El Constitucional convoca un pleno extraordinario el día 6 para estudiar el recurso de Torra

La condena por un delito de desobediencia es firme y se ha ejecutado: Quim Torra ya no es, desde el lunes por la tarde, presidente de la Generalitat. Pero la vía judicial para recuperar el cargo no se ha agotado. La defensa del expresident ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, al que pide que suspenda de forma “urgente” su inhabilitación mientras decide sobre el fondo del asunto: aclarar si se vulneraron sus derechos fundamentales durante el proceso penal y si, en consecuencia, debe ser restablecido en la presidencia.

El Constitucional ya ha respondido y va a celebrar un pleno extraordinario la semana que viene, el día 6 de octubre, para estudiar el recurso. Como en el recurso se solicita una medida cautelarísima consistente en la suspensión inmediata de dicha condena este pleno se convoca de urgencia, que en todo caso no impide que la sentencia del Supremo, confirmando la dictada inicialmente por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, haya comenzado a ejecutarse, una vez notificada ayer a Torra, con efectos inmediatos.

La petición de medidas cautelares de Torra tiene pocas posibilidades de prosperar, por más que su abogado, Gonzalo Boye, se haya esforzado en buscar precedentes. Recuerda que el Tribunal Constitucional suspendió la ejecución de la pena en dos casos de inhabilitación -uno resuelto en 1992, el otro en 2004- que afectaban a cargos públicos del PSOE. Y cree que lo que valió para ellos vale también para Torra. La sentencia del Tribunal Supremo “ha producido ya enormes perjuicios que son de imposible reparación”. Aún hay tiempo de rectificar, añade el abogado, que pide la “urgente suspensión cautelar” de la resolución.

Ejecutar ya la condena de un año y medio de inhabilitación contra Torra, subraya la defensa, no solo supone la pérdida definitiva del cargo de presidente de la Generalitat” para él sino que también implica “el cese de todo el Govern". El abogado relata en su escrito que la crisis institucional en Cataluña estallaría así “en un momento de alta complejidad de la crisis económica y sanitaria”.

Torra denuncia la “inusitada celeridad” del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) -el órgano que le juzgó y le condenó en primera instancia- a la hora de ejecutar la sentencia definitiva dictada por el Tribunal Supremo. El lapso entre lo uno y lo otro fue de apenas “unos minutos”, denuncia Boye en un recurso de 438 que contiene algún argumento nuevo pero que reproduce, en su mayoría, los que ya empleó sin éxito para acudir en casación al Supremo. Torra denuncia la vulneración de derechos fundamentales (proceso con todas las garantías, libertad de expresión, igualdad ante la ley, entre otros) y pide al Constitucional que “restablezca” a Torra “en sus cargos de presidente de la Generalitat y de diputado en el Parlament”.

Europa y las minorías nacionales

El escrito es una crítica general a la justicia española y al Estado, al que acusa de cometer un “fraude constitucional” para “corregir la acción política” de Torra con el “objetivo claro de derrocar al Gobierno de la Generalitat” por “medios no democráticos y solo aparentemente legales”. Boye denuncia que el Supremo está utilizando el delito de desobediencia “con carácter prácticamente exclusivo con los representantes de las minorías nacionales vasca o catalana”. Y acusa al Estado de practicar “una suerte de política colonial” contra esas minorías para “perseguir la disidencia política”.

El lunes, en una entrevista en TV-3 tras conocer la sentencia, Boye dio por hecho que no hay nada que hacer en el Constitucional. “Como suele hacer con todo lo del procés -parar el balón, retrasarlo mucho- seguramente desestimarán el recurso e iremos a Estrasburgo”, afirmó. En el escrito, en cambio, muestra una ligera esperanza: cree que la vulneración de derechos se probará tarde o temprano. “Creemos que no es necesario esperar a la intervención de los tribunales europeos”, pide al Constitucional. En su discurso de despedida en el Palau de la Generalitat, Torra también cree que su punto final está en Europa, que “hará justicia” a los independentistas y a él mismo. Este martes, ya como expresidente y tras una visita a la cárcel de Lledoners -donde permanecen los líderes independentistas condenados por el procés- lo ha reiterado: “Es un paso que damos para tener la batalla que queremos tener, estoy seguro de que Europa será favorable”.

El recurso contiene más de 50 alusiones al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) con sede en Estrasburgo, estación final en el caso de que, como es previsible, el Constitucional rechace las pretensiones de Torra. El abogado denuncia vulneraciones de derechos fundamentales de la Constitución, pero también otros recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Para el caso de que no le den la razón, la defensa pide al Tribunal Constitucional que plantee hasta cinco cuestiones prejudiciales relacionadas con el caso: por ejemplo, sobre la imparcialidad de los jueces o de los miembros de la Junta Electoral Central (JEC) que impulsaron la denuncia contra el expresidente catalán.