La Ley que regula el precio de los alquileres en 60 municipios de Cataluña, ha provocado un frenazo en el mercado de alquiler, aseguran los profesionales y colegios del sector. La ley entró en vigor el 22 de septiembre, justo cuando el mercado comenzaba a animarse tras el estado de alarma, la moratoria en la renovación de contratos que acababa hace unas semanas y el fin de las vacaciones. Agencias y propietarios confían en que el Gobierno central recurra la norma y, mientras, han llegado a retirar anuncios, con la esperanza de que acabe impugnada y tumbada. El Sindicato de Inquilinos denuncia que las inmobiliarias la incumplen.

Tendrá que pasar un mes entero hasta poder cuantificar el impacto de la ley, que a la práctica congela e incluso rebaja el precio de los alquileres, explican las fuentes oficiales, como el departamento de Territorio de la Generalitat o la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona. Pero las impresiones de los diez primeros días apuntan a un parón.

El gerente de la Cámara, Òscar Gorgues, resume así la situación: “Los propietarios se retraen porque quieren tener toda la información y saber qué acaba pasando… y la actividad ha caído en picado”. Es muy crítico con una norma que “convierte el índice oficial de precios de orientativo a obligatorio” y cambia las reglas de buena parte del mercado.

Gorgues repasa, además, que se suma a otras modificaciones normativas o situaciones que viven los propietarios: “El sector inmobiliario está sufriendo renuncias de contratos de estudiantes por la covid, ocupaciones, tiene miedo a la morosidad, los tribunales están saturados, se han incrementado los costes fiscales, los grandes tenedores [más de 15 viviendas] tienen que hacer contratos sociales si los inquilinos no pueden pagar, se han alargado los contratos de cinco a siete años, se ha impedido la petición de avales a los inquilinos… y ahora la regulación”. El gerente asegura que hay propietarios que han puesto sus pisos en venta y que los inversores valoran mercados alternativos al del alquiler.

El presidente del Consejo de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria en Cataluña, Joan Company, asegura que el sector está “desconcertado”. Entiende que la ley “se hizo de forma rápida y forzada y ha entrado en vigor de forma inmediata” y alerta de que su afectación, en 60 municipios, abarca a más de medio millón de contratos. Company explica que están impartiendo sesiones formativas a los colegiados. Y a los propietarios: “Les ha pillado por sorpresa”.

El máximo representante de los APIS admite que “confiaban” que tras el Consejo de Ministros del martes pasado se anunciara una impugnación. “Si no recurre el Gobierno y lo hacen el PP o Ciudadanos, la ley puede estar vigente dos años hasta que se resuelva”, lamenta. También observa “un parón, entre propietarios que esperan y otros que se plantean vender sus pisos”.

La abogada del Colegio de APIS de Barcelona (COAPI) y de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña (ACIC), Montserrat Junyent, también habla de un “mercado convulso y frenado”. “La gente está a la expectativa de qué pasa, si se aplica, si se impugna, hay propietarios desconcertados que retiran la oferta, o se los venden, o inversores que se van de las ciudades afectadas”, coincide con el resto de consultados. “Nadie cuestiona que hay procurar el acceso a la vivienda de todo el mundo, pero es un grave error pensar que con una ley así, que es un agravio para los propietarios, se resolverá”, concluye.

Bajando a la calle, en las inmobiliarias es fácil comprobar también como algunos agentes esperan que la ley sea recurrida. “Estamos pendientes de que la tumben”, manifestaba esta semana Guillermo Loscos, desde una agencia de la Travessera de Gràcia. “No es una buena ley, a los profesionales no nos gustan las subidas fuertes. La contención de precios está bien, pero no puede ser artificial”, se quejaba. En la inmobiliaria Punto Habitat de la calle de Indústria, la comercial Yaritza Canales, explicaba que les ha llegado algún inquilino “muy enterado que pide rebajas de acuerdo al índice y también propietarios que han retirado sus anuncios”.

Desde Forcadell, el director del departamento de administración de alquileres, Alex Vázquez, explica que centran sus esfuerzos en “hacer pedagogía entre los propietarios, hacerles entender que las reglas han cambiado, y que pueden estar o no de acuerdo, pero que la ley debe cumplirse”. Algunos, afirma, “han cerrado sus pisos a la espera”.

La inmensa mayoría de los anuncios de pisos en alquiler (en los escaparates de las agencias o en portales inmobiliarios) no muestran el precio del índice oficial de la Generalitat, como obliga la Ley. No lo hacen agencias con muchos locales como Tecnocasa, desde donde responden que se están “adaptando a la ley”, o el portal más utilizado, Idealista. Fuentes de esta web responden que “la responsabilidad de mostrar los valores del índice recae sobre el anunciante y no sobre la plataforma” y que el portal ha adaptado los procesos “para que todos los anunciantes afectados puedan incluirlo”. Las multas contempladas son de hasta 9.000 euros. Desde el Sindicato de Inquilinos, impulsor de la Ley, su portavoz, Jaime Palomera denuncia que “por regla general, las inmobiliarias la están incumpliendo”. “La práctica totalidad de los anuncios son ilegales porque no contienen informaciones obligatorias: el precio del anterior contrato y el precio según el índice”. “Es irónico que quienes siempre se quejan de que no hay que generar “inseguridad jurídica” la estén promoviendo con prácticas propias de piratas y estafadores”, lamenta.

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